La Legislatura tucumana insiste en mantener su actividad parlamentaria pese a la parálisis en la reforma electoral

En un panorama de creciente efervescencia electoral a menos de 50 días de los comicios nacionales de octubre, los legisladores tucumanos, particularmente aquellos alineados con el oficialismo peronista, intentan reafirmar su compromiso con una agenda parlamentaria dinámica y sostenida, más allá de las vicisitudes del proceso comicial. Sin embargo, en el corazón de esta dinámica, persiste la sombra de una promesa incumplida: la reforma electoral, ampliamente anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo –titular de la Legislatura–, que hasta el momento no logra despuntar en el temario del recinto, atascada en disidencias internas y cuestionamientos al statu quo que favoreció históricamente al Partido Justicialista (PJ).

La señal más reciente de esta situación se materializó en la reunión de trabajo entre Acevedo y el presidente subrogante del parlamento local, Sergio Mansilla, celebrada en el espejado edificio de Muñecas al 300. El encuentro, propiciado apenas días después de que el propio Mansilla formulara críticas manifestaciones a los intentos de modificar el sistema electoral provincial, tuvo como eje central la articulación de la agenda parlamentaria y una reflexión sobre el pulso político nacional. "Hay mucha probabilidad de que el 18 de septiembre tengamos una sesión de Cámara", anunció Mansilla al término del encuentro, subrayando la determinación de mantener el Parlamento en marcha, incluso en vísperas electorales.

En el núcleo de la conversación, se delineó un temario que prioriza iniciativas consensuadas y de impacto inmediato, prescindiendo por ahora de las controversias electorales. Entre los puntos destacados, figura el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) remitido por el Poder Ejecutivo provincial, que reforma la Ley de Ministerios al rebautizar el Ministerio de Obras y Servicios Públicos como Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, con la reasignación de competencias y funciones para optimizar la gestión estatal. Mansilla precisó que esta norma será acompañada por otras leyes negociadas con diversos bloques legislativos, las cuales podrían someterse a debate en la misma jornada, evidenciando un esfuerzo por proyectar una Legislatura proactiva, enfocada en la "gestión y soluciones" que, según el legislador, son las expectativas primordiales de la ciudadanía.

No obstante, el telón de fondo de esta actividad no puede desligarse de las declaraciones previas del dirigente oriundo de Aguilares, quien, con vehemencia, defendió el sistema electoral vigente en Tucumán –caracterizado por múltiples boletas e infinidad de acoples– como un mecanismo histórico que redituó en beneficios al PJ, obviando la necesidad de cualquier transformación. En un discurso reciente, Mansilla rechazó categóricamente los cambios propuestos, tales como la eliminación del régimen de acoples en favor de un modelo mixto similar a la Boleta Única Electrónica implementada en Salta, o incluso la introducción de la Boleta Única de Papel (BUP) que debutará por primera vez en los próximos comicios nacionales. "Es el primer paso para empezar a avanzar sobre el partido mayoritario que viene gobernando en la Argentina", denunció, argumentando que tales reformas "entorpecen" y complican la elección, particularmente para el PJ. En un tono más incisivo, alertó: "Ya quieren una ley electoral nueva. Quieren boleta electrónica. Quieren matarnos a nosotros", enfatizando que, bajo un sistema electrónico, los partidos impondrían candidatos únicos seleccionados por élites internas –"tres o cuatro personas"–, excluyendo a intendentes, delegados y figuras locales que, precisamente gracias al acople, accedieron al poder.

Mansilla ilustró su posición con ejemplos concretos del interior tucumano, donde el acople fue el instrumental para equilibrar la balanza electoral: "Los delegados comunales actuales representan el 25% o 30% de los votos de la comuna, y del otro 70%, dividiéndolo entre espacios, ustedes son el 50%. Los que no llegaron", explicó, recordando que este mecanismo fortaleció la fórmula de gobierno en 2023, compensando las dificultades en centros urbanos como la capital, donde "nos cuesta un horror". En síntesis, para el presidente subrogante, alterar esta estructura no solo privaría de oportunidades a aspirantes independientes, sino que podría haber impedido la elección del actual gobernador y vicegobernador, consolidando un PJ minoritario en un escenario de mayor centralización partidaria.

Esta postura de Mansilla, que resuena con el escepticismo de sectores oficialistas ante la reforma prometida por Jaldo y Acevedo, adquiere mayor relieve al contextualizarse en el reciente escenario electoral bonaerense. En los comicios del domingo en la provincia de Buenos Aires –donde se concentra casi el 42% del padrón nacional–, el peronismo y el kirchnerismo arrasaron con resultados demoledores frente al mileísmo, que vio mermado su caudal en casi un 50% respecto al balotaje de 2023. "El pueblo bonaerense se expidió democráticamente en una jornada sin inconvenientes y quedó en evidencia que el modelo que hoy gobierna el país no logra el acompañamiento esperado", reflexionó Mansilla, apostando por un "Estado presente" en educación, salud, seguridad y obras públicas como antídoto al neoliberalismo nacional. "La gente ya viene marcando este camino en distintas provincias. En octubre esperamos que el resultado también nos acompañe en Tucumán", añadió, instando a "seguir trabajando con la misma responsabilidad, sin ofender".

Así, mientras la Legislatura tucumana insiste en su vitalidad operativa –con sesiones inminentes y leyes en gestación–, la reforma electoral permanece en un limbo expectante, atrapada entre promesas oficiales y resistencias internas que privilegian la preservación de un sistema probado. En este delicado equilibrio, el oficialismo tucumano navega hacia octubre con la mira puesta en replicar el triunfo bonaerense, priorizando la gestión cotidiana sobre las mutaciones institucionales que podrían alterar el tablero político provincial.