Susana Trimarco negó haber alquilado un inmueble del Estado y habló de una “difamación” en su contra

Susana Trimarco rompió el silencio tras la denuncia penal que presentaron los ciudadanos Jhonathan David Aguilar y Cynthia Rosa Gaitán ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, en la que la acusan de haber alquilado un local en Pasaje Sargento Gómez 60, en el Bajo de la capital tucumana. El inmueble —según consta en el expediente— pertenece al Estado Nacional y había sido entregado a la Fundación María de los Ángeles en comodato para fines institucionales.

Los denunciantes, patrocinados por el abogado Ernesto Baaclini, sostienen que Trimarco cedió el lugar en locación a través de su apoderado, Augusto Reinoso, el 7 de agosto de 2024, a cambio de una “llave” de seis millones de pesos y un canon mensual de tres millones. Aportaron como prueba audios en los que, aseguran, la dirigente les reclamaba esos pagos.

Frente a esas acusaciones, Trimarco ofreció una conferencia de prensa, en la que rechazó las imputaciones y apuntó contra el abogado querellante, con quien tiene una enemistad desde hace varios años. “No hay ninguna denuncia en contra de nosotros. Es una mentira total. Viene, como siempre, de Baaclini. Si fuera un profesional serio no estaría inventando tantas cosas”, sostuvo.

La dirigente explicó que el espacio fue entregado a la Fundación tras un juicio por trata de personas y que el inmueble estaba en condiciones deplorables cuando lo recibieron. “Era espantoso cómo estaba todo destruido. Lo arreglamos como pudimos y hasta nos robaron las herramientas mientras trabajábamos ahí”, relató.

Trimarco dijo que el acuerdo con los ocupantes fue temporal y de cooperación, no un alquiler formal. “No había ningún contrato de locación. Se trató de una ayuda mutua para sostener los gastos básicos de la Fundación: luz, teléfono, gas. No se puede hablar de alquiler porque el inmueble no podía alquilarse”, afirmó.

También explicó que, al detectar presuntas irregularidades por parte de las personas con las que habían llegado a ese entendimiento, decidió desvincularse y devolver el espacio. “Cuando supe que había denuncias contra esa gente, fui al Juzgado Federal y entregué todo. No quiero saber más nada con ese lugar”, declaró, en alusión al local allanado días atrás en una investigación por la venta de mercadería ingresada ilegalmente al país.

La presidenta de la Fundación María de los Ángeles vinculó la denuncia con lo que definió como una “campaña de difamación” en su contra y cuestionó la trayectoria de Baaclini. “Siempre me persiguió. Fue abogado de los Ale y de narcotraficantes. Me maltrata y me ha difamado durante años”, recordó.

Trimarco defendió la transparencia de su trabajo y de la institución que dirige, dedicada desde hace años a la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. “La Fundación no debe un peso a nadie. Tenemos los balances aprobados y el respaldo del Ministerio de Justicia y de la Embajada de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esa gente me apoyaría si yo fuera una corrupta?”, planteó.

Visiblemente conmovida, sostuvo que el ataque afecta su honor y la memoria de su hija, Marita Verón, desaparecida en 2002. “Yo no voy a ensuciar el nombre de mi hija. Llevo 24 años de lucha. A mí nadie me va a venir a ensuciar, porque vivo de mi trabajo y de una jubilación. No tengo necesidad de nada”, enfatizó.

Por último, aseguró que el inmueble en cuestión “ya fue devuelto hace meses” y que la Fundación sigue centrada en su tarea de asistencia a víctimas de trata. “Todo está claro y rendido. El lugar fue entregado en mayo y nosotros seguimos trabajando como siempre: ayudando a mujeres que necesitan justicia y contención”, concluyó.