La Provincia ofreció pagar $183 millones en 2026, pero Terminal del Tucumán SA le reclama $1.500 millones

La disputa legal entre la concesionaria Terminal del Tucumán S.A. y la Provincia ha dado un nuevo giro judicial tras la presentación de un escrito por parte del Gobierno ante la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo. Mediante el documento, firmado por el abogado Aldo Luis Cerutti, el Estado impugna de manera categórica la base regulatoria propuesta por la parte demandante. Es decir, la Provincia busca que se desestime uno de los pedidos indemnizatorios; en este caso, por casi $ 1.500 millones.

Según el letrado, la suma reclamada es "marcadamente improcedente". El principal argumento de la Fiscalía de Estado radica en la enorme diferencia entre la cifra propuesta para la regulación de honorarios y el monto de condena real y actualizado reconocido por las autoridades provinciales.

El representante de la Provincia citó el informe del Director del Registro de Sentencias Condenatorias, según el cual el importe actualizado de la condena, en función de las sentencias dictadas en el expediente y la fecha de actualización propuesta (31/03/2025), asciende a $183,5 millones. Este es el monto que el Registro consideró para la continuación del trámite de pago previsto por la Ley Provincial (LP) 8851, "el cual será abonado durante el ejercicio presupuestario 2026".

El Estado subraya que la base regulatoria propuesta por la demandante por más de $1.462 millones no se ajusta a los términos concretos de la pretensión resarcitoria, ni a la determinación de la indemnización reconocida en favor de la parte demandante, ni a la actualización establecida por el Tribunal según sentencia firme.

Este pleito se da justo en medio del proceso de finalización del vínculo entre la concesionaria y la Provincia, cuya fecha límite es el 27 de octubre. El Gobierno ya notificó a Terminal del Tucumán SA que no le renovará la concesión, sino que llamará a licitación para la explotación del servicio. En paralelo, en otro juicio similar, la saliente firma le reclama al Estado una suma de $ 2.600 millones.

Los argumentos

La representación legal de la Provincia insistió en que la pretensión resarcitoria esgrimida por Terminal del Tucumán S.A. en el juicio de Daños y Perjuicios (Expte. 824/06) fue promovida sin expresar un monto económico concreto y determinado. Desde esta perspectiva, la demanda debería tratarse como un “proceso sin monto determinado”.

El Estado provincial también resaltó que la sentencia firme que determinó el resarcimiento fue la sentencia 820/2017, y que esta decisión adquirió firmeza definitiva el 29 de febrero de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el Recurso Extraordinario Federal promovido por la Provincia.

Es crucial, según el Estado, que esta sentencia firme dispuso expresamente que la actualización del capital de condena sea realizada con la aplicación de la tasa activa del Banco Nación. Por lo tanto, si la demanda fue promovida sin determinar el monto, la base regulatoria no puede ignorar el capital de condena actualizado según los propios términos fijados por el Tribunal en la Sentencia judicial firme.

Sobre esos argumentos, el Estado provincial solicitó a la Cámara desestimar por improcedente la base regulatoria propuesta por la representación letrada de la Terminal del Tucumán SA.