Habilitan la feria para investigar un presunto lavado en la compra de una mansión en Pilar vinculada al entorno de la AFA

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky dispuso las primeras medidas de prueba para determinar si existió lavado de dinero en la compra de una lujosa propiedad ubicada en el partido bonaerense de Pilar, adquirida por personas que, según la investigación, no contarían con capacidad económica para justificar la operación. En el expediente figura el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a partir de los vínculos de los involucrados con el ámbito futbolístico.

A pesar de que al año judicial solo le restan dos días hábiles, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial de verano para continuar con la investigación durante enero, con el objetivo de avanzar sin interrupciones en el análisis del caso.

La pesquisa apunta a establecer la posible existencia de un delito precedente al lavado de activos, es decir, el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble y otros bienes asociados, así como a determinar si los propietarios formales habrían actuado como presuntos testaferros.

Entre las medidas ordenadas, Aguinsky solicitó a la Dirección General Impositiva (DGI) un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación. El requerimiento fue realizado a instancias del fiscal Claudio Navas Rial y busca reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real.

La propiedad investigada cuenta con más de 105 mil metros cuadrados y dispone de helipuerto, haras e instalaciones deportivas. Figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también aparece como titular de una colección de 54 vehículos de lujo y antiguos, además de otra vivienda en un country de Pilar.

Según consta en la causa, Pantano y Conte adquirieron la mansión en 2024 por un valor de 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Sin embargo, para los investigadores, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para justificar la operación: ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Ambos deberán presentarse a declarar el próximo lunes 29 de diciembre a las 11, mediante videoconferencia, en el marco de una citación prevista en el Código Procesal Penal de la Nación que permite a los involucrados brindar explicaciones y aportar pruebas antes de una eventual indagatoria. Será la primera vez que ofrezcan formalmente su versión de los hechos ante la Justicia.

El nombre de Toviggino surge en el expediente por los vínculos de los protagonistas con el fútbol. Pantano fue presidente de una asociación de futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. En tanto, Malte SRL, la firma vendedora de la propiedad, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas por esa empresa coincide con la de una firma vinculada a Toviggino.

Durante un allanamiento realizado en el inmueble, los investigadores hallaron un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central —cuyo presidente es Claudio “Chiqui” Tapia— con el nombre de Toviggino, y cédulas azules de varios vehículos registrados a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Por el momento, la Justicia no cuenta con una hipótesis firme sobre el delito que habría originado los fondos investigados. No obstante, en el expediente se mencionan cuatro hechos que están bajo análisis. Uno de ellos surge de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que dio origen a la causa, y se apoya en un mensaje publicado en marzo de 2024 por el ex futbolista Carlos Tevez en la red social X, en el que aludía a supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.

También se investiga una presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que habrían sido solicitados para el pago de servicios en el exterior pero desviados a cuevas financieras. Finalmente, se analizan dos causas judiciales vinculadas a la provincia de Santiago del Estero, relacionadas con una presunta usurpación de tierras y el uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas.

El juez Aguinsky ya solicitó copias de esos expedientes para incorporarlos a la investigación principal, que continuará durante la feria judicial.