En un encuentro reservado durante la Exposición Rural de Palermo llevado a cabo la semana pasada, autoridades del Gobierno nacional comunicaron a la Mesa de Enlace los detalles de la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), formalizada recientemente mediante el Decreto 462/25. La reforma incluye medidas significativas como la reducción del 80% de las Direcciones Nacionales, el cierre de 41 Agencias de Extensión Rural (AERs), la eliminación de programas como Agricultura Familiar y Apicultura, y la venta de activos. Estas decisiones generaron reacciones mixtas, con el sector agropecuario valorando ciertos aspectos, pero los gremios alertando sobre un riesgo para el patrimonio y los empleos.
La reunión (foto inferior) contó con la participación de figuras clave del Gobierno, como el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; el jefe de Gabinete, Martín Fernández; y la primera consejera, María Beatriz “Pilu” Giraudo. Por el lado del agro, asistieron Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas) y Lucas Magnano (Coninagro).
El Gobierno informó que la reestructuración busca transformar al INTA en un “organismo de tecnología aplicada, no de estudios sociológicos ni de agricultura familiar”, según fuentes oficiales consultadas por el diario La Nación. Entre las medidas destacadas, se eliminaron el 80% de las Direcciones Nacionales y el cargo de Jefe de Grupo, que representaba una figura intermedia en la estructura técnica. Actualmente, los cargos jerárquicos suman 1.264, equivalentes al 20% del total del organismo. Además, se lanzará un plan de retiro voluntario a partir del 1° de agosto por 30 días, acompañado de un nuevo sistema de control de presentismo, horarios y viáticos.
En términos territoriales, el INTA reducirá significativamente su presencia: se cerraron 41 AERs, la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) AMBA (que incluye 9 agencias y 29 Oficinas de Información Técnica), y todas las Oficinas de Vinculación con Territorios (OITs, ODRs y OGMs). También se cedieron tierras en Cerrillos, Salta. En cuanto a los programas, se clausuraron el Programa Nacional de Apicultura y los de desarrollo rural, incluyendo Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, reemplazados por una nueva categoría: “Agricultura de Pequeña Escala y Producciones Regionales”. Asimismo, se eliminaron cinco Institutos Provinciales y 75 plataformas y redes de trabajo que, según el Gobierno, “no reportaban resultados concretos”.
La Asociación del Personal del INTA (APINTA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Mesa Agroalimentaria Argentina denunciaron que la reforma pone en peligro “el patrimonio institucional, miles de puestos de trabajo calificados y décadas de construcción territorial”. Los gremios presentaron una acción de amparo ante la Justicia para frenar el Decreto 462/25 y las facultades delegadas por la Ley 27.742 (Ley de Bases), argumentando que “ambas normas violan principios constitucionales y atentan contra la estabilidad laboral del personal”. Según los sindicatos, la transformación del INTA en un organismo desconcentrado equivale a su “disolución de hecho”, contraviniendo la ley que prohíbe su eliminación. También solicitaron una medida cautelar para evitar despidos, traslados o cesantías, y la habilitación de la feria judicial por la urgencia del caso.
Gestión de activos y nueva estrategia de investigación
En el ámbito patrimonial, el Gobierno avanzó con la venta de un histórico edificio de la calle Cerviño ubicada en Palermo (CABA), la rescisión de alquileres de oficinas y cocheras en Capital Federal, la eliminación de 1.500 líneas telefónicas, la baja de tarjetas YPF en Ruta y la formación de pooles de autos compartidos para movilidad institucional. Además, se proyecta subastar 600 vehículos como parte de un plan de racionalización logística. En materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), las autoridades anunciaron un “barrido” para alinear las actividades del INTA con las demandas del sector privado, utilizando herramientas como Cambio Rural y las Chacras Experimentales Mixtas. También se lanzará una Red Nacional de Laboratorios para optimizar recursos y evitar duplicaciones, junto con una metodología de medición de impacto para evaluar proyectos y actividades antes de asignar presupuestos o continuar líneas técnicas.
Fuentes oficiales subrayaron que la reestructuración “es un proceso que recién arranca” y busca reducir una “estructura sobredimensionada” para enfocar al INTA en la tecnología aplicada. Sin embargo, los gremios insisten en que estas medidas amenazan la esencia del organismo como “un bien público estratégico”. Mientras el Gobierno apuesta por una modernización vinculada al sector privado, las críticas de los sindicatos y la Mesa Agroalimentaria Argentina reflejan un conflicto en curso sobre el futuro del INTA y su rol en el desarrollo agropecuario nacional.