La Provincia donó $35 millones para avanzar con las obras del Juzgado Federal N°3, que fue creado hace 12 años

Tras 12 años de demoras y reclamos sindicales por la sobrecarga laboral en la Justicia Federal tucumana, el Gobierno provincial dio un paso decisivo al ratificar un convenio de donación con el Poder Judicial de la Nación, destinado a poner en marcha el largamente postergado Juzgado Federal N° 3 en nuestra Capital. El acuerdo, formalizado mediante el Decreto N° 2.581/14 con fecha 3 de septiembre pasado y con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, representa una inversión de hasta $35.000.000 para adecuar las instalaciones y proveer el mobiliario necesario para la nueva sede judicial, marcando una colaboración interinstitucional y respondiendo parcialmente a las demandas de agilizar la administración de justicia en una provincia con crecientes volúmenes de litigiosidad.

El convenio de donación, que se adjunta como anexo único al decreto provincial, fue suscrito el 19 de agosto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán, representado por su titular, Regino Amado y el Poder Judicial de la Nación, representado por la Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Patricia Moltini.

El documento, elevado a la Legislatura, establece que la donación no conlleva contraprestación alguna por parte del Poder Judicial de la Nación y se realiza de manera "voluntaria" por la provincia. El Ministerio de Gobierno asumirá la responsabilidad exclusiva de la ejecución y financiación de las obras y la adquisición de bienes muebles, conforme a sus propias normativas de contratación. La supervisión de estas tareas será conjunta, involucrando tanto a personal del ministerio como de la Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Detalles de la adecuación y el mobiliario

El expediente, que incluye un exhaustivo detalle de las "Especificaciones Técnicas", revela el alcance de la inversión. Las adecuaciones de los locales, ubicados en la calle 9 de Julio N° 142 de San Miguel de Tucumán, comprenden una serie de trabajos meticulosos. Entre los más destacados se encuentran la provisión y montaje de tabiques divisorios, la reparación y aplicación de pintura en muros y cielorrasos, y la adecuación completa de la instalación eléctrica. Adicionalmente, se prevé la instalación de equipos de aire acondicionado y la provisión de un cartel institucional de lona vinílica.

En cuanto al equipamiento, la planilla de cotización específica detalla la adquisición de una amplia gama de mobiliario, diseñado para proveer "muebles y accesorios durables y acordes con el uso específico". Se adquirirá:

• Escritorios gerenciales: 4 unidades de la línea "Berowood- Línea Axis", con extensiones laterales.

• Escritorios operativos: 24 unidades del mismo fabricante.

• Sillones gerenciales: 1 sillón de respaldo alto y 4 de respaldo medio, del modelo "Bastone".

• Sillas operativas y fijas: Se sumarán al inventario 21 sillas operativas con ruedas y 14 sillas fijas para las distintas áreas del juzgado.

Una cláusula destacada del convenio es el compromiso de la Provincia de dar "publicidad a toda información que revista el carácter de pública relativa al objeto de este convenio", lo que subraya la intención de mantener la transparencia en el proceso. En caso de futuras divergencias, las partes se comprometen a agotar todas las vías de resolución amistosa, reservándose el derecho de someter la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Extensa demora

Este acuerdo, que entró en vigencia el "primer día hábil posterior a su suscripción", se consolida como un paso fundamental para la consolidación de la infraestructura judicial en nuestra provincia, garantizando la operatividad del nuevo Juzgado Federal N° 3 y fortaleciendo la colaboración interinstitucional. No obstante, este avance llega en un contexto de prolongadas demoras que generaron un profundo malestar entre los trabajadores de la Justicia Federal tucumana, como advirtieran en su momento desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, delegación Tucumán (SITRAJU), al sostener que existe una sobrecarga laboral en los otros dos juzgados y reclamaron la compra o alquiler de un local que resuelva el tema edilicio que impide su puesta en funcionamiento. "Esto no puede seguir así. El tercer juzgado federal fue aprobado hace 12 años y todavía no se puede poner en funcionamiento", señaló el gremio.

Desde el SITRAJU habían manifestado en un comunicado que estas dilaciones “no hacen otra cosa que afectar a la sociedad tucumana toda, por no contar con las oficinas judiciales en cantidad adecuada para responder a sus necesidades”. Desde la entidad recordaron que en septiembre de 2013 se sancionó en el Congreso de la Nación la ley por la cual se dispuso la creación del tercer Juzgado Federal con asiento en nuestra provincia, con el fin de atender el elevado número de causas que se tramitaban y se acumulaban en los dos Juzgados ya existentes. “Hoy, con un total de 90.041 causas en trámite, nos encontramos con un nivel de litigiosidad que amerita la creación de un cuarto juzgado, pero aún no se logró poner en marcha el tercero”, advirtieron desde SITRAJU.

Además, señalaron que “esta demora repercute directamente en la vida de todos los tucumanos”, en razón de que “las causas de narcocriminalidad, de trata de personas, de materia previsional, civil y laboral de competencia federal, podrían ser resueltas con mayor agilidad si es que se contara con este nuevo Juzgado ya en funcionamiento”. Desde el gremio afirmaron que, en la actualidad, se produce “una sobrecarga de múltiples causas que recaen en la cabeza de un solo magistrado por Juzgado, dado el carácter de multimateria que caracteriza a los Juzgados federales”. También resaltaron que con la apertura del tercer Juzgado Federal de Tucumán “se crearían otros 58 puestos de trabajo”.

Con esta donación provincial, que aborda directamente las adecuaciones en un nuevo sitio en 9 de Julio 142 –distinto al saturado edificio de Las Piedras–, se vislumbra una resolución al menos parcial de las demandas sindicales, aunque persisten las llamadas a una acción más expedita del Consejo de la Magistratura de la Nación para completar la operatividad plena del juzgado y aliviar la litigiosidad acumulada en causas federales clave para la región.