El PE otorgó $700 millones más en subsidios a AETAT para sostener el servicio de transporte púbico

Una semana después de que estallara el conflicto en el transporte público de la Capital tucumana, paralizando el servicio y dejando varados a miles de usuarios, y tras las negociaciones entre la Municipalidad, el Concejo Deliberante, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que si bien llegaron a un acuerdo, derivaron en un panorama de reclamos persistentes. La gestión de la intendenta Rossana Chahla enfrenta serias dificultades para satisfacer la totalidad de los fondos demandados por los empresarios, en un contexto marcado por quejas, críticas y lamentos por el servicio deficitario y una tensión creciente entre el municipio y el sector empresarial. Sin embargo, esta dinámica contrasta con la relación fluida entre AETAT y el Gobierno provincial de Osvaldo Jaldo, evidenciada en nuevas erogaciones millonarias y concesiones que parecen blindar al sector ante la tormenta económica.

En este marco, el Poder Ejecutivo Provincial desembolsó un adicional de $700 millones destinados a compensar los costos operativos del servicio de transporte público de pasajeros durante octubre de este año, una medida que se suma a los tradicionales $4.900 millones asignados apenas 20 días antes, en el convenio entre el Ejecutivo y AETAT para paliar la emergencia sectorial. La disposición se formalizó mediante el Decreto 3173/8, firmado por el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, y publicada en el Boletín Oficial, que delega en la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial la facultad de autorizar esta inyección financiera con celeridad administrativa.

El decreto invoca la Ley N° 9.773, que prorrogó hasta el 31 de mayo de 2026 la Emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público Automotor de Pasajeros, originalmente dispuesta en el artículo 1° de la Ley N° 9.538. En los considerandos, se detalla que, "dadas las disposiciones de la mencionada ley, y tomando en cuenta el actual contexto económico-social, es voluntad del Estado Provincial asegurar el normal acceso de la población al mencionado servicio, preservando su naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales, en un esfuerzo por limitar el impacto de la crisis del sector, producto del incremento en los precios de los insumos, repuestos, reparaciones, servicios de terceros y del costo laboral".

Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT.

Esta compensación adicional se canalizará a través de AETAT hacia las empresas prestatarias de jurisdicción provincial, con el objetivo de mitigar el desequilibrio financiero que amenaza la continuidad del servicio. El texto oficial enfatiza que "al efecto, a fin de dar celeridad al trámite administrativo correspondiente, resulta necesario delegar en la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público la facultad de autorizar un adicional" por esa suma, correspondiente específicamente al mes de octubre de 2025. Esta delegación busca agilizar los procesos burocráticos en un sector ya asfixiado por la inflación y la caída de la demanda.

Sin plata para los nuevos colectivos

A pocos días de destrabado el paro que afectó la Capital, esta medida se entrelaza con otra concesión reciente del Ejecutivo: el Decreto N° 3156/8, firmado por los ministros Daniel Abad (Economía y Producción) y Nazur, que amplía el plazo de pago de los contratos de leasing por 100 colectivos cero kilómetro adquiridos en 2024 por más de 17 millones de dólares. La resolución concede una extensión de 18 meses en el plan de pagos —de 36 a 54 meses totales— y un período de gracia de seis meses (de octubre de 2025 a marzo de 2026), evitando así la devolución de las unidades distribuidas a las empresas de AETAT bajo el Decreto N° 353/8 del 20 de febrero de 2025.

Según los fundamentos del decreto, la solicitud de AETAT se basó en la "difícil situación que atraviesa el sector como consecuencia de la caída de la demanda debido al contexto económico social, el trabajo virtual que reduce desplazamientos, la proliferación de medios alternativos de transporte, la inconveniencia de aumentar las tarifas y los incrementos en los costos de prestación del servicio". El informe técnico de la Dirección de Programación Económica del Ministerio de Economía avaló la viabilidad de la ampliación, resultando en un plazo de amortización de capital de 48 meses, con modificaciones en las cláusulas contractuales y una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para las adendas.

Estas decisiones, que solo en materia de subsidios para el mes pasado ascienden a un total de $5.600 millones, subrayan la estrategia del Gobierno de Jaldo para sostener la operatividad del transporte público como servicio esencial, en un equilibrio precario entre las demandas sindicales, las limitaciones municipales y la presión económica. No obstante, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas inyecciones, en un sistema donde la emergencia prorrogada hasta 2026 revela grietas estructurales que trascienden las negociaciones coyunturales.