La Justicia Federal citó a declarar como imputados al exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis "Pato" Campos, y a su esposa, la legisladora peronista Sandra Figueroa, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y a la administración irregular de fondos públicos.
Tendencia de Noticias, pudo confirmar que las indagatorias comenzarán este miércoles con otros implicados, y culminarán el viernes con la comparecencia de la pareja.
Según el cronograma dispuesto por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal Rafael Vehils Ruiz, este miércoles, a partir de las 8.30, deberán presentarse a declarar el exsecretario de Hacienda, José Roldán, el exconcejal Albano Loru, y el exfuncionario de Desarrollo Social Pablo “Maceta” Barrionuevo. En tanto, el jueves será el turno de Roque "Chipi" Giménez, empresario señalado como una figura central en el entramado, quien deberá comparecer ante el juez Díaz Vélez desde las 9 horas.
Finalmente, el próximo viernes, a las 8.30, deberán presentarse en el Juzgado Federal N° 1, ubicado en calle Congreso y Las Piedras, el exintendente Campos y la legisladora Figueroa, según la notificación a la que tuvo acceso TDN.
Por otro lado, el gremialista José "Cucha Mota" Funez, quien denunció las irregularidades, fue citado como testigo y no será indagado junto a los demás.
El fiscal Vehils Ruiz sostuvo que hay elementos suficientes para avanzar en la causa, que se originó en los primeros días de junio, tras la viralización de un audio en el que Campos mantenía una conversación con Giménez, donde sugería posibles vínculos con redes de narcotráfico y desvío de fondos públicos. Esa grabación desató un escándalo que derivó en la intervención del Municipio y del Concejo Deliberante de Alberdi por orden del gobernador Osvaldo Jaldo, el 9 de junio. Semanas más tarde, el titular del Poder Ejecutivo convocó a elecciones extraordinarias para el 26 de octubre a los fines de que los alberdianos elijan nuevo intendente y 10 concejales.
Una red bajo la lupa
La investigación apunta a un esquema en el que fondos provenientes de la venta de drogas habrían sido blanqueados mediante contratos de obras públicas, alquileres y emprendimientos comerciales. Entre ellos figuran una imprenta presuntamente vinculada a la familia del exsecretario de Hacienda José Roldán, y la firma Giménez Consulting Group, que habría recibido más de $500 millones por proyectos inconclusos o inexistentes.
Si bien la legisladora Figueroa cuenta con inmunidad parlamentaria, está obligada a comparecer. En caso de que el juez decida procesarla, deberá solicitar a la Legislatura tucumana el retiro de sus fueros. Su citación como imputada marca un punto crítico en una causa que ya dejó como saldo varios funcionarios detenidos en el fuero provincial por el presunto delito de asociación ilícita.
En efecto, la fiscal provincial Mónica García de Targa logró que se dictara prisión preventiva para Giménez, Roldán, Barrionuevo y Loru. Posteriormente, debido a la gravedad de las sospechas —entre ellas, posibles vínculos con una red narco—, el expediente fue remitido a la Justicia Federal.
El viernes, con la indagatoria a Campos y Figueroa, el caso entrará en una nueva etapa, en la que la Justicia buscará definir responsabilidades en una trama que mezcla corrupción, narcotráfico y poder político.