"Los biocombustibles vinieron para quedarse, la gran discusión ahora es quién lo produce"

Claudio Molina, consultor y analista en bioenergías y ferrocarriles (foto inferior), es una figura cuyo nombre resuena fuertemente al hablar de la política de biocombustibles en Argentina. Reconocido por muchos como uno de los "padres" de la Ley 26.093 sancionada en 2006, Molina ofrece una perspectiva detallada sobre el origen, los éxitos y los desafíos que enfrentó esta crucial iniciativa agroindustrial.

La Ley de Biocombustibles de 2006 fue una de las últimas políticas industriales significativas en Argentina, impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Molina, en una entrevista con el portal Bichos de Campo, la describe como "una gran política vinculada a la actividad agroindustrial y al agro en sí, de las que siempre fueron escasas y como política de estado, probablemente la que más perduró". Su génesis no fue sencilla. Molina relató el arduo trabajo de persuadir a legisladores para destrabar el proyecto de ley que, tras ser aprobado por el Senado con 40 votos a favor y ninguno en contra, estuvo "cajoneado por más de un año en la Cámara de Diputados".

La sanción de la ley fue un punto de inflexión, permitiendo "que se construya una industria de biocombustible, tanto de biodiésel como de bioetanol que generó un nuevo mercado para los productores agropecuarios y sus productos, una nueva demanda". Lo que representó un "cambio estructural", beneficiando a un sector agropecuario golpeado por crisis de precios, como la de 2000, cuando una tonelada de aceite de girasol se pagaba a solo USD 252.

Inicialmente, la política de biocombustibles fue subestimada. "Ciertos lobbys del petróleo y de las automotrices pensaban que esto era una utopía en ese momento en Argentina", señaló Molina, pero, finalmente, la ley terminó saliendo. Sin embargo, a medida que la industria crecía y demostraba su potencial, el panorama cambió drásticamente. "El lobby despertó con mucha fuerza y amesetó, condicionó, como digo, hay una figura en economía, la captura del regulador. Las distintas gestiones de la Secretaría de Energía piden permiso a YPF", explicó Molina. La "influencia de la petrolera YPF es muy grande", y Molina aclaró que se refiere a "una sociedad anónima que tiene participación estatal mayoritaria" y opera en el mercado privado.

Según el experto, el principal objetivo de estos lobbys, especialmente de YPF, es evitar la competencia. "Ellos no quieren que se les meta en el mercado una gran cantidad de productores, porque uno de los temas es que esto está atomizado". Esto ha llevado a una situación en la que, a pesar de que "los biocombustibles vinieron para quedarse, la gran discusión ahora es quién lo produce".

La petrolera con mayoría estatal YPF y otros refinadores de petróleo muestran un interés particular en el bioetanol por su capacidad de "aportar mucho contenido de octano a bajo precio" y sustituir aditivos cancerígenos. Sin embargo, prefieren producirlo ellos mismos o a través de un producto llamado aceite vegetal hidrotratado (HVO o green diesel) que permite reutilizar refinerías viejas, en lugar del biodiésel tradicional (FAME). La ley original, impulsada por Molina, buscaba precisamente lo contrario: "le daba mucha participación a los productores. En el origen se había puesto una norma para favorecer las cooperativas de productores agropecuarios".

Cabe recordar que YPF se asoció con Essential Energy, liderada por el exrugbier Federico Pucciarello, para incursionar en el mercado de biocombustibles de aviación a través de la creación de Santa Fe Bio. Este ambicioso proyecto, que implica una inversión de aproximadamente USD 400 millones, procesará aceites vegetales, residuos y grasas animales, entre otros materiales, para generar combustibles de baja huella de carbono. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el SAF podría representar hasta el 65% de la reducción de emisiones necesaria para que la aviación alcance la neutralidad de carbono en 2050.

Visiones distintas

Actualmente, se discute la actualización de la ley de biocombustibles (la Ley 27.640 que sucedió a la 26.093). Molina destacó el "enorme trabajo de los empresarios y del Centro Azucarero Argentino" y el "enorme respaldo de tres gobernadores representativos de la región NOA a favor del bioetanol, lo que es contundente", en relación a las posturas adoptadas por los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), definidos como representantes del "triángulo del azúcar".

Asimismo, Molina critica que el gobierno nacional "pretende un modelo que es muy discutible", señalando que las decisiones se toman a menudo "sin analizar los efectos en la producción del interior profundo y más tomando en cuenta los problemas logísticos que viven estas zonas. Es decir, la falta de ferrocarril, por ejemplo".

Enfatizó la necesidad de un cambio en la toma de decisiones: "la petrolera estatal tiene una influencia decisiva en las políticas energéticas del país, o sea, que se tiene que poner alguien los pantalones largos como para terciar para el lado del interior en algún momento. Este es el dilema de ahora".