Condenan a Cerisola y otros exfuncionarios de la UNT por delitos de corrupción con fondos de la minería

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó este martes al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, a tres años y seis meses de prisión efectiva, por graves delitos vinculados al manejo irregular de fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El fallo también dispuso su inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos.

El veredicto, dictado este martes por unanimidad por los jueces Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, marca un antes y un después en la historia de la UNT. Cerisola fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio de la administración pública, en un proceso que expuso el desvío de millonarios recursos destinados a obras universitarias.

Junto a Cerisola también fueron condenados Olga Graciela Cudmani, exdirectora de Construcciones Universitarias, a tres años y dos meses de prisión, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; y Osvaldo Venturino, exdirector de Contrataciones e Inversiones, a dos años de prisión en suspenso, con las mismas inhabilitaciones.

Por otro lado, el exsubsecretario administrativo de la UNT y exdiputado nacional Luis Fernando Sacca fue absuelto por el beneficio de la duda. Su defensa había solicitado la prescripción de la acción penal, planteo que fue rechazado por el tribunal, al igual que los pedidos de nulidad interpuestos por las defensas de Cerisola y Cudmani.

Devolución millonaria y decomiso

El tribunal también ordenó el decomiso de los efectos del delito y condenó a Cerisola y Cudmani a pagar de forma solidaria la suma de $39.277.366,08, en concepto de sobreprecios en obras ejecutadas durante sus gestiones. La cifra será actualizada por IPC desde octubre de 2012 hasta el pago efectivo.

Además, Cudmani y Venturino deberán abonar otros $717.000,66, correspondientes a una readecuación financiera irregular de una obra específica.

Pese a la dureza de las penas, el tribunal resolvió no hacer lugar a la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Sin embargo, se mantendrán las restricciones y medidas patrimoniales, como el embargo e inhibición general de bienes de los condenados.

El trasfondo: la universidad en el banquillo

La causa puso bajo la lupa el destino de los millonarios fondos que la UNT recibe como parte de las utilidades de YMAD, una empresa minera integrada por el Estado nacional, la UNT y la provincia de Catamarca. El uso discrecional y la falta de control en la ejecución de obras fueron eje central del juicio, que dejó en evidencia una trama de corrupción que incluyó lo que se denominó como el “robo de la Ciudad Universitaria”.

La investigación se inició en 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Oscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de YMAD, a partir de la transferencia una suma multimillonaria que debía destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

Sin embargo, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos. En enero de 2008, Cerisola firmó el acta que oficializó la medida y abrió la puerta a un esquema especial de contrataciones que, según los investigadores, se apartó de la Ley de Obras Públicas.

Durante su gestión, resoluciones rectorales alteraron la carta orgánica de Construcciones Universitarias y habilitaron ese régimen especial para administrar esas obras. Con ese esquema se ejecutaron 13 proyectos que fueron analizados pormenorizadamente durante el juicio que concluyó este martes con las duras condenas a Cerisola y otros exfuncionarios.

El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Pablo Camuña, expuso durante el debate que se montó un sistema discrecional y fraudulento, mientras que las defensas replicaron que todo se hizo con dictámenes jurídicos, controles internos y dentro de la autonomía universitaria. El TOF coincidió con esa apreciación y dictó una sentencia ejemplificadora, que podría sentar un precedente en otras investigaciones vinculadas a la administración de recursos públicos en el ámbito universitario.