Leiva defendió la creación del Cuerpo de Mediadores en la Justicia de Paz y negó perjuicios a los abogados

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, salió al cruce de las críticas formuladas por el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) y defendió la resolución dictada por el alto tribunal que dispone la creación de un Cuerpo de Mediadores en la órbita de la Justicia de Paz.

La medida fue cuestionada por el CAT, que advirtió que se estaría afectando el libre ejercicio de la profesión, dado que los jueces de paz asumirán tareas que venían siendo realizadas por abogados de manera independiente, especialmente en causas que requieren mediación previa obligatoria, como los procesos sucesorios.

Desde el colegio profesional señalaron que numerosos matriculados expresaron su malestar por la disposición, que autoriza a que los trámites de mediación en la Justicia de Paz sean conducidos gratuitamente por funcionarios judiciales capacitados. “No permaneceremos indiferentes frente a actos que pretendan obstaculizar el libre ejercicio de la abogacía”, afirmaron desde el CAT mediante un comunicado.

En diálogo con Tendencia de Noticias, Leiva negó que la Corte haya creado nuevas funciones por fuera de la normativa vigente y remarcó que la medida responde al cumplimiento de una ley provincial. “Primero, pongamos un poco de orden. No tenemos conflictos detectados y, además, desde el Colegio de Abogados no se nos ha comunicado formalmente ninguna objeción”, afirmó el magistrado.

“Tercero, y lo más importante: no es que nosotros hemos creado algo nuevo. Lo que hicimos fue dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Justicia de Paz Letrada desde el año 2017, que establece la creación de este ámbito de mediación, que debe estar a cargo de un funcionario judicial capacitado y ser gratuito. Eso es lo que manda la ley, y eso es lo que hicimos”, remarcó Leiva.

Consultado por el comunicado del CAT, que apuntan a una supuesta obstrucción del ejercicio profesional, el presidente del alto tribunal se mostró cauto. “Yo no voy a entrar en polémica con el Colegio. No hemos recibido ningún planteo formal que indique eso. Lo que hicimos con la acordada fue, simplemente, cumplir con lo que la ley nos ordena”, reiteró.

Leiva también destacó que la medida busca ampliar el acceso a la Justicia en toda la provincia, especialmente en zonas rurales o alejadas de los centros judiciales. “En estos años, hemos avanzado de manera sistémica y ordenada en el fortalecimiento de la Justicia de Paz. Queremos garantizar el acceso a derechos donde antes no lo había: en temas como restricciones de acercamiento, reclamos de alimentos o incluso sucesiones donde todos los herederos están de acuerdo. Antes, muchas personas tenían que desplazarse decenas o cientos de kilómetros para realizar estos trámites”, explicó.

“Pensemos en alguien que vive en los Valles Calchaquíes, por ejemplo, en Amaicha del Valle. Antes tenía que viajar hasta el centro judicial de Monteros. Esa distancia no es solo geográfica: es económica, es cultural. Hoy, gracias a la Justicia de Paz, esa persona puede resolver su situación sin salir de su comunidad. Eso es acceso a la Justicia”, subrayó Leiva.