Defienden la "transparencia" y "control" del Consorcio Metropolitano tras la denuncia por irregularidades en la licitación por la gestión de la basura

En medio de un polémico proceso licitatorio que fue objetado en la justicia en torno a la adjudicación, por parte del Consorcio Metropolitano, a la UTE conformada por las empresas ESUR S.A. y CIAGESER S.A. para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), este martes se realizó la presentación de maquinarias y herramientas para la limpieza de los espacios públicos.

El gobernador Osvaldo Jaldo, que presidió el evento, señaló que “lo que ocurre con el Consorcio Metropolitano es un ejemplo donde se reúnen intendentes de diferentes espacios políticos, han sido capaces de sentarse y llevar adelante este proyecto y estamos aprendiendo otra forma de convivir institucionalmente. Aquí nadie se salva solo, todos tenemos que trabajar por la provincia en general y eso lo vamos a hacer juntos”.

Vale señalar que la firma MOVISER S.R.L., que también participó de la licitación objetada, presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, una medida cautelar con la finalidad de declarar nula la resolución emanada desde el Consorcio que terminó adjudicando a la UTE la operación de la planta de transferencia de San Felipe, la provisión del servicio de transporte de Residuos sólidos urbanos (R.S.U.) desde la planta de San Felipe a la plata de Overa Pozo y la disposición final de los R.S.U. por el sistema de relleno sanitario para la operación de la planta de disposición final de Overa Pozo.

Fechas interpuestas

De acuerdo a lo planteado por Augusto Bruchmann, apoderado legal de MOVISER, lo que se pretende con la medida es que el Consorcio se abstenga concretamente de firmar el contrato o poner el mismo en ejecución hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa. Vale recordar que MOVISER SRL se encuentra contratada por el Consorcio Metropolitano para el servicio de transporte de RSU y disposición final de residuo sólidos desde el año 2012. En tanto que dicho contrato finaliza el 30 de abril venidero.

Sin embargo, la incorporación de las nuevas herramientas fue llevada adelante por la UTE adjudicataria bajo el argumento que se permitirá fortalecer las tareas de recolección, tratamientos y disposición final de los residuos.

Jaldo, sin hacer alusión al conflicto judicial planteado, tuvo palabras de elogios para el Consorcio Metropolitano, que tiene la responsabilidad de más del 70% de los residuos de la provincia de Tucumán, “porque tuvieron la solidaridad y virtud de usar los servicios que el consorcio brinda a municipios que no son parte pero llevan residuos a este organismo”.

“Cada vez que tuvimos una emergencia relacionado con la recolección, traslado y disposición final, siempre hubo una respuesta del consorcio”, relató. Al respecto, es dable señalar que el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se encarga de la transferencia, el transporte y la disposición final de los residuos. Está integrado por Alderetes, Banca del Río Salí, San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Tafí Viejo, Yerba Buena y algunas comunas y empresas particulares que contratan sus servicios. Sus trabajadores se hacen cargo de las miles de toneladas de basura que se trasladan a diario desde cada sitio hacia San Felipe, y de allí a Overo Pozo. Se calcula que todos los días ingresan a la planta entre 70 y 90 camiones colmados.

Defensa oficial

Por su parte, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, sí trató de defender lo actuado por el Consorcio durante el proceso licitatorio llevado a cabo, al sostener que se trató de un sistema "transparente publicado en medio provinciales y nacionales con los tiempos que dice la ley, no lo que decimos nosotros y además se ha formado una comisión pre adjudicataria que analizó más de 3.000 fojas que tenía la licitación y han dado su veredicto. Estamos hablando de una cosa transparente y ahora esperamos que esta empresa cuente con todos los estándares de calidad, porque también se ha exigido que tenga certificación internacional para poder hacer las cosas de la mejor manera posible".

En relación a los tiempos en los que se ejecutó la licitación, en la demanda, lo que se plantea primeramente es "el exiguo plazo" que existió entre la publicación de la venta de pliegos y la fecha de presentación de las ofertas, que fue de tan solo cinco días hábiles, "lo que aparece prima facie como algo notoriamente impropio para preparar una oferta seria en relación al delicado e importante objeto licitado, a menos que se haya contado con tiempo adicional para su preparación derivado de un conocimiento espurio del contenido del pliego", sostuvo Bruchmann.

Chahla dejó en claro que “esto no podría haber sido posible sin dos patas. Una tiene que ver con el Consorcio donde no había sábado, domingo ni feriados para trabajar y la otra parte es la parte privada, a las empresas que se presentaron y los responsables de la UTE que ganaron la licitación, algo que no se hizo antes porque queremos ser lo más eficientes posibles y transparentar todo”. Chahla aseguró que “este Consorcio ahora está ordenado y estamos dispuesto a controlarnos así somos mejores”.

De acuerdo a la denuncia efectuada por MOVISER, al momento en el que se procede a la adjudicación de los servicios a la UTE por parte del Consorcio, el dictamen contó con disidencias fundadas de dos de sus integrantes (la minoría) que aconsejaron adjudicar el contrato a la oferta de MOVISER, considerando que “a su criterio, es la única oferta valida y/o admisible". Por lo que el abogado patrocinante de la empresa demandante sostiene que "en ese contexto la oferta de la UTE no se ajustó a las bases del pliego, careciendo la misma de validez".

Rigurosidad

En tanto, Eugenia Andrade, presidenta del Consorcio, señaló que "esto es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y las autoridades nos marcaron el camino para gestionar el nuevo servicio, finalmente resultó adjudicada esta UTE que hoy presentó parte de maquinarias, el pliego es muy riguroso en cuanto al requerimiento de equipamiento para reducir el volumen de residuos".

Entre la maquinaria que entregó la UTE cuestionada, figuran: tres palas cargadoras de tres metros cúbicos, una pala cargadora de dos metros cúbicos, dos topadoras,

una computadora, una retroexcavadora, un pisón pata de cabra, una moto niveladora, una trituradora de residuos, cuatro camiones y diez bateas.