
En un cruce de acusaciones que tensiona la prestación del transporte público en la capital tucumana, los empresarios de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) advirtieron a la intendenta Rossana Chahla sobre una “situación terminal” del servicio, exigiendo un cambio radical en el sistema de cobro por pasajes y amenazando con acciones judiciales contra funcionarios municipales por presuntos incumplimientos. En respuesta, el subsecretario de Gobierno, Alejandro Sangenis, rechazó categóricamente las críticas, tildando a los empresarios de un “sector repudiado” por la sociedad al defender la gestión de Chahla contra lo que consideró “aprietes facciosos”.
El conflicto estalló con una dura misiva enviada por AETAT a la intendenta, firmada por el vicepresidente Jorge Berretta y el secretario César Atim, acompañada de un acta de asamblea de una docena de empresas urbanas. En ella, los empresarios exponen una “gravísima crisis económica y financiera” que amenaza la continuidad del servicio, atribuyéndola a “incumplimientos sistemáticos” del municipio. “El sistema de transporte público se encuentra en un estado de quebranto terminal, que pone en riesgo inminente la regularidad y calidad del servicio esencial que brindamos a miles de ciudadanos diariamente”, reza la introducción de la nota.
Puntos críticos
Entre los reclamos centrales, AETAT denuncia la fijación “arbitraria” de tarifas desvinculadas de costos reales, violando la Ordenanza N° 400/79; la omisión en el control de transportes ilegales como Uber, DiDi y “moto-taxis”, pese a la Ordenanza 3260/2002 que los prohíbe; la imposición de gratuidades sin compensación adecuada; la obligatoriedad del sistema SUBE que afecta el flujo de caja; el caos vial en el centro que eleva costos operativos; y la precariedad jurídica por falta de concesiones vigentes, impidiendo inversiones en la flota. “Esta situación no es producto de un hecho fortuito ni de una mala gestión empresarial, sino la consecuencia directa de un cúmulo de incumplimientos sistemáticos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal a las obligaciones que la normativa vigente pone a su cargo”, sostuvieron los empresarios.
Como salida, proponen adoptar un modelo de pago por kilómetro recorrido, similar al de “diversas ciudades del mundo”, que aislaría a las empresas de la evasión, el transporte ilegal y tarifas no rentables, garantizando recorridos, frecuencias y calidad. Además, exigen una reunión urgente con Chahla y estudios técnicos con la Universidad para implementar el cambio.
Suprapoder
Frente a estas exigencias, Sangenis salió al cruce con una respuesta incendiaria, al calificar como “amenazante” el tono de superioridad de AETAT. “Hoy, como amenazante, aparece el sector más repudiado y rechazado de la sociedad tucumana como son los empresarios de AETAT. Conminando, como si fueran un supra poder, a la intendenta Rossana Chahla a otorgarles dinero ‘por km recorrido’ como si fueran una empresa de turismo o de paquetería y aumentar a los ya otorgados subsidios por número de personas, gasoil, etc.”, disparó Sangenis, cuestionando la legitimidad de los reclamos.
El funcionario de la Intendencia insistió en que la solución pasa por una renovación ética del sector: “La consigna sigue siendo la misma: si no les es rentable dejen el servicio, para que sí vengan empresarios serios respetuoso y sensibles, que le vuelvan a dar credibilidad al transporte público que la sociedad en su conjunto le perdió”. Finalmente, reafirmó el compromiso de la gestión municipal: “Por último sepan que la intendenta tiene como norte defender los intereses del municipio y de la gente y no ceder al apriete de sectores facciosos”.