Corrupción, sobreprecios y una obra inconclusa: este martes habrá sentencia en la causa YMAD

Luego de 13 meses de debate oral y público, este martes 26 de agosto se conocerá el veredicto del juicio conocido como “el robo de la Ciudad Universitaria”, que involucra a exautoridades de la UNT por supuestas maniobras delictivas con fondos públicos.

Los jueces Jorge Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF), escucharán las últimas palabras de los cuatro imputados antes de anunciar la sentencia. Están acusados el exrector Juan Alberto Cerisola, la exdirectora de Construcciones Universitarias Olga Cudmani, el exsubsecretario administrativo y exdiputado nacional Luis Sacca, y el exdirector de Contrataciones e Inversiones Osvaldo Venturino.

La investigación se centra en el uso de las utilidades que la UNT recibió por su participación en la empresa minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Según la Fiscalía, entre 2006 y 2011 se habrían cometido múltiples delitos, incluyendo el pago de sobreprecios en obras públicas, colocaciones financieras irregulares y el abandono del proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier (foto).

Lo que pide la Fiscalía

El fiscal federal Pablo Camuña solicitó:

•   6 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cerisola, por fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes.

•   4 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cudmani, por los mismos delitos.

•     2 años de prisión condicional e inhabilitación para Venturino y Sacca, por su rol en las contrataciones y colocaciones financieras.

Además, el Ministerio Público Fiscal pidió la devolución de más de $55.000 millones por el presunto perjuicio económico causado a la universidad. En ese cálculo, se atribuyen $19.257 millones a Cerisola, $4.910 millones a Cudmani, $32.000 millones a Venturino y $250 millones a Sacca.

Camuña describió la existencia de un "esquema de corrupción estructural" en el manejo de las regalías mineras. También se solicitó la revocación de las excarcelaciones de Cerisola y Cudmani y la aplicación de prisión domiciliaria por razones de salud.

 

Qué dijo la defensa

Al hacer uso de su defensa en juicio, el exrector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, sostuvo que no causó “ningún daño patrimonial a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)” en el marco de la causa. A través de sus defensoras Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, el exfuncionario universitario aseguró que las imputaciones en su contra “carecen de fundamento jurídico y probatorio ya que el proceso ha estado viciado por un ‘juicio paralelo’ impulsado desde la fiscalía y por la prensa”.

La defensa solicitó la absolución de Cerisola, con el argumento de que nunca fue formalmente acusado ni intimado por delitos de corrupción durante su gestión, y que todas las pruebas presentadas demuestran su inocencia.

“Cerisola no fue intimado por hechos que encuadran el delito de corrupción ni en la indagatoria de 2016 ni en el requerimiento de elevación a juicio. La palabra corrupción apareció como una novedad de los acusadores al momento de la apertura del debate, sin que la fiscalía solicitara formalmente una ampliación de la acusación durante el juicio, lo cual es una violación del derecho a la defensa”, advirtieron desde la defensa.

“Queremos que se sepa la verdad”

 

Al ser consultado este lunes sobre la inminente resolución judicial en la causa YMAD, en la que la UNT es querellante, el rector de la casa de altos estudios, Sergio Pagani, se mostró prudente. “Nosotros esperamos una sentencia de la Justicia. Hace tiempo que estamos en estas circunstancias y lo que queremos es que se sepa la verdad”, dijo en rueda de prensa.

Cuando le preguntaron si considera que hubo corrupción y desvío de fondos, el representante académico respondió con la misma cautela. “Eso lo dirá la Justicia mañana. No seguí de cerca el juicio, y será el Consejo Superior el que emita una opinión una vez que tengamos la sentencia”, agregó.

No obstante, destacó los avances de su gestión en materia de transparencia. “Estos años, junto con la vicerrectora, hemos avanzado mucho en ese aspecto. La universidad cambió en ese sentido y probablemente se siente un precedente no solo para nuestra institución, sino para todas las instituciones públicas del país”.

Impacto institucional

La causa se inició a partir de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal, en 2010, por supuestos sobreprecios en 13 obras menores realizadas en distintas facultades. Esas obras reemplazaron el ambicioso proyecto de la Ciudad Universitaria, que nunca se concretó.

Durante el juicio declararon más de 50 testigos. El veredicto que se conocerá este martes podría marcar un precedente en la justicia federal del NOA, en relación con el control del uso de fondos públicos en instituciones académicas.