Medio siglo sin impuestos: extienden hasta 2035 los beneficios fiscales al sector lechero en Tucumán

La lechería en Tucumán agrupa a 53 productores que generan entre 60.000 y 85.000 litros diarios a lo largo del año, una escala reducida en comparación con otras provincias, pero que cumple un rol social y económico fundamental en las zonas rurales del norte tucumano. Sin embargo, este sector enfrenta desafíos tanto económicos como climáticos, mientras depende de exenciones fiscales que acaban de ser prorrogadas hasta 2035. Considerada una actividad marginal, la producción lechera local reclama subsidios para riego y mayor equidad para sostener su importancia en la economía provincial.

Patricio Altamirano, presidente de la Mesa Lechera de Tucumán, señaló que en 2024 el sector logró superar un “mal momento” gracias a una estabilización en los precios, aunque la rentabilidad sigue siendo un problema. “En estos últimos dos meses, el precio que recibe el productor se ha estancado, mientras que los insumos continúan en aumento. Esto hace que el margen sea cada vez más ajustado”, explicó en diálogo con Tendencia de Noticias, evidenciando la dificultad para mantener márgenes de ganancia frente a costos crecientes.

La producción diaria en Tucumán ronda entre 80.000 y 85.000 litros en promedio durante el año, con un pico histórico que llegó a 120.000 litros en las décadas del 80 y 90, según Altamirano. Actualmente, la actividad se concentra en el norte provincial, donde operan 53 productores con un total de 4.500 cabezas de ganado. De ellos, aproximadamente la mitad son pequeños productores, mientras que solo cuatro tambos superan los 10.000 litros diarios. Eduardo Castro, Secretario de Producción, precisó que la producción fluctúa entre 60.000 litros en invierno y 80.000 litros en primavera, cuando las condiciones de pastoreo mejoran.

Las condiciones climáticas también representan un obstáculo significativo. Altamirano destacó que el verano pasado la producción se vio afectada en la zona norte debido a que “no se hicieron suficientes reservas de forraje para el invierno”. Sin embargo, se espera un repunte en primavera, considerada la “temporada de máxima producción” en el ciclo natural de la leche.

La cuenca lechera de Tucumán posee una historia rica que se remonta a las décadas de 1960 y 1970, cuando la provincia contaba con entre 120 y 130 tambos, según Castro. En aquella época, la producción estaba más dispersa, con tambos en las periferias urbanas y otras zonas. El crecimiento urbano y la globalización provocaron el cierre de muchos establecimientos pequeños, concentrando la actividad en el norte provincial. Altamirano explicó que esta marginalidad geográfica y económica implica costos más elevados para producir leche en Tucumán, en comparación con provincias como Córdoba o Santa Fe, donde insumos y fletes son más accesibles.

A pesar de estas dificultades, la cuenca lechera tiene un impacto socioeconómico relevante. Castro subrayó que cada tambo emplea entre cuatro y seis personas, lo que equivale a unas seis familias por establecimiento, generando un efecto multiplicador en la economía local. Además, la fábrica La Overita, gestionada por la municipalidad de la zona norte, cumple un rol social crucial al proveer leche y yogur a escuelas y sectores vulnerables a precios que representan apenas entre el 60% y 70% del valor que se paga en supermercados.

La producción lechera tucumana está destinada exclusivamente al consumo interno. Según Altamirano, “Tucumán no exporta”. Un tercio de la leche se envía cruda a provincias como Santa Fe, donde empresas como Molfino la procesan. Los dos tercios restantes se transforman en productos lácteos locales y artesanales, como quesos criollos y quesillos. Castro añadió que la producción se distribuye entre fábricas tucumanas —como Ñiulac y Cerros Tucumán— y pequeñas queserías locales.

Uno de los principales desafíos del sector es la brecha entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor final. Altamirano explicó que el tambero cobra alrededor de $450 por litro, mientras que en góndola el precio supera los $2.000. Esta diferencia responde a los costos logísticos, de industrialización y distribución, pero también a una carga impositiva elevada. “Un gran porcentaje del precio final son impuestos”, afirmó, destacando el impacto fiscal en el valor del producto.

Beneficios fiscales: medio siglo sin impuestos

Desde hace más de 40 años, el sector lechero tucumano se beneficia de una batería de exenciones fiscales, iniciadas con la Ley 5724 de 1985 y recientemente prorrogadas, por la administración del Gobernador Osvaldo Jaldo, hasta diciembre de 2035 mediante la Ley 9905. Estas incluyen la exención del Impuesto Inmobiliario sobre tierras destinadas a la producción lechera y la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre ventas de leche, además de beneficios para cooperativas y empresas que industrializan productos lácteos de la provincia.

Además, bajo la Ley Nº 7600, las cooperativas lecheras y mixtas están exentas por diez años del Impuesto a los Ingresos Brutos en rubros relacionados con la producción de leche, que incluyen:

1. Forrajes

2. Alimentos balanceados

3. Semillas fiscalizadas de pasturas

4. Herbicidas

5. Insecticidas agropecuarios

6. Reproductores bovinos de raza lechera y semen

7. Fertilizantes para pasturas

8. Maquinaria e implementos nuevos o usados destinados a la actividad tambera

El ministro de Economía, Daniel Abad, justificó estas exenciones como una “contribución estratégica para proteger la cuenca lechera”, dado que la actividad requiere inversiones a largo plazo que no pueden compararse con cultivos de rotación rápida como la frutilla o el arándano. “La lechería implica un tiempo de maduración mucho mayor, porque se trata de animales vivos. Por eso Tucumán no puede descuidar este sector”, recordó Abad, aludiendo al colapso de la cooperativa Cootam en el pasado. Según el ministro, las exenciones al sector productivo de la provincia representan un costo fiscal anual cercano a los 35 millones de dólares, fracción de las cuales resultan indispensables para sostener esta actividad primaria, como la lechería.

Por su parte, Castro relativizó el impacto fiscal, calificándolo de “exiguo” en comparación con los beneficios otorgados al sector cañero —que agrupa a 5.500 productores, la mayoría pequeños—. “El monto es pequeño si se tiene en cuenta que la lechería beneficia a un 1% de los cañeros, por ejemplo”, sostuvo. Destacó que el beneficio de la alícuota cero alcanza a todos los productores formalizados y registrados que entregan leche a fábricas habilitadas.

No obstante, Altamirano señaló que las exenciones no alcanzan a todos, especialmente a pequeños productores que no son propietarios de la tierra o que no están formalizados. Además, propuso que el Estado invierta en subsidios para sistemas de riego, ya que la zona norte “depende de sistemas de irrigación obsoletos y costosos. El agua es un recurso cada vez más escaso y fundamental para la producción. Sin riego, la zona norte no produciría ni un litro de leche”, advirtió.