La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, presidida por el senador Flavio Fama (Catamarca) reinició el abordaje un tema de vital importancia para el interior productivo: la modificación de la Ley de Biocombustibles 27.640. El debate se centró en dos proyectos de ley que buscan aumentar el porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol y biodiésel en las naftas y el gasoil, impulsados principalmente por las senadoras Alejandra Vigo (Córdoba) y Beatriz Ávila (Tucumán). La discusión, caracterizada por la búsqueda de un marco normativo "estable, previsible y sustentable", expuso la dicotomía entre el impulso al federalismo económico y las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los costos.
Vigo introdujo la agenda señalando que la intención es "profundizar sobre la promoción y facilitar las exportaciones del biocombustible", además de establecer metodologías para fijar precios a través de "licitaciones periódicas". Hizo hincapié en la necesidad de modernizar la legislación, detallando la ampliación de la definición de biocombustible para incluir sustancias producidas a partir de materias primas biológicas, agrícolas, ganaderas, forestales, agroindustriales, derivadas de desechos orgánicos y biomásicas.
La "Vaca Viva" Argentina
La propuesta central de los proyectos radica en aumentar progresivamente el corte obligatorio. El proyecto de la senadora Vigo, trabajado junto a los representantes de los sectores involucrados, establece un cronograma gradual para el biodiésel, buscando alcanzar el 15% de corte para julio de 2028. La tucumana Ávila, autora de uno de los textos, si bien reconoció la labor del sector, propuso un salto más abrupto, al 18% y de manera inmediata.
Las voces de las provincias productoras resonaron con fuerza, destacando los beneficios socioeconómicos de la industria. Ávila (foto inferior) enfatizó que el bioetanol "ya se ha consolidado como uno de los motores de la economía regional en diversas provincias". Subrayó que, a pesar de las inversiones privadas, Argentina está "muy lejos de los índices" de países como Brasil. Además, la producción "demanda una mano de obra especializada, no especializada, genera miles de empleos de manera directa e indirecta" y su importancia "trasciende no solamente lo energético sino también que tiene que ver con la generación de empleo, la diversificación productiva, la sustentabilidad ambiental".
La senadora Carolina Moisés (Jujuy) ofreció una perspectiva macroeconómica y social y lamentó que la falta de previsibilidad haya frenado un desarrollo mayor, comparando el avance con Paraguay y Brasil. Moisés criticó el modelo económico basado en la exportación de materia prima sin valor agregado, al argumentar que el estímulo a los biocombustibles generó en el noroeste argentino "57.355 nuevos empleos directos y 143.388 empleos indirectos" desde 2006.
En una analogía contundente, la senadora instó a aprovechar todos los recursos y "pensar también en la vaca viva. La vaca viva que es nuestra tierra". La legisladora jujeña insistió en el beneficio federal, ya que "promueve el federalismo, promueve el desarrollo regional, promueve beneficios económicos para sectores que están atrasados en materia energética, socioterritorial y ambientalmente". Moisés enfatizó la condición de que el proyecto tiene "cero costo fiscal", buscando únicamente que el sector privado, que realizó "inversiones millonarias", pueda multiplicar su crecimiento con la garantía de un marco normativo estable.
En esta misma línea de defensa del federalismo, el senador Juan Carlos Romero (Salta) afirmó que, así como el Congreso apoya a las provincias petroleras, se necesita "también el apoyo para que el resto del país pueda desarrollar las energías renovables". Recalcó que la diversificación energética es un "requerimiento nacional" y pidió a sus colegas "salir del debate oficialismo oposición para encontrar una solución a este problema que es tan importante".
Costos, técnica y procedimiento
No obstante, el tratamiento no estuvo exento de objeciones. El senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) expresó su "preocupación en cuanto al tema de los cortes", especialmente el 18% propuesto en algunos casos. Argumentó que un corte tan alto, particularmente en el gasoil, que es esencial para el transporte, representa "un aumento en el costo de producción que va a tener el país y le va a perjudicar en cuanto a exportaciones". Olivera Lucero también planteó inquietudes sobre la compatibilidad técnica, proponiendo convocar a ADEFA (Cámara Argentina de Fabricantes de Automotores) para evaluar la preparación de los motores.
La senadora Moisés intervino para aclarar que el proyecto que concitaba mayor apoyo llegaba al 15%, y que "técnicamente no es necesario la modificación de absolutamente nada en los motores de ninguno de los autos de Argentina para utilizar hasta el 15%". Esta aseveración técnica buscó disipar las dudas sobre la viabilidad de la propuesta.
Otro punto de fricción provino del senador oficialista Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien advirtió que el proyecto, si bien no tiene costo fiscal directo, sí lo tiene implícitamente. Atauche propuso realizar un plenario inmediato entre las comisiones de Minería y Presupuesto, dado que ya existían otros dos proyectos de biocombustibles girados a su comisión. El senador Fama replicó con firmeza, asegurando que la comisión de Minería "va a continuar trabajando hasta agotar los temas que tenga que agotar", reprochando a Atauche no haber aceptado una convocatoria previa para un plenario conjunto.
Cuarto intermedio y búsqueda de consenso
Ante la variedad de aportes y la necesidad de escuchar a los sectores que expresaron reservas—incluyendo a la Cámara Argentina de Energía y ADEFA—, la comisión decidió no emitir dictamen inmediato.
Los autores de los proyectos, como el senador Carlos Mauricio Espínola, se mostraron dispuestos a avanzar rápidamente, señalando que sus provincias buscan "producir, exportar, generar mayor trabajo, mayor valor agregado", y que se trabajará en el dictamen "cuanto antes se pueda".
Finalmente, el presidente Fama propuso un cuarto intermedio, comprometiendo a los senadores a utilizar la semana siguiente para proponer expositores. La idea es reanudar la sesión en la próxima semana, convirtiéndola en una reunión informativa abierta donde se escuche a todos los actores para "sacar la mejor ley posible para que toda la cadena esté conforme". El objetivo primordial es lograr un texto unificado que asegure el desarrollo regional y la seguridad energética, manteniendo la expectativa de un dictamen final en las próximas semanas.