La jueza de Nueva York, Loretta Preska (foto inferior), le ordenó a la Argentina entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y ex funcionarios, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su antecesor, Sergio Massa.
La orden se conoció después de que los abogados del Estado argentino presentaran un escrito ante la Corte de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo de Preska que obliga a ceder el control del 51% de las acciones de YPF.
En su presentación, Argentina advirtió que ejecutar la orden de entrega de las acciones de YPF “causaría un daño irreparable a la República” y “podría desatar un conflicto diplomático significativo” con Estados Unidos.
En el escrito, el país sostuvo que la orden de la magistrada “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero” y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.
Además, el Gobierno remarcó que el interés público se ve favorecido por la suspensión, ya que la ejecución del fallo afectaría a YPF, a sus accionistas y al pueblo argentino.
Los fondos buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (Enarsa) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Es decir, que no tienen independencia operativa y legal, y que actúan como una extensión del propio Estado. Esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar una indemnización de US$16.100 millones, más intereses.
“Los beneficiarios del juicio por YPF buscan embargar activos soberanos. Para eso, necesitan acceder a toda la información vinculada con las empresas que podrían ser consideradas alter ego de la República”, explicó Sebastián Maril, director de Research for Traders y especialista en los litigios contra la Argentina en el exterior.
Acoso judicial
“Lo que alegan, y con lo que lograron convencer a la jueza Preska, es que funcionarios y exfuncionarios argentinos —entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa— usaron plataformas como WhatsApp o Gmail para realizar funciones públicas, en lugar de canales oficiales del Estado. Por eso, solicitan conocer si en esos medios hay datos que puedan facilitar el embargo de activos”, añadió.
Entre los funcionarios alcanzados por la orden judicial se encuentran también el asesor presidencial Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
El Gobierno argentino rechazó el pedido, lo calificó como “acoso” judicial y denunció que los demandantes buscan modificar las condiciones de la negociación con esta solicitud.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación.