Cuestionan que el Tribunal de Cuentas exija domicilio electrónico a los comisionados rurales

El subcretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina, Alejandro Sangenis, cargó contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia. En particular, el ex comisionado rural de Cebil Redondo se refirió al Acuerdo 4431/2025, publicado días atrás por Tendencia de Noticias, mediante el que se impone a los Delegados Comunales la constitución obligatoria del domicilio electrónico para notificaciones administrativas.

"Lejos de tratarse de un simple avance tecnológico, estamos ante una decisión irregular, carente de base legal, que afecta derechos fundamentales de los administrados y desborda las competencias del propio Tribunal. El Tribunal de Cuentas ha actuado sin ley: violación frontal del principio de legalidad", planteó el ahora funcionario de la intendenta Rossana Chahla.

Y añadió: "El principio de legalidad, piedra angular del Estado de Derecho, exige que la Administración solo puede imponer obligaciones cuando existe ley previa y expresa que la habilite. No existe en Tucumán ninguna ley -ni provincial ni nacional- que autorice al Tribunal de Cuentas a imponer un sistema de domicilio electrónico obligatorio, reemplazar el domicilio constituido tradicional o modificar las reglas de notificación previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo".

"El Acuerdo 4431/2025 es, en consecuencia, un acto dictado sin competencia.

Y donde no hay competencia, hay nulidad absoluta. El presidente del TC, Miguel Chaiben Terraf, se erige en 'imperator' de la vida y acciones de los 93 Delegados Comunales elegidos democráticamente por sus pueblos, amenazante como verdadera espada de Damocles eligiéndolos como 'hilo delgado' a fin de disciplinarlos y amedrentarlos sin que nadie atine a defenderlos. Es este Terraf quien no rinde cuentas ni de sus actos administrativos como el desmanejo de cargos en el mismo tribunal por designación de rugbiers del club que simpatiza, menos personales de los cuales existen muchas dudas sobre crecimiento patrimonial desmedido", sostuvo Sangenis.

Sangenis afirmó: "Es el gobernador Osvaldo Jaldo defensor a ultranza de las comunas como “primeras trincheras” de contención social y trabajos estructurales en las localidades de la provincia, ante el embate de la Libertad Avanza que propone la abolición de las comunas en tierra tucumana, a lo último parece servir y adherir claramente Miguel Terraf. Por ello, ante tal acto administrativo, me pregunto si esta no es la primera acción para desmerecer y relegar la autoridad del gobernador, para imponer la dictadura del Tribunal de Cuentas".

También cargó contra Ramiro González Navarro, abogado y ex funcionario durante la gestión de José Alperovich. "Párrafo aparte al monje negro que asesora y elabora estos adefesios legales, políticos y sociales para el sempiterno Terraf quien es Ramiro González Navarro, devenido en político únicamente cuando cuando gozaba de los favores y simpatía de la esposa del gobernador Alperovich, quien disponía ubicarlo en lugar de privilegio en las listas", manifestó.