EN MANOS DE LA JUSTICIA
“Conductas que lesionan la imagen y el prestigio de la fuerza”: oficializan la baja de dos jefes policiales en medio de un escándalo
El Gobierno provincial dispuso la expulsión del comisario general Gustavo Beltrán y del comisario mayor Sergio Juárez, quienes se desempeñaban como jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte, respectivamente, tras ser descubiertos cuando hacían trabajar a presos en una obra particular. Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia.
Foto: Gobierno de Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este martes por la tarde el Decreto N° 3.407/7, mediante el cual se dispuso la baja inmediata de dos altos jefes de la Policía de Tucumán en medio de un escándalo que sacude a la fuerza. Se trata del comisario general Gustavo Javier Beltrán y el comisario mayor Sergio Marcelo Juárez, quienes estaban al frente de la Unidad Regional Norte (URN) como jefe y subjefe, respectivamente, tras constatarse que ambos hacían trabajar a personal policial y a dos presos en una obra particular en El Cadillal.
En el instrumento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, se justificó la sanción por considerar probado que ambos incurrieron en conductas calificadas como “faltas gravísimas a los deberes y obligaciones del personal policial”.
Según consta en el texto oficial, la medida se adoptó tras una verificación efectuada por Escribanía de Gobierno, que permitió constatar hechos que el Poder Ejecutivo consideró incompatibles con la función policial y con el régimen disciplinario vigente.
El decreto señala que ambos funcionarios incurrieron en “conductas incompatibles con los principios de disciplinariedad, obediencia, idoneidad, responsabilidad y ética profesional”, lo que “afecta la confianza pública en la institución”. Beltrán y Juárez fueron señalados, además, por haber “lesionado la imagen y el prestigio de la fuerza”.
“Tales inconductas afectan gravemente la confianza que la sociedad deposita en la institución policial, configurando una situación incompatible con la continuidad del agente en el servicio activo”, fundamenta el documento.
La resolución dispone dar intervención a la Fiscalía Penal de turno, a fin de que evalúe la eventual responsabilidad penal derivada de los hechos investigados.
El decreto fue refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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