Según una pericia, la concesionaria de la Terminal podría reclamar al Gobierno $ 2.600 millones

La Provincia afronta dos demandas por daños y perjuicios iniciadas por la empresa concesionaria de la Terminal de ómnibus. En uno de los expedientes, ya hay una sentencia condenatoria en contra del Estado. El otro aún se encuentra en etapa probatoria. Esta disputa judicial se da en medio de la finalización del vínculo entre las partes, previsto para el 27 de octubre.

Tal como dio a conocer ayer Tendencia de Noticias, el Gobierno alista un llamado a licitación para una nueva concesión de la estación. El proceso prevé una inversión mínima de las empresas interesadas en explotar el predio de 10 millones de dólares.

En paralelo a esa procedimiento administrativo, la cuestión a resolver es el pleito judicial entre las partes. En un primer expediente, el 824/06, Terminal del Tucumán SA ya logró un fallo favorable por un monto superior a los $ 150 millones. Incluso, solicitó la registración de su crédito ante el Registro de Sentencias Condenatorias (Expte. Adm. 573/170-S-2025).

Se trata de la suma que surje del cálculo por los “toques de andén” no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados. Según la demanda, el Estado estaba obligado a dictar las normas para el ingreso obligatorio de los ómnibus y a emplear todo su “potencial coercitivo para que ese ingreso sea efectivo en forma integral”. Así, en 2017 los camaristas civiles Augusto Ávila y Carlos Miguel Ibáñez hicieron lugar a la demanda y condenaron a la Provincia a pagarle a la Terminal del Tucumán SA la suma reclamada, que abarca desde 1996 hasta 2010.

A poco de obtener esa sentencia, contra la que la Provincia interpuso un recurso extraordinario federal, la concesionaria ofreció al Gobierno un acuerdo: prescindir de los reclamos a cambio de una extensión de la concesión. "El directorio de la empresa ha decidido realizar esta presentación a los fines de exteriorizar su absoluta voluntad y predisposición a arribar a un acuerdo conciliatorio que resulta inequívocamente beneficioso a la provincia, aliviándola de las obligaciones que la justicia le ha impuesto con respecto a esta empresa", expuso en una nota Terminal del Tucumán SA.

En Casa de Gobierno rechazaron esa posibilidad y, de hecho, ya notificaron a la empresa de que no habrá renovación.

En ese tironeo, la concesionaria avanzó contro planteo judicial similar al anterior, en este caso registrado mediante expediente 655/22. "Por Decreto nº 610-9SO del 03/04/95 el Poder Ejecutivo dispuso que todos los servicios de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción provincial deberán pasar o ser iniciados o concluidos en la Estación Central Terminal de San Miguel de Tucumán en las condiciones técnicas operativas aprobadas para cada servicio", se precisó entre los fundamentos. "Se trata, simplemente, de algo elemental: que las empresas de ómnibus ingresen a la Terminal. Desatenderse de asegurar la obligación de ingreso implicaría tanto como no asegurar a las empresas concesionarias de rutas el ingreso obligatorio de los vehículos y el pago del respectivo peaje. No puede perderse de vista que la Provincia de Tucumán es la dueña de la obra y que al final de la concesión se quedará incluso con su explotación. Abdicar la Provincia su obligación de controlar el tráfico y el orden y el cumplimiento de las leyes, implica tanto como claudicar esencialmente en el cumplimiento de sus fines esenciales", añadió el abogado Adolfo López Vallejo.

La diferencia entre el primer expediente judicial y el segundo es el monto indemnizatorio reclamado. "El cuadro anexo revela que, consecuencia de la ausencia de ejercicio efectivo e integral del poder de policía, las empresas de ómnibus no ingresaron total o parcialmente a la Terminal con lo cual no abonaron los toques de andén que debían abonar, produciendo daños y perjuicios a la Terminal que deben ser cuantificados en autos en la pertinente etapa y conforme los parámetros que surjan de la prueba que permitirán comparar los ingresos debidos ( aprobados oficialmente por la Provincia para cada empresa de ómnibus) con los ingresos reales, que se producían según la voluntad y discrecionalidad arbitraria de las empresas concesionarias del servicio público de autotransporte de pasajeros. De allí surgirá la diferencia en menos entre los toques programados (debidos) y los reales (discrecionales), lo que cuantificado por los valores vigentes en cada etapa, representa el monto en concepto de reparación económica debida y adeudada que se reclama al que cabe adicionar los intereses desde que cada período es debido y hasta la fecha", se planteó.

La Provincia, como en el primer juicio, contestó y rechazó la demanda. Ahora se encuentra en etapa de pruebas y allí obra una pericia contable realizada por el profesional Juan Pablo Bellagamba, perito de parte aportado por la concesionaria. Esa pericia arroja una diferencia abismal entre la facturación garantizada por los toques de andén que deberían haberse pagado y controlado por el Estado, y la facturación real. Según el documento, entre 2017 y 2024, Terminal del Tucumán SA debería haber recibido por los toques de andén casi $ 5.100 millones, pero recibió $ 2.500 millones. Es decir, el reclamo indemnizatorio es de $ 2.606 millones.

El abogado de Fiscalía de Estado, Aldo Cerutti, rechazó esa pericia y solicitó al tribunal la suspensión de los plazos procesales. En paralelo, pidió que ese informe contable sea impugnado. Ahora, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a cargo de María Florencia Casas, debe resolver si valida o no esa pericia, que puede resultar clave para el desenlace del proceso.