Amplían en $1.000 millones un convenio para fomentar el turismo que despertó críticas por el uso de los fondos

El gobierno de la provincia de Tucumán, representado por el gobernador Osvaldo Jaldo, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a cargo de su secretario general Ignacio Lamothe, suscribieron el 1 de septiembre pasado una adenda que incrementa en $1.000 millones el convenio original para la "Promoción de la Producción, el Turismo Sustentable y el Desarrollo de las Industrias Culturales". Con este ajuste, el monto total asciende $2.500 millones, según consta en el documento oficial. "Con posterioridad a la celebración del referido Convenio 'la Provincia' ha decidido llevar adelante nuevas acciones vinculadas al objeto del convenio, durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente año", señala el texto, justificando la necesidad de modificar el presupuesto estipulado inicialmente.

El convenio original, firmado el 26 de junio de 2025, establecía un aporte de $1.500 millones en tres cuotas de $500 millones cada una, de las cuales el CFI ya pagó dos, totalizando $1.000 millones. Esta adenda busca reforzar las iniciativas previstas, enfocadas en diversificación productiva, generación de empleo genuino, aumento de productividad y competitividad. "A tales fines, es necesario modificar tanto el presupuesto estipulado en el Convenio", añade el acuerdo, al destacar la voluntad de ampliar el alcance de las acciones planificadas.

Objeciones

La aprobación, el 28 de agosto pasado, de la primera etapa del convenio en la Legislatura, tras un debate marcado por la controversia, reflejó las tensiones entre oficialismo y oposición. Los sectores refractarios al PJ cuestionaron la transparencia en el uso de los fondos ya girados, poniendo en duda la eficacia de las políticas públicas en un contexto de crisis turística. Carlos Gallia, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, había defendido el acuerdo original al detallar sus objetivos: “Es un convenio de colaboración para la promoción de la producción, el turismo sustentable y el desarrollo de las industrias culturales y creativas en la provincia, con el fin de avanzar hacia la diversificación productiva, la generación de empleo genuino y el aumento de la productividad y competitividad. La provincia ejecutará los fondos conforme a sus normas de administración, rindiendo cuentas al Tribunal de Cuentas y acreditando dichas presentaciones ante el CFI, informando sobre políticas, planes, programas y acciones realizadas, detallando objetivos, destino de los fondos, evaluaciones de impacto y poblaciones beneficiadas".

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. El legislador Carlos Verón Guerra, de Fuerza Republicana, expresó su rechazo: “No podemos acompañar esta iniciativa porque pedimos que vinieran a la Comisión de Turismo a explicarnos en qué se gastaron el 50% de la plata enviada, que son $1000 millones en dos cuotas. Hay un desequilibrio: turismo se lleva $647 millones y cultura $353 millones. No hay rendición de cuentas de cultura, y en turismo no hicieron bien los deberes, porque, según el presidente de la Cámara de Turismo, Tucumán recibió un 12% menos de turistas en 2024 que el año anterior, y la Capital entre un 9% y un 10% menos. Gastaron $500.000 en cajas de vino, $380.000 en tres cajas más, $1,5 millones en una ronda de negocios multisectorial sin especificar con quién, $1 millón en una producción musical, $35 millones en pasajes aéreos, $40 millones en Google Ads y $26 millones en pautas publicitarias. No hay precisión, no hay facturas, no vinieron a explicarlo. Sería una escribanía a ciegas aprobar esto, y en épocas electorales necesitamos claridad”.

Raquel Nievas, de Trabajando por Tucumán, secundó las críticas: “Mi voto es totalmente negativo. El corto plazo del convenio, hasta diciembre de 2025, implica una deficiencia total, una ineficiencia. No se pueden proyectar resultados con un impacto limitado, sin una distribución territorial clara. No es transparente, y pensar que $1500 millones puedan tener un impacto positivo en menos de seis meses es ilusorio”.

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, había sostenido que "el Tribunal de Cuentas es el órgano de control por ley, y cualquier gasto del Ejecutivo debe llevar su firma. El pedido de que los funcionarios concurran a las comisiones es válido, pero corre por cuerdas separadas. La situación del país afectó a muchas provincias, y Tucumán no está tan golpeada como otras. Aprobamos este convenio porque es importante para mantener la cantidad de turistas, internos o externos”.