En un contundente pronunciamiento, el diputado nacional Roberto Sánchez y la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez elevaron una enérgica denuncia contra la gestión de los fondos públicos por parte del gobierno provincial, basándose en un informe crítico del Tribunal de Cuentas. Los referentes de la oposición apuntan a serias irregularidades en la rendición de cuentas correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, cuya falta de tratamiento en la Legislatura provincial constituye, según afirman, una violación de la normativa constitucional. La magnitud de las discrepancias detectadas, especialmente en la deuda pública y en la asignación de recursos a comunas rurales, los llevó a exigir la inmediata constitución de una Comisión Especial para analizar las Cuentas de Inversión, en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la Ley Provincial de Responsabilidad Fiscal.
Sánchez, con un tono de profunda preocupación, señaló las anomalías detectadas por el Tribunal de Cuentas en el manejo financiero del gobierno provincial: “Estoy muy preocupado con este informe que salió de la entidad de las cuentas de inversiones, que ha sido analizado por el Tribunal de Cuentas, y vemos las grandes irregularidades que ha manifestado justamente el ente de control en la administración de lo que es el gobierno provincial”. El candidato a diputado en primer término por el frente Unidos por Tucumán destacó que el proceso presupuestario comienza con la planificación de ingresos y gastos, pero es en la rendición de cuentas donde se evalúa la ejecución real. En este sentido, el Tribunal de Cuentas identificó “enormes dificultades” y una “falta de transparencia” que, según Sánchez, comprometen la integridad de la gestión pública. “Para que tengamos una idea, inicialmente se hace el presupuesto que se determina de dónde vienen los recursos y a dónde lo vamos a colocar. Eso es presuponer. Pasa todo el año y después es la rendición de cuentas. Eso es lo que está analizando ahora, la rendición de cuentas, que es la cuenta de inversión y a donde el Tribunal de Cuentas ha encontrado enormes dificultades, falta de transparencia”, afirmó.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la discrepancia en la deuda pública declarada. Mientras el gobierno provincial reporta una deuda de $102.000 millones, el Tribunal de Cuentas estima que el pasivo real asciende a $465.000 millones, una diferencia de casi cinco veces. Esta brecha, según los legisladores, pone en evidencia una gestión opaca que dificulta el control efectivo de los recursos públicos.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fue categórica al señalar que la administración provincial opera con una falta de rigor contable que compara con “un almacén de barrio”. La parlamentaria radical destacó que, según el Tribunal de Cuentas, existen partidas globales sin desglose detallado, particularmente en los fondos destinados a las 93 comunas rurales, lo que imposibilita una auditoría adecuada. “Estamos hablando hasta este momento de $249.700 millones que es lo que mandan a comunas y municipios y que están puestos en un solo monto. ¿Cómo se puede auditar esto?”, cuestionó. Además, denunció que la Contaduría General de la Provincia mantiene una contabilidad paralela al sistema oficial SAFyC (Sistema de Administración Fiscal y Control), lo que agrava la opacidad. “Lo que dice el Tribunal de Cuentas es que hay fondos en descubierto que encima no tienen ni siquiera las autorizaciones administrativas y que no figuran como parte deuda pública. Partidas o anticipos que se dan o fondos que están ya listos para que se paguen y está firmada la autorización para el pago y que tampoco están registrados como deuda”, explicó Elías de Pérez.
Ambos referentes opositores hicieron hincapié en que la falta de transparencia facilita prácticas corruptas, citando casos como el de la municipalidad de Banda del Río Salí, donde se detectaron extracciones millonarias sin justificación, y el enriquecimiento indebido de funcionarios en comunas rurales. Sánchez señaló: “Así aparecen las cuestiones de corrupción que existen, por ejemplo, para decir algunas, el caso de Las Cejas, que vemos cómo se han enriquecido esas personas que trabajan allí, las obras que se hicieron por cuenta de la comuna rural, lo que pasó hace muy poco con lo que es la detección de cantidad de cheques que salen por ventanilla, en el caso de la municipalidad de la Banda del Río Salí”. En este contexto, los legisladores subrayaron que la corrupción tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los tucumanos. “Cuando hay corrupción, claramente, la corrupción mata, cuando hay corrupción no hay educación, no hay salud, no hay infraestructura y obviamente no tenemos un desarrollo económico con la provincia viable”, afirmó Elías de Pérez.
