¿Suspensiones y reducción de frecuencias? Empresarios del transporte evalúan medidas de "urgencia"

La puja entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y los empresarios del transporte público de pasajeros escaló durante el comienzo de la semana. A la advertencia con denunciar a Aetat por extorsión, la cámara del sector alertó a las autoridades de la Intendencia que la situación del servicio es crítica.

Tal como adelantó este lunes en exclusiva Tendencia de Noticias, el fiscal municipal Conrado Mosqueira había respondido la nota de la Asociación con duros términos, llegando incluso a plantear la posibilidad de iniciar acciones judiciales en contra de los empresarios.

Durante la mañana, los directivos de Aetat Jorge Berretta (vicepresidente) y César Augusto Atim (secretario) calificaron la respuesta municipal de "falaz, improcedente, maliciosa y dilatoria". Adujeron que el funcionario de Rossana Chahla incurrió en "falsas y malintencionadas imputaciones". Los empresarios negaron rotundamente haber intimado al municipio a proveer un subsidio de $2.000 millones bajo "amenaza de paro inmediato", tildando esta afirmación como "absolutamente falaz y temeraria".

En la misiva de respuesta, Aetat manifestó su indignación ante la acusación de haber incurrido en una "conducta extorsiva". Según la cámara, esta "gravísima imputación", sumada a la amenaza de promover acciones penales, constituye una clara "demostración de mala fe" por parte del municipio, buscando "amedrentar a esta Asociación". Los transportistas enfatizaron que su única meta es buscar soluciones de fondo para una crisis que la propia Municipalidad reconoce.

Respecto de los pedidos de revisión tarifaria, los empresarios aclararon que si bien es una potestad del Concejo Deliberante la fijación de la tarifa, también es obligación ineludible del Departamento Ejecutivo Municipal "garantizar la continuidad y regularidad de los servicios públicos". A pesar de que el municipio admite la "crisis estructural", en la nota replicaron que no consta que el DEM haya gestionado soluciones de fondo.

Aetat, además, aclaró que su solicitud del 29 de octubre no pedía un aumento tarifario, sino una "contraprestación por kilómetro recorrido". Este sistema apunta a "sincerar los costos" y permitir al Municipio subsidiar la totalidad de la demanda (jubilados y Boleto Educativo Municipal, por ejemplo) sin desfinanciar a los prestadores.

Respecto al transporte ilegal, la cámara del sector dijo que la propia Municipalidad reconoce que las plataformas digitales de movilidad son una "respuesta espontánea de la sociedad a un servicio público insatisfactorio". Para la Asociación, esto equivale a que el DEM "admite el fracaso del servicio a su cargo y justifica el auge de la ilegalidad en su propia ineficiencia".

La crítica se profundizó al abordar la situación económica y legal. Aetat afirmó que el reclamo sobre la "precariedad jurídica" es de "absoluta seriedad". Dijeron que esta precariedad, sumada a la inacción del DEM, ha generado una "situación crítica" y provocado el "empobrecimiento y quebranto" de las empresas. Los empresarios afirman que esto es originado directamente en la falta de políticas de este gobierno municipal.

El punto de mayor gravedad de la misiva es la advertencia sobre el futuro inmediato del transporte: alertaron que "la problemática económica se profundiza día a día". Por ello, la Asociación comunicó que, dada la situación, procederá a "adoptar las medidas de urgencia conducentes a evitar el quebranto definitivo de las empresas prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros de San Miguel de Tucumán". Esta advertencia subraya que las empresas se encuentran al borde de un colapso total, y que la Asociación está dispuesta a tomar acciones inminentes para prevenir la paralización irreversible del servicio público.