Ante el mutismo mayoritario del PJ, en la Legislatura se calificó de "personaje oscuro" a Edmundo Jiménez por censurar a la prensa

La sesión legislativa del jueves, presidida por Sergio Mansilla (puesto que el titular de la Cámara, Miguel Acevedo se encuentra al frente del Poder Ejecutivo por el viaje a CABA del gobernador Osvaldo Jaldo) se convirtió en un improvisado tribunal moral contra el Ministerio Público Fiscal (MPF). Legisladores de la oposición y solamente un referente del oficialismo, con intervenciones cargadas de indignación y metáforas literarias y cinematográficas, cuestionaron el rol de Edmundo "Pirincho" Jiménez, a quien acusaron de acumular poder y promover una "censura previa" contra el medio local Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC), dirigido por Gustavo Olarte. El caso, que surgió de una denuncia del propio Jiménez por supuesta "campaña de desprestigio" en el marco de una investigación sobre exjugadores de Vélez y el diputado Carlos Cisneros, escaló a un debate nacional sobre los límites entre el derecho a la crítica y la protección del honor de funcionarios públicos.

El expediente, caratulado como "Entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional" (arts. 241, 149 bis y 212 del Código Penal), derivó en una resolución del juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, dictada el 4 de noviembre. Esta ordena a Olarte y su equipo cesar inmediatamente la difusión de contenidos que "injurien, desacrediten, tergiversen o distorsionen" la actuación de fiscales y jueces provinciales, con vigencia de seis meses y comunicación al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su supervisión. Taboada argumentó que las emisiones del medio no constituyen "un ejercicio democrático del control" sino un "intento de constreñir" el trabajo judicial, calificado como "campaña de hostigamiento" mediante programas, columnas de opinión y redes sociales.

En el parlamento, y con el retorno de las "manifestaciones de orden general" que venían siendo excluidas en los últimos debates parlamentarios, las alocuciones expusieron un evidente quiebre político: mientras la mayoría del peronismo oficialista optó por el mutismo, los oradores opositores vincularon el fallo a un patrón de abuso de poder que amenaza la democracia local.

La radical Silvia Elías de Pérez, abrió el fuego al calificar a Jiménez como un "personaje oscuro" y "Voldemort judicial", aludiendo al villano de la saga de Harry Potter. "Les vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre este personaje oscuro al que hoy lo han transformado en jefe de fiscales en esta provincia. Un hombre que acumula poder e impunidad absoluta con el aval de muchos jueces que son sus amigos y miran para otro lado. Uno de los pocos que en el país, a los más de 80 años, sigue sentado en su poltrona tomando las decisiones que quiere y nadie le dice nada, a pesar de que muchas de las decisiones que toma son verdaderamente vergonzosas", relató Elías de Pérez. "Hemos levantado la voz contra los abusos y las arbitrariedades que ha tenido. Hemos levantado la voz cuando ha ofendido a la justicia en causas como Lebbos, Tacacho, ahora Vélez, o también cuando aprieta a la gente. Pero cuando creíamos que ya no podía haber más cosas, que ya habíamos visto todo de este personaje oscuro, la verdad que se nos viene ahora esto nuevo: prohibirle a la prensa hablar de él o de la justicia".

La opositora Elías de Pérez escaló la metáfora para subrayar el riesgo de autocensura: "En esa saga de Harry Potter hay un villano al cual todos temen nombrar. Se llama Voldemort, el innombrable. ¿Y por qué todos temen nombrarlo? Porque si se lo nombra, hay un séquito de mortífagos que se va encima de las personas que lo nombran y pueden perder todo, hasta su vida. Está pasando porque tenemos un Voldemort judicial que no quiere que lo nombren. Él lo que quiere es imponer el silencio. ¿Por qué? No porque se lo respete, sino para que se le tema con todo el terror del mundo. También en Tucumán lo que quiere es que haya autocensura y cuando hay autocensura lo que se pierde es la libertad, y eso es dramático. Y esta Cámara tiene que defenderla, la tiene que defender porque esta es la casa democrática por excelencia donde toda voz se escucha".

