"Empresa criminal colectiva": los roles y las medidas dictadas contra los colaboradores del matrimonio Figueroa-Campos

La legisladora Sandra Figueroa y el destituido intendente de Alberdi Luis "Pato" Campos no fueron los únicos acusados de integrar una "empresa criminal colectiva" que operaba en esa ciudad. El procesamiento por lavado de dinero, confabulación para el narcotráfico y asociación ilícita dictado por el juez federal José Manuel Díaz Vëlez alcanza a otras cuatro personas.

A diferencia del matrimonio, a tres de los cuatro coimputados (Roque Giménez, José Albano Loru (ex concejal) y Pablo Exequiel Barrionuevo) se les mantuvo o dictó el procesamiento con prisión preventiva, mientras que José del Carmen Roldán, ex secretario de Hacienda, obtuvo el arresto domiciliario.

Esta es la situación procesal de cada uno de los imputados, según el procesamiento al que accedió Tendencia de Noticias:

Roque Cayetano Giménez (alias “Chipi”)

Contratista, pasó de ser verdulero o músico a empresario de la construcción. La Justicia considera que es una figura central ya que su conversación con Luis Campos fue el "acto revelador" que desató la causa. Es propietario de la empresa “Giménez Consulting Group” o “Giménez Groups S.A.”.

Se menciona en el escrito el enriquecimiento no justificado: su facturación bruta anual declarada ante la Dirección General de Rentas tuvo un crecimiento exponencial, pasando de $715.000 en 2020 a $149.564.247,16 en 2024. La Justicia sospecha que el mecanismo utilizado para blanquear activos ilícitos fue la contratación directa de obras públicas municipales. Múltiples decretos firmados para pagos, ampliaciones y certificaciones de obras como la "Construcción Sala Velatoria Municipal" lo beneficiaron.

En lo que hace al procesamiento por confabulación y narcotráfico, se destaca que en el audio Giménez se atribuyó el control de los hilos de poder, afirmando: “Acá el intendente soy yo, acá la policía la manejo yo, a la droga la manejo yo”. Él mismo menciona a Roldán y a Loru como parte de las actividades.

El juez resolvió dictarle la prisión preventiva debido al "alto riesgo de fuga". Giménez registró salidas migratorias por el paso fronterizo de Puerto Chalanas (Bermejo-Bolivia), una ruta relevante en el contexto de tráfico de estupefacientes. Además, algunos domicilios de su empresa resultaron ser no existentes o irregulares.

José del Carmen Roldán

El procesamiento lo considera una pieza institucional clave, ya que fue secretario de Hacienda del municipio desde 2002, durante las gestiones de Campos y de Figueroa. Se le atribuye ser un facilitador administrativo del blanqueo de activos ilícitos. Su posición le permitió aprobar pagos y autorizar contrataciones privadas sin la transparencia debida. Además, su facturación declarada en el Formulario F711 pasó de cero pesos entre 2014 y 2016 a un monto de $ 50.913.667,79 en 2024. Figura que adquirió dos vehículos Chevrolet Cruze (modelos 2022 y 2023) y dos inmuebles. Se le imputa haber utilizado su imprenta familiar, que adquirió con equipamiento de última generación, para vincularse directamente con el municipio a través de la impresión de votos y la fabricación de barbijos durante la pandemia.

En cuanto a la confabulación y narcotráfico, fue señalado directamente por Giménez en el audio: “José Roldan vende a menores de edad, droga, falopa”. Un gremialista de ATE (Fúnez) lo denunció por cuestiones de estupefacientes y droga, mencionando una supuesta disputa de bandas por el control de la comercialización de drogas en la ciudad. Su mano derecha en el municipio, Carlos “Kokoz” Rodríguez, fue detenido por un doble crimen en Orán vinculado al narcotráfico.

El juez dispuso que continúe bajo la modalidad de arresto domiciliario en su inmueble de calle Matienzo 450, Alberdi. Roldán ya se encontraba bajo prisión preventiva desde el 27 de junio por disposición de la Justicia Provincial.

José Albano Loru

Fue concejal y empleado municipal de Alberdi. Es uno de los funcionarios procesados con el agravante de la función pública en el delito de lavado de dinero.

Según el procesamiento, mantuvo una relación de dependencia con los Campos-Roldán, evidenciada cuando Giménez lo identifica como “producto tuyo (Campos) y producto de José Roldan”. Si bien no registra inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mostró un "incremento patrimonial desmedido". Es titular de tres vehículos, incluyendo una Toyota Hilux 4X2 (2024). En el allanamiento de su domicilio se secuestró $1.224.000 en efectivo, además de bienes de alto valor como un iPhone 16e (aún sellado en su caja), dos televisores LED (uno de 55 pulgadas), y numerosos electrodomésticos (horno eléctrico, freidora de aire, parlantes Panasonic) adquiridos recientemente.

Vecinos lo señalaron en la denuncia inicial de 2023 como uno de los "hacedores" de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Loru ya se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria Benjamín Paz bajo prisión preventiva desde el 27 de junio.

Pablo Exequiel Barrionuevo (alias “Maceta”)

Barrionuevo es empleado municipal y ex candidato a concejal, también fue procesado con el agravante de la función pública en el delito de lavado de dinero. Trabajaba como subdirector de Familia en Riesgo en el municipio. Integró un acople de Sandra Figueroa en 2019 y en 2023.

A pesar de su cargo, registró un "crecimiento patrimonial desmedido en muy poco tiempo". Mantuvo un contrato de locación de rodados con la Municipalidad, por el cual percibía $ 150.000 mensuales. Entre los elementos secuestrados, se encontró un cheque de pago diferido por $6.500.000 que había sido "rechazado por no tener fondos".

Es mencionado directamente por Giménez en el audio como “Maceta”, reforzando la existencia de roles definidos en la supuesta asociación delictiva. Giménez le dice a Campos: “Maceta lo trapea que Luisito está metiéndose merca todo el día en la oficina”, lo que sugiere su conocimiento y participación en la presunta operatoria ilícita dentro del ámbito municipal.

Al igual que Loru y Giménez, Barrionuevo ya se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz desde el 27 de junio por disposición de la Justicia Provincial.

En tanto, el juez federal Díaz Vélez dispuso el embargo de bienes de Barrionuevo y de Loru por la suma de $200.000.000 por cada uno. Estos montos buscan garantizar las responsabilidades civiles y las costas procesales derivadas de la causa.