Al borde del colapso, empresarios del transporte lanzan una dura advertencia al municipio

El transporte público de pasajeros se encuentra en una situación terminal en San Miguel de Tucumán. Así lo advirtieron los empresarios en una dura nota que enviaron a la intendenta Rossana Chahla. En el texto denuncian incumplimientos normativos por parte del municipio, como los controles a los vehículos ilegales, y dejan abierta la posibilidad de concurrir a la Justicia.

“Le escribimos a fin de exponer la gravísima crisis económica y financiera que atraviesan nuestras asociadas y que amenaza la continuidad misma del servicio, y proponer formalmente una modificación sustancial en el sistema de retribución por la prestación. El sistema de transporte público se encuentra en un estado de quebranto terminal, que pone en riesgo inminente la regularidad y calidad del servicio esencial que brindamos a miles de ciudadanos diariamente”, es la introducción de la nota firmada por el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta; y por el secretario, César Atim.

La misiva es acompañada por un acta de la asamblea de la cámara, en la que todos los empresarios que administran líneas urbanas (una docena) autorizan el envío de la nota atento a la “caótica situación económica”.

Según los directivos, “esta situación no es producto de un hecho fortuito ni de una mala gestión empresarial, sino la consecuencia directa de un cúmulo de incumplimientos sistemáticos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal a las obligaciones que la normativa vigente pone a su cargo”.

Luego, enumeran una serie de puntos que dan cuenta de esos reclamos.

• Incumplimiento del deber de fijar una tarifa justa y razonable: La Ordenanza N°400/79, que rige la explotación del servicio, establece en su Artículo 26 de manera imperativa que las tarifas "serán fijados por el Departamento Ejecutivo, teniendo en cuenta que estos sean reflejo real de los costos de explotación", las tarifas han sido fijadas de manera arbitraria y desvinculadas de la realidad económica, sin un reconocimiento técnico ni una estructura metodológica de costos real. Las decisiones, basadas meramente en la conveniencia política del momento, han ignorado los costos operativos reales (combustible, salarios, mantenimiento, amortización de unidades, etcétera.), drenando los recursos de las empresas y llevándolas a la actual instancia límite de quebranto.

  
  

• Omisión del deber de control y fiscalización del transporte ilegal: El municipio ha faltado gravemente a su deber de ejercer el poder de policía, permitiendo la proliferación descontrolada de sistemas de transporte de pasajeros que operan al margen de toda regulación. La operación de vehículos a través de aplicaciones como Uber, DiDi, y la circulación de "moto-taxis" sin control alguno, constituyen una competencia desleal que erosiona directamente la base de sustentación económica de las empresas legalmente constituidas, que sí cumplen con todas las cargas impositivas, laborales, de seguros y de seguridad técnica. Recuerdan que existe la Ordenanza3260/2002, que establece puntualmente: "...Prohibese en el ámbito del municipio de San Miguel de Tucuman el servicio y la circulación de los denominados "moto taxi", como agencias o en forma particular..." estableciendo la obligatoriedad del Departamento Ejecutivo Municipal de tomar todas las medidas correspondientes del caso.

  
  

• Imposición de cargas públicas sin compensación adecuada: A lo largo de los años, mediante ordenanzas y otras normativas, se han establecido múltiples beneficios y gratuidades (boletos estudiantiles, docentes, para jubilados). Si bien su finalidad social es comprensible, estas medidas han sido utilizadas políticamente, imponiendo a las empresas una carga pública sin prever, en la mayoría de los casos, la correspondiente compensación económica.

  
  

• Factores operativos impuestos y no gestionados por el municipio: Se nos ha impuesto la obligatoriedad del sistema de cobro de pasajes SUBE, el cual acredita nuestros ingresos y los beneficios, afectando el flujo de caja necesario para la operación diaria. Sumado a ello, la falta de un ordenamiento del tránsito eficaz en el casco céntrico. Si bien se implementó un sistema de carriles exclusivos con un éxito inicial meritorio, la falta de controles sobre estas trazas produjo un relajamiento de los ciudadanos que transitan en distintos medios de transportes, generando congestionamientos permanentes que incrementan nuestros costos operativos (mayor consumo de combustible, mayor tiempo de recorrido, desgaste acelerado de las unidades) sin que se tomen medidas restrictivas al tránsito y estacionamiento, como ocurre en cualquier ciudad moderna del mundo.

  
  

• Precariedad jurídica por falta de otorgamiento de concesiones: Conforme el artículo 3º de la Ordenanza 400/79, las concesiones son el marco jurídico que debe regir la prestación del servicio. Actualmente, todas las empresas se encuentran operando sin concesiones vigentes, lo que genera una profunda inseguridad jurídica que nos imposibilita acceder a líneas de crédito para la inversión en la renovación y mejora de la flota, perpetuando el deterioro del servicio.

Los empresarios también advirtieron sobre la responsabilidad de los funcionarios y la posibilidad de iniciar acciones legales. “Esta sumatoria de incumplimientos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal no constituye un hecho aislado, sino una conducta sostenida en el tiempo que ha provocado el empobrecimiento y el quebranto actual de las empresas prestatarias. La inacción política y el incumplimiento de las funciones esenciales del Estado municipal son la causa directa de la crisis. Una crisis que no solo perjudica a las empresas prestatarias sino a toda una comunidad que no tiene los medios para optar por otros sistemas de transporte”, expresaron.

“Resulta imperativo recordar que esta omisión de deberes compromete no solo la responsabilidad del Municipio como persona jurídica, sino también la responsabilidad personal de los funcionarios intervinientes, conforme prescribe el artículo 4 de la Constitución de Tucumán”, añadieron. Este artículo refiere a la responsabilidad de los funcionarios para comparecer directamente ante los tribunales “por las faltas que cometieren en el ejercicio de sus funciones”. Por ello, hacen reserva de iniciar acciones legales, como una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y demanda por daños y perjuicios a las empresas asociadas.

En definitiva, Aetat propone al municipio que se adopte en la capital un sistema de pago por kilómetro recorrido: “Este modelo, utilizado en diversas ciudades del mundo, permite al Estado municipal garantizar la prestación del servicio, determinando recorridos, frecuencias y calidad, y retribuyendo a las empresas por el costo real de laoperación, independientemente de la cantidad de pasajeros transportados o de la tarifa que se fije al usuario. Esto aísla a las prestatarias de los efectos nocivos de la evasión, el transporte ilegal, las gratuidades no compensadas y las tarifas no rentables, asegurando la sustentabilidad del sistema”.

Finalmente, piden a la jefa municipal que convoque, con urgencia, a una reunión a los representantes de la cámara empresaria para analizar la crisis del sector y que instruya a las áreas técnicas y a la Universidad para que inicien de inmediato los estudios de factibilidad y análisis de costos para la implementación de un sistema de pago por kilómetro recorrido.