LOS ÓMNIBUS EN LA CAPITAL
Comenzaron a suspender empleados y anticipan que se reducirán las frecuencias en el transporte
Berretta, vicepresidente de Aetat, cuestionó a la Municipalidad por la falta de respuestas. Reunión con UTA, que se encuentra en alerta por la situación de sus trabajadores.
La situación llegó al límite y las empresas de transporte de pasajeros comenzaron este lunes con la suspensión de personal y, con el correr de los días, probablemente con la reducción de frecuencias en San Miguel de Tucumán. En medio de este conflicto entre la Municipalidad y la cámara del sector, el gremio de trabajadores evalúa la realización de medidas de fuerza.
Este mediodía, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta, confirmó el adelanto de Tendencia de Noticias: comenzaron a regir las primeras suspensiones rotativas de choferes en las empresas urbanas de colectivos. Precisó que son unas 150 las suspensiones, y alertó que habrá una reducción en el servicio durante los próximos días.
"Hace tiempo venimos planteando reclamos y propuestas, y no hemos encontrado respuestas del municipio, que es el poder concedente del servicio”, afirmó el directivo. “Las empresas de San Miguel de Tucumán son las más endeudadas y con mayores dificultades para seguir adelante. Por eso, algunas ya comenzaron con suspensiones rotativas de personal”, amplió.
Tal como adelantó Tendencia de Noticias, el conflicto se agudizó tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Un día después, los empresarios enviaron una nota al municipio en la que responsabilizaron a las autoridades políticas por la crisis del sector, además de advertir sobre un colapso inminente. Allí, la Asociación de Empresarios del Transporte Automor (Aetat) pidió a la Intendencia una reunión urgente para discutir un nuevo modelo de financiamiento: por kilómetro recorrido en lugar de por pasaje vendido.
La respuesta de la Municipalidad fue durísima. Según el fiscal Conrado Mosqueira, la nota de los empresarios precedió a una amenaza de cese inmediato del servicio de transporte público íntimo si no se proveía un subsidio de $2.000 millones. Ante esta situación, el Departamento Ejecutivo advirtió que iniciará una denuncia penal por el Delito de Extorsión.
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