El IPLA defendió a ultranza su rol sancionatorio ante amparos judiciales y críticas por "exorbitantes" multas

El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) emitió un contundente comunicado para respaldar su accionar en materia de control, fiscalización y sanciones, en medio de una ola de críticas en redes sociales y acciones judiciales impulsadas por empresarios de salones de fiesta y entretenimientos. Bajo la intervención de Dante Loza (foto inferior), el organismo calificó las denuncias como "falsas" y los amparos como "improcedentes", afirmando que no afectan la vigencia de las normativas provinciales.

En el comunicado, se enfatiza que "la interposición de sucesivas acciones de amparo –en trámite judicial- en donde se cuestiona las funciones y las facultades de éste Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, no suspenden en absoluto, la vigencia y la autenticidad de la normativa vigentes, ni tampoco exime a la sociedad del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los sujetos alcanzados". El IPLA defiende la constitucionalidad de estas leyes en el ámbito tucumano y califica cualquier intento de obstrucción como "un intento infundado, antijurídico y sin sentido, que no logrará su cometido en lo más mínimo".

Además, el organismo reafirma su compromiso operativo: "Enfáticamente expresamos que el IPLA continúa y continuará ejerciendo plenamente sus funciones de prevención, fiscalización, control y recaudación, conforme lo establece el marco legal vigente". Advierte que "el incumplimiento de las obligaciones de los empadronados y no empadronados respecto de las cláusulas regulatorias de las leyes consignadas, será considerada una infracción y dará lugar a las sanciones previstas por la normativa aplicable". Y agrega: "Razón por la cual, decimos a la sociedad que el incumplimiento de las leyes por su parte, se trata pura y exclusivamente de una decisión propia, cuyos efectos solo afecta a su parte individualmente".

En relación con las fiscalizaciones, la entidad aclara que "los agentes policiales intervinientes en la fiscalización o funciones que cumple el IPLA, lo hacen con plenas facultades y conforme lo establece el art. 34 de la Ley 7.243, no existiendo ilegalidad, intimidación o amenaza alguna pasible de denuncia por tales labores". Finalmente, "desde la Intervención y cada uno de los empleados del organismo, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la protección de la salud pública, e instamos a todos los contribuyentes a actuar con responsabilidad y respeto por el orden jurídico vigente".

Este posicionamiento del IPLA surge en un contexto de tensión judicial. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió recientemente una disputa entre las Salas II y III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, declarando competente a este fuero para tratar la demanda presentada por un grupo de empresarios contra el organismo. Los demandantes –entre ellos Cristhian Osvaldo Arancibia, Sebastián Darío Molina, Héctor Sebastián Valdez, José Oscar Chavarría, Héctor Fabián Parrado, Tucumán Entretenimientos SRL, Eva Carolina De Haro Hohl, Sara Lía Acosta, José María Escobar, Antonio Zapulla y Daniel Andrés Argente– buscan la declaración de inconstitucionalidad del decreto que mantiene la intervención del IPLA (vigente hace 25 años, pese a un plazo estatutario de tres meses), la nulidad de resoluciones y actos, la devolución de pagos considerados ilegítimos, el levantamiento de clausuras y medidas cautelares para frenar sanciones y cobros.

Sistema asfixiante

Representados por la abogada Constanza Bauque, los empresarios mostraron conformidad con el fallo de la Corte. Bauque explicó a Tendencias de Noticias que “la Cámara en lo Contencioso tiene la obligación de resolver nuestro amparo” y que el pronunciamiento “deja en claro que la competencia está definida y eso beneficia a todos los comerciantes que iniciaron acciones en este ámbito”.

Las críticas de los demandantes se centran en el impacto económico: Bauque afirmó que “tanto el canon anual como las multas afectan a todos los que expenden bebidas alcohólicas, no solo a los salones de fiesta”, incluyendo hoteles, bares, restaurantes, supermercados y hostels, con montos “exorbitantes” que parten de 1,8 millones de pesos –“lo que equivale al costo de un año escolar para un hijo”, según un comerciante–. Denunció que “los productores de alcohol están exentos de este tributo, mientras lo paga el pequeño comerciante”, lo que “los está destruyendo” al perseguirlos “hasta que los hacen cerrar, mientras las grandes embotelladoras no realizan ningún aporte”. Además, cuestionó que “no existen políticas claras contra el alcoholismo, solo algunos cursos o charlas aisladas”, mientras el IPLA “sigue recaudando millones con un sistema que asfixia al trabajador que apenas intenta sostener un pequeño negocio”.

El IPLA, por su parte, insiste en su rol preventivo y sancionatorio, mientras el proceso judicial avanza en la Cámara Contencioso Administrativa, despejando incertidumbres pero manteniendo la confrontación entre el organismo y los sectores afectados.