Pedido formal
El incumplimiento de la obligación constitucional de revisar las Cuentas de Inversión es otro punto crítico. Según la Constitución de Tucumán, la Legislatura debe formar una Comisión Especial para evaluar la Cuenta General del Ejercicio, un proceso que debe culminar antes del 31 de diciembre para evitar que las cuentas queden aprobadas de facto tras dos períodos legislativos sin tratamiento. Sin embargo, las Cuentas de Inversión de 2023 y 2024 aún no han sido debatidas. “La Constitución dice con claridad que la legislatura tiene que formar una comisión especial para que cuando mandan la Cuenta de Inversión del año anterior con lo que dice el Tribunal de Cuentas, técnicamente, nosotros debemos analizarlo y si no el 31 de diciembre eso que dice el Tribunal de Cuentas, queda como si fuese nuestro dictamen”, explicó Elías de Pérez. Sánchez añadió: “Se va a hacer una presentación en la Cámara para que se trate primero la cuenta de inversión o la rendición de cuentas del año 23, que todavía no será tratado y también que se trate la cuenta de inversión del año 24, que todavía no se le ha tratado, estamos a tiempo para que podamos los tucumanos saber dónde van a parar los recursos”.
En respuesta a estas irregularidades, Sánchez y Elías de Pérez presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura provincial para la creación de una Comisión Especial que analice la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2024, conforme al artículo 109 de la Ley N° 6.970 de Administración Financiera. El proyecto, fundamentado en el Acuerdo N° 3883 del Tribunal de Cuentas del 11 de septiembre de 2025, subraya la necesidad de cumplir con la normativa vigente y garantizar la transparencia en la gestión pública. “La transparencia en la información sobre la ejecución presupuestaria es fundamental para la ciudadanía ya que mejora la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos, permitiendo así mayores fondos para servicios esenciales”, reza el texto del proyecto. Además, destaca que la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas, mediante la Ley Provincial 9095, obliga a la publicación de la Cuenta de Inversión como un pilar de credibilidad en las cuentas públicas. “La conformación de la Comisión Especial demuestra el compromiso de la Honorable Legislatura con el fortalecimiento de la gestión pública y con una provisión de los servicios públicos con mayor calidad y eficiencia”, agrega.
Los legisladores también hicieron referencia a antecedentes históricos que refuerzan la gravedad del problema. Elías de Pérez recordó que, desde la gestión de José Alperovich, los legisladores no tienen acceso completo a las Cuentas de Inversión, a pesar de ser un derecho constitucional. “Desde la época de Alperovich no tenemos acceso ningún legislador, a pesar que la Constitución lo dice a la cuenta de inversión completa”, afirmó. Este patrón de opacidad, combinado con las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre fondos no rendidos, como los destinados a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo o al Ministerio de Educación, y la falta de un sistema contable confiable en las comunas rurales, llevó a los referentes opositores a exigir un cambio estructural en la administración provincial. “Necesitamos una provincia que verdaderamente sea transparente y que maneje los fondos de los tucumanos de cara a los tucumanos”, sentenció Elías de Pérez.
El informe del Tribunal de Cuentas, ampliamente difundido por Tendencia de Noticias en sucesivos informes, puso en evidencia un sistema de gestión financiera que, según los legisladores, carece de los controles necesarios para garantizar la integridad del erario público. La magnitud de las irregularidades, desde la subdeclaración de la deuda hasta la falta de detalle en la asignación de recursos, plantea un desafío urgente para la Legislatura y el gobierno provincial. Sánchez y Elías de Pérez insisten en que la constitución de la Comisión Especial y el análisis inmediato de las Cuentas de Inversión de 2023 y 2024 son pasos imprescindibles para frenar posibles hechos de corrupción y devolver a los tucumanos la confianza en la gestión de sus recursos. “Queremos que los tucumanos sepamos a dónde van a parar los recursos de los tucumanos”, concluyó Sánchez.