Acusan al sobrino del juez Mario Leal de pedir U$S 100.000 para influir en un fallo judicial

Una denuncia por presunto tráfico de influencias involucra a un allegado a un integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Según consta en un expediente judicial, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), denunció que le habrían solicitado U$S 100.000 para influir en un fallo favorable en una causa judicial que involucra a su hijo.

La presentación fue realizada el 29 de abril de 2025 ante la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit. Martínez Salazar Pérez acusó a Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como sobrino del camarista federal Mario Leal, de haberle ofrecido el sobreseimiento de su hijo Jerónimo Martínez Parada a cambio de una suma de dinero. Según el denunciante, en la operación también estaría involucrada Solana Esther Casella, pareja de Ontiveros, relatora de Leal y postulante a jueza federal, quien habría sido mencionada como la persona encargada de redactar la resolución.

EN DERECHO: Mario Leal, el juez federal, que también es docente en la UNT.-

De acuerdo al expediente, el primer acercamiento se produjo en 2023, en un bar de San Miguel de Tucumán, donde Ontiveros habría ofrecido el fallo favorable por U$S 100.000. Martínez Salazar Pérez afirmó haberse negado en ese momento. Dos años más tarde, el 15 de abril de 2025, las comunicaciones se habrían reanudado. En un nuevo encuentro, esta vez en Yerba Buena, la propuesta habría sido reiterada por U$S 80.000, con la promesa de revertir un pedido de prisión preventiva. Según la denuncia, el pago sería dividido en dos partes, con entrega final 15 minutos antes de la publicación de la resolución.

El denunciante aseguró haber grabado la conversación con un micrófono oculto y entregó además capturas de pantalla, fotografías y videos como prueba. También señaló que, tras la denuncia, la única demora significativa en el fallo fue atribuida al juez Leal.

Durante la investigación, el fiscal Chit identificó que Ontiveros utilizaba un vehículo Fiat Toro registrado a nombre de la Corte Suprema de la Nación, asignado a la vocalía de Leal. Asimismo, se estableció que Ontiveros utilizaba una billetera virtual vinculada al juez y que mantenía un vínculo personal con él. Casella, según se determinó, es relatora asignada a Leal, mientras que un hermano de Ontiveros también trabaja en el Poder Judicial.

Ontiveros negó las acusaciones y denunció un supuesto montaje. En declaraciones a LA GACETA, afirmó que todo era un “montaje” para “ensuciar” a su pareja, Solana Casella, quien es candidata a jueza federal. También presentó una contradenuncia por falso testimonio contra Martínez Salazar Pérez, alegando que la intención era anular la causa contra su hijo, quien enfrenta cargos por lavado de activos y asociación ilícita en Catamarca. Cuestionó las medidas judiciales adoptadas, como la intervención de sus comunicaciones y el secuestro de su teléfono celular, y anunció la recusación del juez subrogante José Manuel Díaz Vélez.

ESCÁNDALO: terremoto en los tribunales federales.-

Uno de sus abogados, Camilo Atim, también dialogó con LA GACETA y declaró: “Lo primero que quiero aclarar es que se trata de una denuncia falsa, armada y guionada. El objeto es perjudicar a mi cliente y a su pareja, Solana Casella, quien actualmente se encuentra en la terna para cubrir el cargo de Juez Federal 1 con Competencia Electoral de Tucumán”.

Sobre la acusación puntual, Atim agregó: “Es absolutamente falso que Ontiveros le haya pedido U$S 100.000 a Martínez Salazar para obtener un voto favorable. En ninguna parte de la denuncia el denunciante indicó que el pedido de dinero fuera para obtener un voto favorable del doctor Leal”.

El abogado remarcó que “la sentencia que supuestamente le ofrecieron al denunciante para su hijo, salió por unanimidad de los cinco vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. ¿De qué puede servir un solo camarista si son cinco los que deciden?”.

Atim también se refirió al rol de Casella: “El denunciante afirmó que Luis Ontiveros le habría requerido grandes sumas de dinero a cambio de hacer valer sus influencias por medio de su esposa, quien era relatora de un juez de la Cámara Federal y que ‘tenía el tema para resolver’”. Según el letrado, esto no sería posible porque “Casella estuvo de licencia por maternidad todo el tiempo que tramitó la causa, y además nunca fue relatora asignada a ese juicio”.

“El denunciante intenta variar mediáticamente su relato, respecto de lo que dijo en la denuncia, y esta vez tratando de desprestigiar a un distinguido magistrado”, añadió Atim. Y aclaró: “Este tipo de delitos sólo lo podrían cometer los jueces o fiscales. Una relatora no posee esas facultades ni funciones, ya que solo cumple órdenes directas de los jueces”.

EN TRIBUNALES: el abogado Camilo Atim.-

Sobre el material presentado, Atim señaló: “Martínez Salazar Pérez con su denuncia aportó un audio donde según él estaba la prueba de los hechos. Pero en el mismo expediente consta un informe de Gendarmería del único audio y ¿saben qué dice? Que es inaudible”.

“La única verdad acá es que en todo el expediente no existe una sola prueba que mi defendido hubiera solicitado dinero a cambio de cualquier tipo de influencia”, concluyó.

El juez Díaz Vélez autorizó la intervención de las comunicaciones y el secuestro del teléfono de Ontiveros, operativo que se concretó el 4 de junio. Según consta en el expediente, al momento del procedimiento Ontiveros intentó entregar el dispositivo apagado a su hermano.

El 11 de agosto, el juez confirmó a Martínez Salazar Pérez como querellante en la causa y rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa.

El peritaje del celular se realizó el 20 de agosto por parte de peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Se extrajeron datos que fueron puestos a disposición de la Justicia para continuar con la investigación. Los investigadores trabajan ahora con una “nube” de palabras clave para identificar posibles elementos de prueba. La Fiscalía aún no ha definido si solicitará la indagatoria formal de Ontiveros como imputado.

LA GACETA intentó obtener la versión del camarista Mario Leal, pero no obtuvo respuesta tras varios intentos de contacto por distintas vías.