Toques de andén: Ahora, la concesionaria de la Terminal le reclama otros $ 1.500 millones al Gobierno

La arremetida judicial de la saliente concesionaria de la Terminal de Ómnibus contra la Provincia se complementa con un nuevo pedido indemnizatorio. Esta vez, por casi $ 1.500 millones.

Tal como expuso Tendencia de Noticias, el Gobierno ya notificó a la firma Terminal del Tucumán SA que deberá entregar el predio el 27 de octubre, debido a la finalización del contrato de concesión. La intención de la Casa de Gobierno es licitar el usufructo de la estación y con ese objetivo ya hay un borrador. En esos pliegos, quienes estén interesados en adjudicar el inmueble ubicado en el parque 9 de Julio deberá garantizar una inversión mínima de 10 millones de dólares.

En paralelo a ese proceso administrativo, la concesionaria avanzó judicialmente en contra de la Provincia. En un primer expediente iniciado en 2006 (824/06) obtuvo un fallo favorable en 2017, por un monto superior a los $ 183 millones. Se trata de la suma que surje del cálculo por los “toques de andén” no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados. Según la demanda, el Estado estaba obligado a dictar las normas para el ingreso obligatorio de los ómnibus y a emplear todo su “potencial coercitivo para que ese ingreso sea efectivo en forma integral”. Así, en 2017 los camaristas civiles Augusto Ávila y Carlos Miguel Ibáñez hicieron lugar a la demanda y condenaron a la Provincia a pagarle a la Terminal del Tucumán SA la suma reclamada, que abarca desde 1996 hasta 2010.

El otro proceso

En un segundo juicio abierto en 2022, el expediente 655/22, Terminal del Tucumán SA redobló la apuesta. Esto, luego de que el Gobierno no accediera a un acuerdo para evitar el pago indemnizatorio ya firme a cambio de una extensión de la concesión. Este proceso se encuentra en etapa de pruebas y allí obra una pericia contable realizada por el profesional Juan Pablo Bellagamba, perito de parte aportado por la concesionaria. Esa pericia arroja una diferencia abismal entre la facturación garantizada por los toques de andén que deberían haberse pagado y controlado por el Estado, y la facturación real. Según el documento, entre 2017 y 2024, Terminal del Tucumán SA debería haber recibido por los toques de andén casi $ 5.100 millones, pero recibió $ 2.500 millones. Es decir, el reclamo indemnizatorio es de $ 2.606 millones.

Este informe ya fue rechazado por el abogado de la Fiscalía de Estado, Aldo Cerutti, quien pidió que esa pericia sea impugnada ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Pero la novedad que preocupa a la Casa de Gobierno es la que se suscitó en el primer juicio, ya con sentencia firme y recurso extraordinario federal presentado por la Provincia. Ocurre que al anotar su crédito ante el Registro de Sentencias Condenatorias (Expte. Adm. 573/170-S-2025), Terminal del Tucumán SA no requirió los más de $ 183 millones del fallo, sino una suma de $ 1.462 millones calculada al 31 de marzo de este año.

¿Cuál es el motivo del salto entre los montos? "Se puntualiza que el monto reclamado se fundamenta en los artículos 1,14,17,18, 33 y concordantes. Constitución Nacional, principios de justicia restaurativa y teoría del realismo económico y fallos", planteó el presidente del directorio de la empresa, Ariel Spector. Esas normas y fallos, según el empresario, "han sentado doctrina legal que no existe la cosa juzgada respecto a la tasa de interés, en tanto su exceso o defecto puede ser discutido en el momento de la liquidación y pago; la tasa no debe beneficiar al deudor que dilata el pago y debe cumplir una función moralizadora"; por lo que "corresponde fijar una tasa justa de conformidad a los arts. 1,2,3,10, 279, 768 CC y CN sobre la base de la teoría de la imprevisión y abuso de derecho con la finalidad de preservar la equidad de la prestación al tiempo de su cumplimiento".

La respuesta del Ejecutivo

En junio pasado, la Fiscalía de Estado rechazó esa pretensión. El abogado Cerutti afirmó que los $ 1.462 millones "no se adecuan a las constancias relevantes de las actuaciones judiciales de referencia, ni al debate concretamente entablado". Y aseguró que la Provincia ya tiene estipulado otro monto para abonarle a la saliente concesionaria en 2026.

"El Director del Registro de Sentencias Condenatorias ha informado (circunstancia que fue comunicada en este litigio) que el importe actualizado de condena según los términos de las sentencias dictadas en autos, así como en consideración de la fecha de actualización propuesta, ascendería a la suma de $183.543.162,61 al 31/03/2025. Monto que fue considerado por el Registro de Sentencias Condenatorias para la continuación del trámite de pago del capital actualizado de condena previsto por la ley que será abonado durante el ejercicio presupuestario 2026", justificó Cerutti.

Vale recordar que la ley 8.851, que rige desde marzo de 2016, establece la creación del Registro de Sentencias Condenatorias, de acceso público vía internet y en la cual los acreedores del Estado deben inscribirse para cobrar las deudas. Esta norma se complementa con la adhesión de la Provincia al régimen federal de inembargabilidad de los fondos públicos presupuestados.

Sobre esa base, Fiscalía de Estado rechazó la nueva pretensión de Terminal del Tucumán SA e hizo reserva del caso federal. "En atención a los argumentos esgrimidos en representación del Estado provincial demandado, desestime por improcedente la base regulatoria propuesta por la representación letrada de la parte demandante por no ajustarse a los términos concretos y expresos de la pretensión resarcitoria oportunamente esgrimida, ni a la tasa de justicia, ni a la planilla fiscal pagadas en estas actuaciones, ni -en definitiva- a la determinación de la indemnización reconocida en favor de la parte demandante y a la actualización establecida por el Tribunal según sentencia firme", reclamó el Gobierno.