La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de implementar una reducción temporal a cero de las Derechos de Exportación (DEX) a granos generó una acelerada y masiva liquidación de divisas que, si bien cumplió el objetivo de inyectar dólares al mercado cambiario, terminó por exponer una cruda concentración de beneficios en un puñado de cerealeras multinacionales y, fundamentalmente, una intromisión percibida y documentada de la política exterior de Estados Unidos en la autonomía fiscal argentina. El cupo fijado de USD 7.000 millones, destinado a mitigar el "talón de Aquiles del modelo", se agotó en un tiempo récord de tan solo 48 horas.
La medida, implementada con vigencia a partir del 23 de septiembre y con un plazo máximo hasta el 31 de octubre o hasta agotar el cupo de USD 7.000 millones, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, preanunciaba su éxito dada la magnitud del estímulo. En el caso particular del poroto de soja, que posee la alícuota de derechos de exportación más alta (26%), el beneficio implícito para el sector agroexportador era monumental: implicaba "un beneficio equiparable a una devaluación del orden del 35% respecto del tipo de cambio vigente el viernes anterior, es decir, un precio de $1.991 por dólar".
Si bien se esperaba una rápida adhesión debido a la condición de liquidar al menos el 90% del contravalor en divisas en un corto lapso, la velocidad de la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) superó todas las expectativas. El cupo de USD 7.000 millones fue cubierto "en sólo 48 horas", una celeridad impulsada tanto por el beneficio extraordinario como por la necesidad de asegurar líneas crediticias y anticipos intragrupo.
De acuerdo a lo indicado en el documento, el factor que indiscutiblemente aceleró los tiempos y puso de relieve la fragilidad de la política fiscal argentina fue la explícita condicionalidad impuesta por la Casa Blanca. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, utilizó la red social X para condicionar futuras asistencias económicas a la reversión de la rebaja impositiva. "Se ocupó de dejar en claro que estaba trabajando con el gobierno argentino en poner fin a la reducción de retenciones transitoria, dejando en evidencia que esa es una de las condicionalidades a la ayuda prometida". Desde el CEPA calificaron esta injerencia como "una intromisión inadmisible en la política fiscal de la Argentina".
Esta presión diplomática y fiscal estuvo directamente motivada por las quejas de los farmers estadounidenses. El sector agrícola de EE. UU. temía que la oferta extraordinaria de granos argentinos, potenciada por la alícuota cero, fuera aprovechada por compradores chinos, quienes habían dejado de adquirir productos norteamericanos debido a la guerra arancelaria. El malestar fue expresado abiertamente por el presidente de la Asociación Estadounidense de Soja (ASA), Caleb Raglan, quien twitteó: “La frustración es abrumadora. Los precios de la soja en EE.UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE.UU. está otorgando 20 mil millones de dólares en apoyo económico a la Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en solo dos días.”
La publicación de Bessent funcionó como un "aviso" que llevó a las cerealeras a "acelerar el registro de DJVE como si no hubiera mañana", conscientes de que el gobierno no buscaría quedar "en offside con Bessent" y que la única vía para garantizar el beneficio era completar el cupo en el menor tiempo posible.
El análisis de las DJVE registradas indica que el beneficio fiscal por la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) se concentró de manera crítica en un reducido grupo de grandes actores del mercado, totalizando un ahorro equivalente a casi USD 1.500 millones.
Las seis principales empresas concentraron el 86,8% de las toneladas involucradas, lo que se tradujo en un ahorro total de retenciones de USD 1.313 millones. Entre las principales beneficiarias se encuentran multinacionales de gran peso global, cuyos beneficios directos fueron detallados:
CARGILL S.A.C.I.: Un beneficio que ascendió a USD 327.786.704 (aproximadamente USD 328 millones).
LDC ARGENTINA S.A.: Acumuló USD 221.549.827 (aproximadamente USD 222 millones).
COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA y ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. (AGD): Con ahorros de DEX de casi USD 200 millones cada una, registrando USD 199.159.809 y USD 197.900.374 respectivamente.
BUNGE ARGENTINA SA: Beneficio de USD 166.642.776.
MOLINOS AGRO SA: Beneficio de USD 151.689.096.
La crítica central de CEPA radica en que si bien el Estado dejó de percibir estos USD 1.500 millones en retenciones, es "muy probable que no se traduzca en un beneficio de magnitud semejante a los productores". Los datos indican que las ventas al exterior registradas en 48 horas no guardan relación con las compras de granos que se dieron en esos mismos días, sugiriendo que las empresas registraron cantidades que aún no estaban en sus inventarios.
De esta manera, el sistema permite que las empresas exportadoras trasladen la carga tributaria (los DEX) a los precios que pagan a los productores locales, lo que implica que "un puñado de compañías agroexportadoras se quedarán con la mayor parte de esa renta que no recaudó el Tesoro ni va a ir a parar a los bolsillos de los productores".
En esencia, la medida supuso "una ganancia extraordinaria que embolsarán las multinacionales del agro", a cambio de un mínimo costo financiero por la liquidación anticipada de divisas. Esta operación fue sintetizada como un juego de suma cero para la economía a largo plazo: "Pan para hoy y hambre para mañana", indicó el CEPA en su análisis.