Como Milei, un legislador radical propone la eliminación del IPLA

El legislador tucumano José Seleme, del bloque Avanza Tucumán, presentó un proyecto de ley que propone la derogación del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), al que calificó como “un organismo que perdió su razón de ser y solo sirve para recaudar y presionar a los contribuyentes”. Se trata de uno de los organismos que permanecen intervenidos en la Provincia desde el alperovichismo y que, pese a los reclamos opositores, jamás fueron normalizados.

“Al IPLA hay que cerrarlo definitivamente. No modificar la ley, ni reformularla ni buscar una alternativa para seguir sosteniéndolo. Hace años que dejó de ser un organismo dedicado a la prevención y asistencia contra el alcoholismo. Hoy solo recauda y complica a quienes quieren trabajar en regla”, afirmó Seleme, quien cuestionó el doble cobro de impuestos a comerciantes que venden bebidas alcohólicas.

Según el legislador, sostener el IPLA significa mantener una estructura que superpone funciones con los municipios y genera una “doble imposición innecesaria”: “Un comerciante ya paga Ingresos Brutos y, además, debe pagar un impuesto disfrazado de permiso al IPLA. Es injusto y no tiene sentido”.

En el proyecto, Seleme detalla que el IPLA nació con funciones sanitarias y preventivas, pero que sucesivas reformas legales -entre 2004 y 2007- le quitaron esas competencias, destinando el 100% de los fondos recaudados al propio funcionamiento del ente. “El IPLA se convirtió en un círculo vicioso: recauda para sostenerse. Los fondos ya no van a campañas de concientización ni a la atención de personas con problemas de consumo. Solo financia su propia burocracia”, explicó el parlamentario.

El legislador también cuestionó que el IPLA esté intervenido desde hace 20 años por el Poder Ejecutivo, sin que la Legislatura haya sido notificada, como exige la ley. “No solo funciona mal, sino que además lo hace fuera de todo marco legal”, advirtió.

Asimismo, subrayó que la actividad de fiscalización y habilitación de locales comerciales “es competencia natural de los municipios, como lo establece la Ley Orgánica Municipal”. “Un comerciante debe habilitarse en su municipio y luego volver a pagar para habilitarse en el IPLA. Es injusto, costoso y burocrático. Esto no tiene sentido. La provincia cobra ingresos brutos y además cobra otro impuesto más por la misma actividad”, cuestionó.

En cuanto al futuro de los empleados del ente, el proyecto establece que todos los trabajadores serán reubicados dentro del Estado provincial, respetando sus derechos y garantizando su estabilidad laboral. “No estamos hablando de dejar trabajadores en la calle, al contrario. Estamos hablando de hacer más eficiente al Estado, simplificarle la vida a la gente y que los recursos se usen donde se necesitan, no en sostener estructuras que ya no sirven”, remarcó.

Para cerrar, Seleme enfatizó que la eliminación del IPLA no afectará la lucha contra las adicciones ni la fiscalización: “La prevención seguirá a cargo de la Secretaría de Adicciones y el control de locales lo harán los municipios. Lo que buscamos es orden, eficiencia y menos presión fiscal sobre los que producen y generan empleo”.