CONGRESO NACIONAL
Con faltazo jaldista, la oposición en Diputados aprobó la ley que limita el alcance de los DNU
El proyecto sufrió modificaciones, por lo que deberá ser analizado nuevamente en el Senado. ¿Cómo votaron los representantes tucumanos?
La oposición en Diputados aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei. No obstante, el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate, por lo que volvería al Senado antes de convertirse en Ley.
Sólo tres de los nueve diputados por Tucumán garantizaron el quorum al mediodía, en una sesión que pendía de un hilo. A la hora pautada se sentaron en sus bancas Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (Unión por la Patria) y el radical Roberto Sánchez. En cambio, no lo hicieron los jaldistas Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina (Independencia), Paula Omodeo (CREO), Gerardo Huesen (LLA) y Mariano Campero (radical, aliado a LLA). De esta manera, seis de los nueve jugaron en línea con lo que pretendía LLA: que la sesión cayera por falta de quórum. Luego, al momento de la votación, rechazaron la iniciativa Omodeo, Huesen y Campero.
Incluso, el faltazo a la sesión de los tres diputados jaldistas fue el dato significativo de la jornada, ya que venían acompañando a la oposición en las últimas sesiones. Sin embargo, en este proyecto que pone en aprietos al Gobierno nacional, jugaron en sintonía con los intereses de La Libertad Avanza. De hecho, fue uno de los temas charlados durante la mañana entre el presidente de la bancada peronista, Germán Martínez, y varios de los diputados cuando hacían el conteo para ver si lograban conseguir el quórum.
En definitiva, el proyecto aprobado propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto. Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.
De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.
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