Cambio de reglas: el Congreso sancionó la ley que busca atraer dólares no declarados

El Senado sancionó este viernes la ley de Inocencia Fiscal, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de incentivar la declaración de dólares adquiridos en el mercado informal y modificar aspectos centrales del sistema tributario vigente.

La norma es una de las apuestas del gobierno de Javier Milei para promover la formalización de capitales.

La ley introduce cambios en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), en la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y en el Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para determinados contribuyentes.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un “Régimen Simplificado de Ganancias”, que según el Gobierno permitirá a quienes adhieran quedar “blindados para siempre”. Este esquema tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder acceder y exime a los contribuyentes de informar variaciones patrimoniales, así como también del control sobre sus consumos.

En este marco, ARCA cobrará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados por el contribuyente. Sobre esa base se deducirán los consumos, sin que se controle el eventual crecimiento del patrimonio declarado.

El artículo 39 del proyecto establece el “efecto liberatorio del pago” cuando se acepte el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se abone el impuesto en término, salvo que se hayan omitido ingresos.

La ley también modifica los umbrales para la configuración de delitos tributarios. En el caso de la evasión simple, el monto mínimo pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones. Para que la conducta sea considerada evasión agravada, el piso se eleva a más de 1.000 millones de pesos, cuando anteriormente era de 15 millones.

Otro de los cambios relevantes es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que baja de cinco a tres años. Además, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona.

Si la denuncia aún no estuviera radicada, la acción penal quedará extinguida siempre que el contribuyente pague las obligaciones adeudadas más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.

Si bien la iniciativa apunta a un esquema de menor control fiscal, la norma prevé un aumento en los montos de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término.