
El Gobierno de Tucumán dio un paso clave para consolidar uno de los proyectos de infraestructura más importantes del turismo y la conectividad provincial: la licencia y modernización integral de la Terminal de Ómnibus local. La novedad radica en el pliego nacional de licitación aprobado recientemente, que exige una alta inversión y fija plazos claros para la presentación de ofertas y el inicio de obras.
El decreto 3.945/8, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, habilita el pliego de bases y condiciones que regirá la próxima concesión por 20 años de la Terminal de Ómnibus, ubicada en avenida Brígido Terán 250. Según el documento oficial, "la empresa o consorcio que resulte adjudicatario deberá invertir como mínimo 7 millones de dólares para refuncionalizar y modernizar las instalaciones.
La inversión exigida incluye una transformación integral de la infraestructura, con la mejora de accesos, andenes, tecnología y servicios para usuarias y usuarios, además de la incorporación de servicios comerciales y gastronómicos más organizados.
El pliego establece que esa inversión "deberá ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años a partir del inicio de las obras, para asegurar que la terminal no pierda operatividad durante el proceso". El cronograma que fija la Provincia marca fechas concretas para el calendario administrativo de este proyecto: el 10 de marzo de 2026 es la fecha límite para la presentación de propuestas por parte de las empresas interesadas en disputar la concesión. Luego, tras esta presentación, se prevé que la comisión de preadjudicación disponga de unos 45 días para evaluar las ofertas y avanzar en la elección del concesionario.
Vale recordar que aunque el contrato anterior venció el 27 de octubre de 2025, se otorgó una prórroga hasta el 27 de abril de 2026 para facilitar la transición y la entrega de las instalaciones por parte de la concesionaria vigente. Además, la extensión también buscó dar tranquilidad a los más de 100 trabajadores que dependen directa o indirectamente del funcionamiento de la terminal, evitando incertidumbres laborales y operativas.
Más allá del monto mínimo exigido, el proyecto que será base para la llamada a licitación contempla una intervención integral que incluye:
Jerarquización de los accesos peatonales y reordenamiento del estacionamiento.
Modernización de los andenes con nueva señalización LED y infraestructura.
Renovación de servicios básicos como sanitarios y áreas de circulación.
Apertura y puesta en valor del sector vinculado a la estación de servicio para uso público.
En palabras del gobernador Jaldo y del ministro de Obras Públicas y Transporte, Marcelo Nazur, la modernización de la terminal no sólo busca mejorar la experiencia de pasajeros y operadoras, sino también posicionar a Tucumán como un centro de conexión regional estratégico y una “puerta de ingreso” más digna para visitantes.
Un litigio que corre en paralelo
Tal como informó en exclusiva Tendencia de Noticias, entre la saliente concesionaria y el Gobierno se mantiene un largo pleito judicial que aún no se resolvió.
Terminal del Tucumán S.A., la empresa que explotó la estación desde su inauguración en 1994 y cuya concesión venció, inició al menos dos demandas contra el Gobierno provincial, reclamando compensaciones económicas por la forma en que se implementaron los denominados “toques de andén” -concepto por el cual las operadoras de colectivos pagan por el uso de las plataformas de embarque- que, según la empresa, no se aplicaron de manera efectiva.
En uno de esos juicios, que data de 2006 (expediente 824/06), existe una sentencia firme a favor de la concesionaria por $183 millones, aunque la empresa reclama que el monto sea actualizado hasta unos $1.462 millones. El Gobierno provincial rechazó esa actualización y remarcó que el único monto reconocido y ya inscripto para pago en 2026 es el original fijado por sentencia.
En una segunda causa iniciada en 2022 (expediente 655/22), la empresa busca alrededor de $2.600 millones adicionales por diferencias en la aplicación del toque de andén, pero este caso se encuentra aún en etapa probatoria.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, sostuvo que las cifras reclamadas por la concesionaria “no guardan relación con la realidad económica del proceso” y afirmó que, incluso en el caso con sentencia firme, el monto que eventualmente podría pagarse es “muy inferior a lo que la empresa viene anunciando”. Además, destacó que en el caso de la demanda aún en curso no hay aún montos definidos oficialmente.