
El escándalo que derivó en el despido y aprehensión de dos altos jefes policiales que utilizaban presos para realizar trabajos de albañilería en una obra privada en la zona de El Cadillal dio pie a un profundo proceso de depuración en la Policía de Tucumán.
Tras una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo y la plana mayor de la Policía, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó este miércoles que se solicitó un informe exhaustivo a todas las regionales y unidades especiales de la fuerza y que se activaron más de 10 sumarios administrativos.
“El gobernador pidió a toda la plana mayor un informe detallado sobre la situación de cada regional y de cada unidad especial. Ese informe deberá ser elevado en el día de hoy”, explicó el ministro, luego del escándalo que desencadenó en la baja del jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, y el segundo al mando en esa dependencia, Sergio Juárez. Ambos fueron aprehendidos en el marco de la investigación penal que lleva adelante la fiscal Mariana Rivadeneira. En tanto, otros dos uniformados que habrían participado junto a dos presos en la realización de esos trabajos particulares en una vivienda privada perteneciente a Beltrán fueron puestos a disponibilidad.
Agüero Gamboa informó que, de manera interina, el comisario René Soria quedará al frente de la Unidad Regional Norte, en reemplazo del comisario general Beltrán.
Respecto al origen del caso, el ministro señaló que la investigación se inició a partir de una denuncia anónima, que luego fue verificada y corroborada por las autoridades. “Se reciben muchas denuncias, pero no todas se confirman. En este caso, la información fue chequeada, se investigó y se constató la veracidad de los hechos. A partir de allí, se actuó con la firmeza que correspondía”, indicó.
Agüero Gamboa confirmó que la Fiscalía de Delitos Complejos intervino de inmediato, realizó allanamientos en el lugar donde personas privadas de la libertad realizaban trabajos para jefes policiales, y secuestró documentación y libros de guardia en la Unidad Regional Norte y en la comisaría de Chuscha.
Los detenidos que participaban en esas tareas fueron trasladados al penal de Benjamín Paz, donde continuarán cumpliendo sus condenas. “Este es un hecho de suma gravedad. La provincia va a actuar con todo el rigor de la ley. Como dice el gobernador, todo dentro de la ley y nada fuera de la ley. Nadie está exento de responder ante la Justicia, ni los funcionarios ni los policías”, subrayó.
El ministro confirmó además que "hay entre 10 y 11 sumarios administrativos en curso", y que el gobernador evaluará la continuidad o no de otros jefes regionales, una vez analizados los informes solicitados al jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, y al subjefe de la fuerza, Roque Yñigo.
“Fue un golpe duro para la institución, pero no vamos a permitir que unos pocos manchen el trabajo de toda la fuerza. La Policía de Tucumán viene desarrollando un plan de seguridad con resultados positivos. Vamos a redoblar los esfuerzos, fortalecer los controles internos y seguir trabajando con transparencia y compromiso con la sociedad”, expresó Agüero Gamboa.
Finalmente, sostuvo que tanto Girvau Olleta como Yñigo “estuvieron al tanto de la denuncia desde el inicio” y trabajaron en conjunto con el Ministerio y la Justicia en la investigación. “El jefe y el subjefe fueron defraudados por quienes estaban a cargo de la Unidad Regional Norte. Han actuado con responsabilidad y seguirán colaborando para esclarecer lo ocurrido”, concluyó el ministro de Seguridad.