Vale resaltar que Elías de Pérez solicitó el tratamiento de un proyecto de resolución de su autoría a partir del cual se manifestaba el repudio a esta decisión judicial, sin embargo no obtuvo los votos necesarios, ante la falta de acompañamiento de la bancada del PJ, por lo que no pudo ser debatido ni mucho menos aprobado.

Hugo Ledesma, único referente peronista que aludió al hecho, enlazó la censura con un patrón de impunidad en casos de violencia de género, recordando víctimas como Paola Tacacho y Karla Robles. "Lamentablemente, ellas no fueron escuchadas por el Ministerio Público Fiscal, que no tuvo tiempo para atender su caso o no quiso, y ya sabemos las dramáticas muertes que tuvieron. Lamentablemente, el Ministerio Público Fiscal tiene un patrón institucional que no es nuevo, sino que se viene repitiendo hace años. Hay un hilo conductor que es la impunidad que garantiza el Ministerio Público Fiscal. Ya es momento de que haya un recambio en la institución y por eso presenté un proyecto de ley para que quien ocupe ese cargo se jubile al cumplir la edad y los años de servicio para hacerlo".

Ledesma extendió la crítica a la persecución de medios alternativos como Enterate al cual se le allanaron las oficinas tomando listas y nombres de todos los periodistas que se encontraban en el lugar. Esto no es un hecho aislado. Tenemos que soportar que nuestra provincia sea el hazmerreír de todo el país con justa razón porque es inconcebible una orden judicial que prohíba criticar a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Venimos siendo allanados ilegalmente, vamos siendo silenciados con censuras previas con medidas inconstitucionales donde demuestra que el Ministerio Público no le interesa ni la justicia ni la ley, sino solo actúa en defensa de Pirincho Jiménez, de sus amigos y de sus puros intereses".

José Cano (Radicalismo Federal), por su parte, vinculó la resolución a fallas estructurales en el Poder Judicial, desde la gestión de casos de femicidios hasta auditorías pendientes. "El fallo del juez subrogante es realmente inadmisible porque claramente tipifica el caso de censura previa. Pero, ¿por qué se llega a esta instancia, presidente? Porque los integrantes del poder judicial entraron por la claraboya del despacho de Pirincho Jiménez sin experiencia, sin trayectoria judicial, eso es parte del poder judicial que supimos concebir".

Cano profundizó en su incursión en el recinto al sostener que "el mensaje es: al que habla, al que denuncia, al que pide una auditoría le arman una causa, le promocionan una denuncia falsa con plata de los tucumanos. Al que habla se lo denuncia o bien se dicta una medida horrorosa que censura la prensa. Nosotros como poder del Estado no debemos permanecer ajenos a esa situación y debería tener el repudio de toda la Cámara".

Finalmente, Agustín Romano Norri (Movimiento Radical), invocó a Albert Camus para defender el debate como pilar democrático. "En base a lo que se estuvo hablando en estas manifestaciones generales, en base a la medida cautelar que mucho estamos condenando como una censura previa, creo que la democracia se fortalece con más debate y con más control ciudadano y de ninguna manera con silencios impuestos. Camus dice: 'La libertad de prensa es fundamental en política y democracia. Los ciudadanos necesitan información para tomar decisiones racionales. Una prensa con libertad puede ser buena o mala, pero una prensa sin libertad siempre es mala'".

La sesión, que no derivó en resoluciones formales pero sí en un repudio de la oposición, deja al descubierto las grietas en el oficialismo tucumano y anticipa posibles recursos judiciales contra el fallo. En un contexto de creciente escrutinio nacional, el caso podría escalar a instancias superiores, cuestionando no solo la independencia judicial sino el equilibrio de poderes en la provincia.