Radiografía del transporte en San Miguel de Tucumán: pasajes vendidos, ingresos y disputas detrás de un conflicto sin solución

Alrededor de 2,7 millones de pasajes de ómnibus fueron vendidos en San Miguel de Tucumán durante septiembre. La cifra se incrementa levemente durante octubre, cuando los viajes vendidos casi rozaron los 2,9 millones. Estos números implican una caída de aproximadamente un 30% en promedio respecto de fines de 2024, fecha que señalan los empresarios del sector como el inicio de la caída en la demanda. Desde entonces, además, están pendientes al menos dos pedidos de declaración de emergencia del rubro, uno de ellos solicitado por el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante.

Varios factores confluyeron en este tiempo para que el transporte público provincial, y en particular el capitalino, tocaran fondo. Incremento en los costos laborales y de mantenimiento, nuevas preferencias de los usuarios -a partir de servicios deficientes en muchos casos- y controles demasiado laxos para el transporte ilegal son los asuntos centrales. En especial, la proliferación de los servicios de transporte en moto, algo que está prohibido por la ordenanza N° 3260/2002.

A lo largo de estas últimas dos semanas, representantes de la cámara empresaria y de la Municipalidad cruzaron acusaciones y se endilgaron responsabilidades mutuas. La Provincia, de manera llamativa, miró desde las ventanas de 25 de Mayo y San Martín el desarrollo del conflicto. Hubo dos días de paro que afectaron a miles de usuarios, principalmente trabajadores y estudiantes, hasta que se llegó a un entendimiento provisorio.

Desde hace meses, Aetat pide que el municipio aporte fondos, como lo hace el Gobierno. En efecto, el Poder Ejecutivo destina unos $ 4.900 millones mensuales (más otros $ 3.000 vinculados a boletos para jubilados y estudiantes del interior) para el sector. De esos subsidios, unos $ 1.900 van específicamente a las 14 líneas que operan en la Capital.

Durante las tensas conversaciones con funcionarios municipales, los empresarios volvieron a solicitar un cambio en el sistema de reparto de fondos para el transporte. Puntualmente, pidieron dejar de cobrar por pasaje vendido y avanzar hacia un régimen de compensaciones similar al que se aplica en Mendoza, en Salta y en algunos ramales de Córdoba. Esto implicaría que el Estado municipal y provincial fijen los valores de los boletos y lo recauden, pero que paguen a las empresas concesionarias un determinado valor por cada kilómetro que recorren las unidades.

La respuesta oficial, en principio, es negativa. Sin embargo, para salir de la crisis coyuntural la gestión de la intendenta Rossana Chahla dispuso un aporte extra de $ 1.000 millones para las 14 líneas capitalinas, además de adelantar los pagos correspondientes a los boletos que ingresan mediante los llamados atributos sociales.

Los números, uno por uno

Con estos fondos conseguidos, Aetat -sólo para el ejido capitalino, por el que circulan alrededor de 350 colectivos urbanos diariamente, debería disponer de unos $ 3.400 millones mensuales. A la cifra se llega con la sumatoria de los pasajes cobrados al valor de $ 950 y de aquellos con compensaciones y aportes estatales, como los sectores de jubilados, beneficiarios de programas sociales y estudiantes. En Córdoba, por ejemplo, la Municipalidad dispone de unos $ 10.000 millones por mes para el transporte, con un boleto inicial a $ 1.580.

El detalle de los cuadros de septiembre y de octubre a los que accedió Tendencia de Noticias es elocuente. En septiembre se vendieron 1.083.260 pasajes sin atributos sociales (a $ 950), por lo que la recaudación fue de $ 1.029 millones. Un mes después, en octubre, los pasajes fueron 1.138.739 y los ingresos $ 1.072,3 millones.

Los números cambian cuando se ingresa a los cuadros de los boletos que contienen Atributos Sociales. En septiembre se utilizaron 847.698 boletos, de los cuales Aetat recaudó$ 362,4 millones y luego la Nación debe girar por las compensaciones otros $ 443 millones. En octubre, fueron 920.364 pasajes, $ 393,4 millones recaudados y $ 480,9 millones en compensaciones.

En el caso del Boleto Estudiantil Gratuito, son unos 40.000 los estudiantes de San Miguel de Tucumán alcanzados. En este caso, la Municipalidad paga el 53% del valor del boleto a los empresarios. Durante septiembre, por este rubro se utilizaron 821.900 pasajes, y la recaudación fue de $ 781 millones, de los cuales quedaron en las arcas de las empresas unos $ 413 millones (por el 53%). En octubre, los estudiantes usaron 824.314 veces el BEG, y los ingresos llegaron a $ 783,1 millones (de los que se paga el 53%).

Con estos números y en medio de tensiones políticas no resueltas, el Concejo Deliberante de la Capital se aprestará a analizar un aumento en el valor del boleto urbano. Esta suba forma parte del acuerdo que permitió levantar el paro de la semana pasada. El número acordado, aunque restan detalles, sería de $ 1.250 por pasaje urbano, lo que redunda en un incremento del 30% promedio. ¿Permitirá estos nuevos aportes municipales y la suba tarifaria solucionar el conflicto y la crisis del transporte público en Tucumán? Tanto funcionarios como empresarios admiten que será solamente un alivio transitorio y que la emergencia del sector, aunque no haya sido declarada formalmente, seguirá latente.