En apenas 40 minutos, la Legislatura de Tucumán dio curso a una decisión que, lejos de pasar desapercibida, reavivó el fuego de las críticas hacia el sistema político provincial. La Cámara, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, aprobó la licencia solicitada por el gobernador Osvaldo Jaldo para ausentarse de su cargo entre el 26 de septiembre y el 27 de octubre próximos, con el fin de abocarse a su campaña como candidato testimonial a diputado nacional por el frente Tucumán Primero en los comicios legislativos del venidero 26 de octubre. Lo que podría haberse presentado como un trámite administrativo se convirtió en un escenario de tensión, donde la oposición alzó su voz para denunciar lo que calificaron como un “fraude electoral”, una “burla a la ciudadanía” y un “escándalo institucional” que, según afirmaron, se naturalizó en la provincia.
El tono del debate, iniciado con un intento del legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse de evitar cualquier discusión, reflejó la incomodidad del oficialismo frente a las acusaciones que iban a develarse en el recinto. Vargas Aignasse, en un gesto que buscaba zanjar la cuestión, propuso que "tratándose de una decisión unilateral del gobernador de la provincia y que excede el marco normativo legal y constitucional, se lo apruebe sin más debate”. Sin embargo, Acevedo rechazó la moción, advirtiendo que "en esta Legislatura a nadie se le cercena el uso de la palabra" pero les pidió a los parlamentarios que hicieran uso de la palabra ser breves "porque el recinto es para debatir leyes con el respeto que lo hemos hecho siempre y cualquier opinión de tribuna les agradecería que la hagan afuera del recinto”. Este intercambio inicial marcó el rumbo de una sesión que, aunque breve, destiló críticas mordaces desde las bancadas opositoras, mientras el oficialismo optó por un silencio elocuente, sin intervenciones significativas para defender la solicitud de Jaldo.
El eje de las críticas opositoras se centró en la naturaleza “testimonial” de la candidatura del tranqueño, un concepto que, según los legisladores refractarios al justicialismo, constituye una maniobra para manipular la voluntad popular y consolidar el poder del oficialismo. Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, fue uno de los más contundentes: “Aunque con marchas y contramarchas, el país se encuentra en un proceso de institucionalización, y sin embargo, el gobernador no solamente está generando incertidumbre, anomia y engaño, sino que además viene aquí a pedir licencia. Esta fanfarronería del señor gobernador nos preocupa sobremanera, no solo porque atenta con la institucionalidad, sino porque abandona la provincia durante 30 días, abandona el mandato popular”. Bussi comparó la candidatura con un engaño comercial: “Es como si yo fuera a comprar zapatos porque están en oferta, los adquiero, y cuando llegó a mi casa abro la caja y resulta que es un pañuelo de cuello. Ese pañuelo puede servir para ahorcarme por el engaño, pero de ninguna manera para calzarme”. Para Bussi, la licencia solicitada convalida una práctica que “lleva puestos los principios legales y de ética republicana”, calificándola como “un fraude y una burla a la ciudadanía”.
Manuel Courel (Cambia Tucumán), por su parte, elevó la crítica al plano constitucional, argumentando que la candidatura de Jaldo roza la ilegalidad: “Estamos frente a una asociación inédita que roza la ilegalidad y cuanto menos resulta ilegítima. La Constitución Nacional, en su artículo 73, es terminante: los gobernadores de provincia no pueden ser miembros del Congreso. Aceptar que el gobernador se postule sabiendo que no podrá asumir es un fraude electoral, una burla a los tucumanos”. Courel denunció que la licencia no mitiga el desbalance electoral que favorece al oficialismo: “No solo se presenta con la visibilidad de su cargo, sino que lo hace sin abandonar las ventajas del aparato electoral. ¿Y qué hay de la publicidad oficial? La cara del gobernador está empapelando la provincia con obras prometidas".
Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) reforzó el argumento, citando antecedentes judiciales: “La Cámara Nacional Electoral, en el fallo Novello de 2009, observó que las candidaturas testimoniales resultan contrarias al principio de representación, pues habría candidatos que no pretenden ser representantes, defraudando al elector. Jaldo violenta los principios constitucionales rectores de la representatividad, utilizando el peso del Estado”. Viña ironizó sobre la campaña ya iniciada por Jaldo: “Ya invadió la provincia con su figura en carteles celestes y blancos, mezclando el agua y el aceite, sacándose la peluca, apagando la motosierra y obligando a todos a hacer ocasionales acróbatas en esta contienda”.
