Lo que se estableció como una medida excepcional para atender la emergencia derivada de la pandemia de Covid-19, en febrero de 2021, se terminó consolidando como una regla en el ámbito del Ministerio de Educación de Tucumán, a cargo de Susana Montaldo.
Se trata de una disposición que, oportunamente autorizó la contratación directa de bienes y servicios por parte de esa cartera para permitir el regreso seguro a las clases presenciales, pero que el Gobierno provincial vino prorrogando en los últimos cuatro años.
Mediante el decreto N° 2007/1, que tiene fecha del 18 de julio último, aunque recién fue publicado el martes que pasó, en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de esa norma, originalmente establecida a través del decreto N° 264/1, del 10 de febrero de 2021.
En los considerandos, el instrumento difundido esta semana aclara que “por el artículo 1° de dicho acto administrativo se facultó al Ministerio de Educación a disponer mediante resolución, la contratación en forma directa de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de protocolos, y lineamientos federales y jurisdiccionales para el retorno seguro a las clases presenciales en los establecimientos del Sistema Educativo Provincial, cualquiera sea su financiamiento”.
Además, recuerda que “la vigencia de las medidas allí dispuestas se prorrogó sucesivamente mediante decretos N° 3015/1 del 11 de noviembre del 2021, N° 4232/1 del 15 de diciembre del 2022, N° 1188/1 del 18 de abril del 2023, N° 61/1 del 10 de enero del 2024, N° 2127/1 del 18 de julio de 2024 y N° 4074/1 del 6 de diciembre de 2024”.
El nuevo decreto sostiene que “continúa siendo indispensable contar con las herramientas dispuestas por el citado acto administrativo, en el contexto actual de proliferación de contagios de virus del Dengue y otras situaciones epidemiológicas, como el contagio del virus de la Gripe, no obstante el esfuerzo realizado por el Gobierno mediante la aplicación de vacunas”. En ese contexto, considera necesario “extender su vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2025, para atender toda posible contingencia con la agilidad necesaria que garantice la efectiva prestación de los servicios educativos en todos los establecimientos del Sistema Educativo Provincial”.
El decreto firmado el mes pasado por Jaldo fue refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, con la firma del secretario General de la Gobernación, Federico Nazur.