DEUDA DE LA DEMOCRACIA
Apuntan a debatir la trunca reforma electoral a mediados de 2026
La legisladora Raquel Nievas presentó un proyecto de resolución para que la Presidencia de la Cámara y las comisiones activen el tratamiento de la reforma política y electoral, luego de que las internas del oficialismo frustraran el debate a fines de este año.
Tras el fallido intento de avanzar a fines de 2025 con una discusión de fondo sobre el sistema electoral tucumano, la reforma política vuelve a instalarse en la agenda legislativa con un nuevo impulso antes que culmine el año. La legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita formalmente que el presidente de la Cámara y principal impulsor de la iniciativa reformista, Miguel Acevedo (foto inferior) y las comisiones con competencia en la materia dispongan las medidas necesarias para garantizar el análisis y debate de las iniciativas existentes durante el 2026.
La propuesta surge luego de que las tensiones internas dentro del justicialismo provincial bloquearan el tratamiento parlamentario de una serie de proyectos que apuntan a modificar reglas centrales del sistema político y electoral, tales como limitación de acoples, boleta única electrónica o de papel, paridad de género, ficha limpia. Frente a ese escenario, Nievas busca reencauzar la discusión en el ámbito institucional que corresponde y fijar plazos concretos para evitar nuevas dilaciones.
En el articulado del proyecto, la legisladora insta a la Presidencia de la Cámara y a las comisiones respectivas a “disponer las medidas necesarias para garantizar el efectivo tratamiento parlamentario del proyecto de Reforma Política y Electoral, mediante la convocatoria a reuniones de comisión y la fijación de un cronograma público de labor legislativa”. Además, solicita que ese cronograma contemple como fecha límite el 30 de junio de 2026 para su tratamiento en el recinto, incorporando instancias de debate “amplio, plural y democrático”.
El texto remarca que el proceso debe asegurar “la participación de la totalidad de los bloques parlamentarios, de actores institucionales, académicos y de representantes de la sociedad civil”, con el objetivo de dotar a la discusión de legitimidad política y respaldo social.
En los fundamentos, Nievas sostiene que la reforma política y electoral constituye “una de las discusiones centrales para el fortalecimiento del sistema democrático, la transparencia institucional y la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales”. En esa línea, subraya que, en el marco del sistema republicano consagrado por las constituciones provincial y nacional, es función propia e indelegable del Poder Legislativo debatir y eventualmente sancionar las normas que regulan el sistema político.
La legisladora advierte que la demora en abordar una reforma de esta naturaleza no es un dato menor. Según señala en la exposición de motivos, la postergación “no solo afecta la previsibilidad normativa, sino que debilita el rol institucional de la Legislatura como ámbito natural de deliberación democrática”, especialmente cuando “existen iniciativas, antecedentes y consenso social que permiten avanzar en un debate serio y responsable”
La parlamentaria opositora aclara que su iniciativa no busca anticipar definiciones sobre el contenido específico de una eventual reforma, sino garantizar que el tema sea efectivamente tratado. “El presente proyecto de resolución no persigue adelantar posiciones sobre el contenido específico de una eventual reforma, sino reafirmar la necesidad de que el tema sea tratado, debatido y analizado en el ámbito que constitucionalmente corresponde”, expresa el texto, haciendo hincapié en la participación de todos los sectores políticos y sociales interesados.
Finalmente, la autora del proyecto encuadra el pedido como una señal de responsabilidad institucional. Para Nievas, instar a la continuidad del tratamiento legislativo de la reforma política y electoral “es, en definitiva, un acto de responsabilidad institucional, que honra el mandato conferido por la ciudadanía a sus representantes y reafirma la autonomía del Poder Legislativo en la definición de su propia agenda”.
Con este planteo, la reforma del sistema electoral tucumano vuelve a quedar formalmente sobre la mesa, con la mira puesta en que el debate se concrete durante la primera mitad de 2026 y no vuelva a quedar atrapado en las disputas internas de la política provincial, encapsulada bajo los designios del partido gobernante.