Silvia Elías (Valores para Tucumán), planteó tres hipótesis para explicar la candidatura: “La primera, que Jaldo tiene miedo a la sombra de otros dirigentes; la segunda, que denosta el régimen representativo al postularse para un cargo que no asumirá; y la tercera, que ha entendido al revés la máxima peronista de ‘primero la patria, después el movimiento y por último los hombres’. Aquí es primero Jaldo, después su movimiento y, allá lejos, Tucumán”. Elías cerró con una reflexión contundente: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mientras el gobernador se cree mesías, la gente está sola, con más de la mitad bajo la línea de pobreza”.
Sus correligionarios José Cano y Agustín Romano Norri, coincidieron en la contradicción ética de la candidatura. Cano señaló: “Las candidaturas testimoniales son toleradas por un sector de la sociedad, pero eso se corta con una ley que las prohíba o con un reproche social. Yo renuncié a mi cargo de senador al asumir como diputado porque era lo correcto”. Romano Norri, por su parte, indicó que "convalidar esto, éticamente no corresponde”.
José Macome (Compromiso con la Lealtad), desde la misma bancada, expresó su preocupación por la confusión que genera en la ciudadanía: “Es un engaño. El ciudadano percibirá que pedir licencia está bien, pero eso tapa lo negativo de una candidatura testimonial”.
Ya hacia el final de las alocuciones, volvió a pedir la palabra Gerónimo Vargas Aignasse, aunque la lista de oradores ya había sido cerrada, y apuntó brevemente contra los opositores: "me preocupa que han llevado esto al terreno de la ética porque acá hay legisladores que han sido candidatos testimoniales acá y con doble candidaturas, por lo que es difícil, desde esa posición, predicar la ética".
La nota de Jaldo: Un gesto de “respeto” bajo escrutinio
El 22 de septiembre, Jaldo remitió una nota a la Legislatura, leída en la sesión por el secretario legislativo Claudio Pérez, en la que solicitó la licencia en los términos del artículo 67, inciso 27 de la Constitución provincial “para dar inicio a la campaña electoral como candidato en primer término del frente Tucumán Primero, con reintegro a mis funciones a partir del día 27 de octubre del corriente año. Aunque no es una obligación impuesta por la legislación electoral, he considerado y anunciado mi voluntad de hacer uso de la licencia especial para diferenciar el ejercicio del cargo de gobernador con la actividad electoral. Una campaña electoral exige actos, reuniones y planificación, tareas que resultan difíciles de compatibilizar con la gestión diaria del cargo de gobernador. Durante la vigencia de dicha licencia, hago constar, y quiero que así se conceda, que será sin recibir sueldo ni bonificaciones de ninguna naturaleza vinculados al cargo. Considero, y así espero que sea interpretada esta solicitud, como una decisión de respeto a la ciudadanía y a las instituciones, permitiendo el ejercicio del Poder Ejecutivo a quien constitucionalmente corresponda y garantizando que la gestión continúe con normalidad y sin parálisis ni dilaciones en decisiones de gobierno”.
La nota fue duramente cuestionada por la oposición, que la interpretó como una maniobra para legitimar una candidatura que, en esencia, busca traccionar votos sin intención de asumir el cargo. La Legislatura, constituida en Estado de Comisión para dictaminar el proyecto, dio paso a la votación, que resultó en una clara división: la bancada peronista votó unánimemente a favor, mientras que la oposición registró seis abstenciones (Silvia Elías, Cano, Romano Norri, Viña, Walter Berarducci y Alfredo Toscano) y cuatro votos en contra (Bussi, Courel, Macome y Eduardo Verón Guerra). Así, desde este viernes, los destinos de la provincia serán comandados por Acevedo, mientras que, las riendas de la Legislatura, recaerán en el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla.
La sesión, aunque fugaz, dejó al descubierto las tensiones entre legalidad, ética y representatividad en el sistema político tucumano. Mientras el oficialismo optó por el silencio, dejando que la nota de Jaldo hablara por sí misma, la oposición no escatimó en calificativos para denunciar lo que consideran una maniobra electoralista. La licencia, aprobada sin mayores obstáculos, no solo habilita a Jaldo a dedicarse a la campaña, sino que refuerza el debate sobre las candidaturas testimoniales, un fenómeno que, como señaló Cano, persiste en la política argentina sin un reproche social contundente. En un contexto de pobreza, desigualdad y demandas urgentes, la pregunta que resuena es si Tucumán puede permitirse estas prácticas en nombre de la estrategia electoral, o si, como advirtió Elías, “la gente está sola” mientras los líderes priorizan sus propios intereses.