Ante la protesta del campo tucumano, piden al PE que dote de más personal a la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales

Un proyecto de resolución presentado por el legislador José Cano (Radicalismo Federal) busca fortalecer la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, en respuesta a los recientes incendios forestales que afectan al sector productivo. La iniciativa, acompañada por un fuerte reclamo de la Sociedad Rural de Tucumán, apunta a incrementar el personal y los recursos de esta área clave, además de promover campañas de prevención para mitigar los daños causados por la quema de caña y pastizales.

En la exposición de motivos del proyecto, Cano subraya la crítica situación del campo tucumano: “En virtud de las denuncias públicas por parte de la Sociedad Rural de Tucumán, donde expone que a raíz de los incendios forestales de gran envergadura que se vienen sucediendo, el campo se ve afectado por la quema indiscriminada de caña y pastizales, lo que sumado a estas pérdidas, los productores son criminalizados por el Ministerio Público Fiscal”. El legislador destaca que la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales, encargada de la prevención de delitos en zonas rurales y la protección del medio ambiente, “no cuenta con los recursos materiales y humanos para llevarla a cabo eficazmente a pesar de los denodados esfuerzos de los efectivos”. Por ello, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Seguridad, “instruya incrementar la cantidad de personal afectado a la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, como así también se dote del equipamiento necesario, para el ejercicio de sus funciones”.

El pedido de Cano encuentra eco en las declaraciones del presidente de la SRT, José Frías Silva, quien expresó una profunda preocupación por la criminalización de los productores. “Vemos con mucha preocupación desde la institución que estamos cortando el hilo por lo más fino. No puede ser que ahora nos quieran tratar de bandidos o delincuentes por este tema”, afirmó Frías Silva, criticando el accionar del Ministerio Público Fiscal. Según el dirigente, los productores no recurren a la quema de cañaverales, una práctica que calificó como “arcaica” y ajena a los métodos agrícolas modernos. “En la última zafra la provincia certificó 60.000 hectáreas con el protocolo de no quema y destacó la necesidad de seguir profundizando ese camino”, añadió.

Frías Silva relató episodios recientes donde productores, mientras intentaban apagar incendios en sus campos, fueron abordados por autoridades del Ministerio Público Fiscal con acusaciones de ser responsables de los fuegos. “A nosotros no nos sirve prender fuego un cañaveral: perdemos cepa, perdemos rendimiento. Dios quiera que cuando se nos queme un campo no tengamos la producción en 30 o 40 centímetros de brote, porque el perjuicio es enorme para la cosecha siguiente”, enfatizó. En este contexto, el dirigente reclamó que el MPF priorice la prevención de delitos rurales en lugar de perseguir a los productores, y solicitó que las camionetas secuestradas en distintos procedimientos sean destinadas a la Policía de Delitos Rurales para reforzar su operatividad. “Todavía no hemos tenido respuesta a ninguna de las notas que enviamos. Necesitamos herramientas para prevenir, no fotos en los diarios”, señaló.

El proyecto de Cano también insta a realizar campañas de prevención y concientización sobre incendios forestales, una medida que Frías Silva considera esencial en un contexto de crecientes dificultades para el sector. “Un productor acusado por quema de caña pasa más tiempo detenido en una comisaría que un delincuente que sale en libertad a las pocas horas. La puerta giratoria de la justicia sigue funcionando y eso desalienta a los que sufren delitos en el campo”, denunció el titular de la Sociedad Rural, enumerando otros problemas que afectan al sector, como el robo de hacienda, cítricos y paltas. Según Frías Silva, muchos productores no denuncian estos delitos por desconfianza en el sistema judicial.

Cano refuerza esta perspectiva al señalar que “para combatir los delitos rurales, es necesario proveer a las autoridades policiales de los elementos necesarios para que su tarea sea más efectiva, con el objeto de resguardar nuestros recursos naturales y brindar la seguridad necesaria al campo”. La falta de recursos humanos y materiales, según el proyecto, limita la capacidad de la Dirección de Delitos Rurales para operar eficazmente en una vasta zona geográfica.