Otra asociación civil pide a la Justicia Federal que investigue a la empresa Transnoa SA

La presunta contaminación y el riesgo que generan las torres de alta tensión en barrios de Los Pocitos generaron una nueva denuncia ante la Justicia Federal en contra de la empresa Transnoa SA, concesionaria del transporte eléctrico del NOA. Según el planteo de la Red de Defensa al Consumidor y Usuarios (REDECU), la firma incumple la normativa y permite que familias vivan bajo tendidos de alta tensión.

El escrito judicial tiene el patrocinio de los abogados Juan Andrés Robles y Emilio Mrad, y se advierte que Transnoa SA incurre en la presunta comisión de los delitos de omisión de controles, inacción dolosa y violación al derecho a la salud.

REDECU es una asociación civil encabezada por Cecilia María Sánchez Blas, titular de la Asociación Bancaria en Tucumán; y cuyo secretario es Eduardo Alberto Bourlé, ex secretario general de ese gremio. Según los dirigentes, la firma debe ser investigada por la presunción de incumplimiento de deberes, omisión de actos funcionales, estrago culposo y creación de peligro para la seguridad pública.

El texto se centra en la inacción sistemática de Transnoa SA para fiscalizar y remediar zonas de servidumbre eléctrica invadidas por viviendas precarias, incumpliendo la Ley 24.065, la Ley de Higiene y Seguridad N.º 19.587, la normativa técnica vigente y sus obligaciones contractuales como concesionaria.

En el planteo se detalla que el 8 de agosto de 2025 se constataron edificaciones dentro de la franja de servidumbre de líneas de alta tensión (132 kV) en Los Pocitos, barrio Nueva Italia y barrio San Alberto, violando la prohibición expresa de construir en esas zonas.

Destacan que según la normativa, la franja de seguridad alcanza 38 metros de ancho y en su interior no deben existir viviendas. No obstante, REDECU advierte que Transnoa SA permitió la consolidación de asentamientos y hasta tendió las líneas sobre construcciones preexistentes, exponiendo a la población a un riesgo grave y permanente.

También en la presentación se menciona que la exposición a campos electromagnéticos y el riesgo de siniestros eléctricos constituyen una violación sistemática del derecho a la salud, protegido por la Constitución Nacional, tratados internacionales y la Ley 24.065.

Según REDECU, la jurisprudencia equipara a los concesionarios de servicios públicos con funcionarios públicos en cuanto a sus deberes de prevención y seguridad. Por ello, exige que la Justicia Federal adopte medidas urgentes para salvaguardar la vida y la integridad de las familias afectadas.