Opositores quieren que la Cámara suspenda a la legisladora Figueroa, procesada por la Justicia Federal

El procesamiento por lavado de activos, confabulación para el narcotráfico y asociación ilícita que pesa sobre la legisladora Sandra Figueroa centra la atención en el Poder Legislativo. Esta mañana, tras la confirmación de la medida dispuesta por la Justicia Federal, parlamentarios de la oposición piden a la Cámara que suspenda a la referente del oficialismo.

Mediante un proyecto de resolución, los radicales José Cano y Silvia Elías de Pérez advirtieron sobre la gravedad del procesamiento sin prisión preventiva en contra de la ex intendenta de Alberdi. "La Legislatura de Tucumán no puede permanecer indiferente ante hechos de una gravedad institucional inédita, que conmueven la conciencia pública y comprometen la credibilidad del Poder Legislativo provincial. La Legisladora Figueroa ha sido formalmente procesada por la Justicia Federal en una causa penal por delitos de lavado de dinero, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita, imputaciones que, de acreditarse, configuran una ofensa directa a los valores republicanos, la ética pública y el honor del cuerpo legislativo", alertaron en el texto los opositores.

Cano y Elías de Pérez recordaron que si bien la Constitución provincial establece en su artículo 64 el régimen de inmunidades y el procedimiento de desafuero, "también es deber de este Poder resguardar el decoro, la dignidad y la transparencia de su funcionamiento". "Dicho precepto constitucional dispone que el desafuero no implica por sí mismo la suspensión del cargo, pero no impide que la Legislatura, en ejercicio de su autonomía institucional y de su facultad de autogobierno, adopte medidas excepcionales destinadas a garantizar el normal desenvolvimiento de sus funciones y el respeto por la voluntad ciudadana", argumentaron.

Y citaron el artículo 58 de la Carta Magna: "La Legislatura dicta su reglamento. Podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno. Bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que los legisladores hicieran de sus cargos".

Por eso, entienden los radicales, el cuerpo puede suspender por 120 días hábiles en el ejercicio de sus funciones legislativas a la legisladora Figueroa, mientras se sustancia la causa penal federal en la que se encuentra procesada. Durante el período que dure la suspensión, la parlamentaria quedaría inhabilitada para participar en las sesiones del cuerpo y en las reuniones de comisión.

"La medida de suspensión preventiva constituye una decisión de carácter cautelar, basada en la potestad disciplinaria y en la responsabilidad institucional de la Legislatura de Tucumán, frente a un hecho que afecta de modo directo la confianza pública en la representación política. Resulta indispensable reafirmar que la inmunidad parlamentaria no equivale a impunidad, y que la Legislatura tiene la obligación moral y jurídica de evitar que un miembro procesado por delitos de extrema gravedad continúe ejerciendo funciones que comprometen la legitimidad del cuerpо. El principio republicano de gobierno exige transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas", fundamentaron Cano y Elías de Pérez.

Y concluyeron: "La resolución busca facilitar la investigación judicial, preservar la integridad ética y política, afirmar el compromiso con la legalidad, la justicia y los valores democráticos que sustentan la convivencia institucional de nuestra Provincia, dejando claro que la tolerancia a la corrupción, al narcotráfico y al lavado de dinero es cero".