Desde el PJ buscan recortar los acoples sin mutilar la herramienta que el oficialismo parece no querer soltar

Transcurridas las elecciones nacionales legislativas, Tucumán despierta de nuevo al viejo paraíso de la reforma política: esa deuda impaga desde 2015, cuando las urnas provinciales se convirtieron en un escándalo de colectoras salvajes y acoples oportunistas que mancharon la democracia local con sombras de ilegitimidad. Aquel año, las vergonzosas elecciones desataron un clamor por el "Tucumán Dialoga", un foro de consensos que prometía purgar el sistema de sus excesos, pero que se diluyó en enunciados grandilocuentes y anhelos evaporados, dejando a la provincia a merced de un electoralismo caótico. Hoy, con la brisa de los comicios federales aún revolviendo las pasiones partidarias, las principales autoridades tucumanas –el gobernador Osvaldo Jaldo y su vice, Miguel Acevedo, quien preside la Legislatura– insisten en que no hay más tiempo que perder: la norma reformadora debe estar sancionada antes de fin de año, para inyectar transparencia, orden y confianza en cada ciudadano que cruce el umbral del cuarto oscuro.

En este renovado impulso oficialista, emerge el proyecto de ley elevado por la legisladora justicialista Carolina Vargas Aignasse (foto inferior), una iniciativa que busca podar, sin extirpar de raíz, la prolífica figura de los acoples electorales. La propuesta, presentada en la Cámara, no pretende la abolición total de esta herramienta constitucional, sino su regulación, alineándose con las voces del peronismo tucumano que ven en su supresión un "suicidio político". Desde parte del oficialismo, se argumenta que eliminar los acoples privaría al partido gobernante de ventajas estratégicas clave: no solo el usufructo de alianzas tácticas para amplificar votos en categorías clave, sino también el acceso a los resortes institucionales y financieros que el Estado provee para encarar campañas.

El corazón del proyecto radica en una modificación precisa al artículo 27 de la Ley 7876 de Partidos Políticos, incorporando un tercer párrafo que establece un filtro de representatividad para los acoples. "Solo podrán celebrar el acuerdo al que refiere el artículo 43, inciso 12, de la Constitución de la Provincia, aquellos partidos que hayan participado en al menos dos de las tres elecciones provinciales consecutivas anteriores, ya sea mediante la presentación de candidatos propios o como parte de una alianza", reza el artículo 1° propuesto por Vargas Aignasse. Esta condición, de apariencia técnica, busca erradicar la "proliferación de partidos efímeros" que, según la autora, convirtieron los centros de votación en "un verdadero problema operativo y logístico", sembrando "caos, confusión y desorden tanto para los electores como para las autoridades".

Los fundamentos del proyecto pintan un panorama vívido de los males que aquejan al sistema tucumano. "Es de público conocimiento en la provincia de Tucumán los serios inconvenientes que han surgido como consecuencia del sistema electoral vigente, particularmente en lo que respecta a la proliferación de partidos políticos y los acuerdos electorales entre ellos, comúnmente denominadas acoples. Esta situación ha derivado en un verdadero problema operativo y logístico en los centros de votación, donde la sobreoferta electoral genera caos, confusión y desorden tanto para los electores como para las autoridades encargadas del proceso", resaltó Vargas Aignasse, evocando las filas interminables y las boletas apiladas que marcaron escrutinios pasados. Además, la parlamentaria, reconoce el valor de fomentar la participación, pero advierte: "Si bien coincidimos con la postura que sostiene la importancia de fomentar la participación política y ciudadana, consideramos también que dicha participación debe desarrollarse dentro de un marco de orden, que evite una atomización innecesaria del sistema".

Eliminación inviable

La peronista en su propuesta no ignora el obstáculo constitucional: el inciso 12 del artículo 43 de la Carta Magna provincial consagra explícitamente los acoples como un derecho organizativo. "Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a Gobernador y Vicegobernador y/o Intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta diferentes categorías de candidatos con la categoría de Gobernador y Vicegobernador y/o de Intendente de otra lista distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en cada categoría. La unión en una boleta de listas distintas necesita del previo acuerdo por escrito de los respectivos partidos políticos, frentes o alianzas electorales", establece el texto supremo, una norma que hace "prácticamente inviable" su supresión legislativa, como es la petición masiva que surge de las usinas opositoras. En cambio, Vargas Aignasse propone una reglamentación "jurídicamente posible y políticamente necesario", inspirada en estándares nacionales e internacionales que miden la "representatividad real" de las fuerzas políticas mediante indicadores como la participación sostenida en elecciones, pisos de votos o afiliados mínimos.

"Estos indicadores, aceptados constitucionalmente por la jurisprudencia y la doctrina, incluyen la participación sostenida en procesos electorales, la obtención de un determinado piso de votos, la exigencia de una cantidad mínima de afiliados, y otras condiciones similares. Tales parámetros no son nuevos en nuestro sistema jurídico: son requisitos habituales que buscan garantizar que los partidos políticos no sean meras estructuras formales sin anclaje en la ciudadanía, sino verdaderas expresiones del pluralismo político", detalla en los considerandos, defendiendo su fórmula como un "criterio objetivo que tenga un fundamento racional, coherente y verificable". Así, el requisito de haber competido en al menos dos de las tres elecciones previas –individualmente o en alianza– no cercena derechos fundamentales, sino que "evidencia una mínima trayectoria y compromiso político con el sistema democrático". "Cabe destacar que esta limitación no restringe el derecho de ninguna persona a postularse como candidato, ni cercena el derecho a crear nuevos partidos políticos. Lo que se reglamenta es exclusivamente la facultad asociativa en el marco de los acoples, que constituye un derecho organizativo derivado del texto constitucional, no un derecho humano fundamental", aclara, anticipando posibles impugnaciones judiciales.

En el tablero político tucumano, donde el justicialismo gobierna con mano firme pero bajo la lupa de una oposición fragmentada, esta iniciativa de Vargas Aignasse se erige como un puente entre tradición y modernidad. No es un asalto frontal a los acoples, que el peronismo atesora como legado de astucia electoral, sino un tijeretazo selectivo que promete "reducir la cantidad de acoples, pero hacerlo de una manera compatible con el orden constitucional". "En resumen, mediante esta reforma se busca ordenar el sistema electoral tucumano, fortaleciendo la transparencia y la gobernabilidad, sin vulnerar principios constitucionales ni afectar la participación política. Se trata de un paso necesario hacia una democracia más clara, eficaz y representativa", concluye Vargas Aignasse en su proyecto.