El ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad, se manifestó en torno al dictamen desfavorable emitido por el Tribunal de Cuentas (TC) respecto a la gestión de los fondos nacionales correspondientes al ejercicio 2024. El Acuerdo Nº 3883 del TC, que analiza la Cuenta de Inversión elaborada por la Contaduría General de la Provincia, expuso críticas a la metodología de registración de los recursos federales, calificándola como un obstáculo para la transparencia y la trazabilidad financiera. Sin embargo, Abad defendió la postura oficial, argumentando que las irregularidades señaladas responden a limitaciones impuestas por los convenios nacionales y no a un mal manejo de los fondos.
En diálogo con Tendencia de Noticias, el funcionario de la administración de Osvaldo Jaldo explicó: “El dictamen desfavorable es respecto a la registración y exposición de los recursos nacionales, es decir, sobre la metodología del registro. No hay ningún tipo de cuestionamiento de los fondos, es más, el TC alude que todos los datos han sido cruzados exitosamente con Nación”. Según el titular de la cartera económica, las dificultades radican en las condiciones establecidas por el gobierno nacional para la transferencia de recursos: “Cabe destacar que la metodología de registro queda condicionada o es producto de los convenios suscriptos donde, muchas veces por una cuestión de comodidad o de costos de Nación, se indica como cuenta receptora la cuenta general de la provincia abierta en el Banco de la Nación Argentina (BNA), situación que ocasiona más registros y una remisión indirecta o posterior de los fondos hacia las cuentas ejecutoras de los programas abiertas en el Banco Macro”.
El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, contenido en el Acuerdo Nº 3883 firmado por Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (presidente y vocales, respectivamente, del TC), pone el foco en las deficiencias estructurales del sistema de registración de los fondos nacionales. El organismo de control externo señaló que la centralización de las funciones de registro en la Tesorería General de la Provincia, en lugar de permitir que cada jurisdicción administre directamente sus recursos, contraviene lo dispuesto por los artículos 11 y 46 de la Ley 6.970 de Administración Financiera y la Ley 5.673 de Cuentas Especiales. Según el TC, esta práctica “no resulta eficaz a los efectos de poder cumplir las metas y objetivos establecidos para la prestación de servicios o la producción de bienes”. Además, el informe critica la fragilidad documental, indicando que la Tesorería General utiliza extractos bancarios como sustento, sin contar con la documentación respaldatoria que permanece en manos de las reparticiones ejecutoras.Otro aspecto medular del dictamen es la metodología de acreditación de los fondos de afectación específica, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El TC constató que estos recursos ingresan primero a cuentas transitorias, como la cuenta corriente “Banco Nación Argentina – Rentas Generales”, para luego ser transferidos a cuentas específicas en el Banco Macro, generando demoras y diferencias entre las fechas de registro presupuestario y las transferencias efectivas. El organismo recomendó un “flujo directo y transparente” para evitar “transferencias bancarias innecesarias, registraciones erróneas o duplicadas y una tardía aplicación de los fondos”. En este sentido, el dictamen concluye que “no se da cumplimiento” a las normativas vigentes, justificando el pronunciamiento desfavorable al cierre del ejercicio 2024.