El destino de $1.500 millones para el sector turístico tucumano despertó las dudas opositoras por un convenio con el CFI

La Legislatura de Tucumán aprobó, tras un polémico debate, el convenio suscrito el 26 de junio pasado entre la provincia, representada por el gobernador Osvaldo Jaldo, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), bajo la titularidad de Ignacio Lamothe. El acuerdo, que destina $1500 millones en tres cuotas de $500 millones para promover la producción, el turismo sustentable y el desarrollo de las industrias culturales, desató cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los fondos y puso en evidencia la crítica situación del sector turístico, tanto a nivel provincial como nacional.

El debate legislativo reflejó las posturas divergentes de algunos de los parlamentarios, quienes no solo analizaron los términos del convenio, sino que también expusieron preocupaciones sobre la eficacia de las políticas públicas en un contexto económico adverso. Las críticas se centraron en la falta de rendición de cuentas sobre los fondos ya girados y en la distribución desbalanceada entre los sectores beneficiados, mientras que el déficit del turismo, agravado por la caída del flujo de visitantes, fue un tema recurrente en las alocuciones.

Carlos Gallia, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, encargado de presentar el convenio, detalló sus objetivos: “Es un convenio de colaboración para la promoción de la producción, el turismo sustentable y el desarrollo de las industrias culturales y creativas en la provincia, con el fin de avanzar hacia la diversificación productiva, la generación de empleo genuino y el aumento de la productividad y competitividad. El aporte del CFI será de $1.500 millones, transferidos en tres cuotas de $500 millones. La provincia ejecutará los fondos conforme a sus normas de administración, rindiendo cuentas al Tribunal de Cuentas y acreditando dichas presentaciones ante el CFI, informando sobre políticas, planes, programas y acciones realizadas, detallando objetivos, destino de los fondos, evaluaciones de impacto y poblaciones beneficiadas. La vigencia del convenio es hasta el 31 de diciembre de 2025, y los fondos no utilizados deberán ser restituidos al CFI”.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. El legislador Carlos Verón Guerra, del bloque Fuerza Republicana (foto superior), expresó un contundente rechazo: “No podemos acompañar esta iniciativa porque pedimos que vinieran a la Comisión de Turismo a explicarnos en qué se gastaron el 50% de la plata enviada, que son $1000 millones en dos cuotas. Hay un desequilibrio: turismo se lleva $647 millones y cultura $353 millones. No hay rendición de cuentas de cultura, y en turismo no hicieron bien los deberes, porque, según el presidente de la Cámara de Turismo, Tucumán recibió un 12% menos de turistas en 2024 que el año anterior, y la Capital entre un 9% y un 10% menos. ¿Cómo vamos a promocionar el turismo si gastamos 28 millones en medios periodísticos locales? Evidentemente, empezó la campaña y hay que pagar publicidad. Gastaron $500.000 en cajas de vino, $380.000 en tres cajas más, $1,5 millones en una ronda de negocios multisectorial sin especificar con quién, $1 millón en una producción musical, $35 millones en pasajes aéreos, $40 millones en Google Ads y $26 millones en pautas publicitarias. No hay precisión, no hay facturas, no vinieron a explicarlo. Sería una escribanía a ciegas aprobar esto, y en épocas electorales necesitamos claridad”. Verón Guerra citó un informe que calificó a Tucumán como la penúltima provincia en gasto público en infraestructura (5% frente al 37% de San Luis) y la segunda peor en calidad institucional, reforzando su argumento sobre la falta de transparencia.

Ante los cuestionamientos vertidos, Gallia defendió la necesidad de aprobar el acuerdo, destacando su potencial para dinamizar sectores clave, aunque reconoció que los gastos en promoción, como “ponchos, vinos, obsequios y cartelería”, pueden generar interpretaciones diversas: “Cuando uno está en el sillón ejecutivo, se gasta en lapiceras, calcomanías, y sabemos lo que cuesta comprar cosas hoy. Pero para que el turista llegue, hay que invertir en estas cosas”, justificó.

En la misma línea, la legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) fue categórica: “Mi voto es totalmente negativo. El corto plazo del convenio, hasta diciembre de 2025, implica una deficiencia total, una ineficiencia. No se pueden proyectar resultados con un impacto limitado, sin una distribución territorial clara. No nos han dado propuestas concretas, como desarrollar, por ejemplo, Escaba, donde yo presenté un proyecto que nunca se menciona. Esto genera cuestionamientos en los contribuyentes tucumanos, que merecen respeto. No es transparente, y pensar que $1500 millones puedan tener un impacto positivo en menos de seis meses es ilusorio”. Nievas subrayó la falta de planificación y el riesgo de que los fondos se diluyan sin resultados tangibles.

Contexto y control

Por su parte, José Cano (Radicalismo Federal) ofreció una perspectiva más amplia, contextualizando la crisis del sector turístico: “Un informe de CAME señala una caída del 16% en el ingreso de turistas extranjeros a Argentina y del 10,2% en el turismo interno en 2025. Argentina está cara en dólares, y las políticas del gobierno nacional impactaron de lleno en el turismo. Las provincias del NOA y NEA son las más afectadas. Tucumán tiene un tremendo potencial, pero hace falta más inversión estatal, como hicieron Salta y Jujuy. Resultaría incómodo no aceptar $1.500 millones del CFI cuando hay organismos de control como el Tribunal de Cuentas. La Comisión de Turismo podría citar al titular del Ente de Turismo (Domingo Amaya) para que explique cómo se usarán estos recursos para generar empleo y nuevos destinos. El control vendrá de nuestra responsabilidad como legisladores”. Cano anunció su voto positivo, enfatizando la necesidad de recursos para reactivar el sector.

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, reforzó esta postura: “El Tribunal de Cuentas es el órgano de control por ley, y cualquier gasto del Ejecutivo debe llevar su firma. El pedido de que los funcionarios concurran a las comisiones es válido, pero corre por cuerdas separadas. La situación del país afectó a muchas provincias, y Tucumán no está tan golpeada como otras. Aprobamos este convenio porque es importante para mantener la cantidad de turistas, internos o externos”. Mansilla destacó la importancia de los controles institucionales para garantizar la correcta ejecución de los fondos.

Finalmente, Gallia retomó la palabra para responder a las críticas: “De los $2.500 millones presupuestados para turismo, $800 millones son de este convenio. De los $647 millones recibidos, $343 millones están comprometidos, $76 millones a comprometer, y hay un saldo de $226 millones. Sí, se gasta en promociones, cartelería, paneles interpretativos, pero es parte de lo que se necesita para posicionar a Tucumán como destino turístico”. Su defensa buscó justificar los gastos cuestionados, aunque no logró disipar las dudas de un sector de la oposición.

La aprobación del convenio, pese a las objeciones (obtuvo tres votos en contra), marca un intento de la provincia por reactivar sectores clave en un contexto económico adverso. Sin embargo, las críticas por la falta de transparencia y la crisis del turismo, reflejada en la caída de visitantes y la escasa inversión en infraestructura, dejaron en claro que el desafío de Tucumán trasciende los fondos del CFI.