El presidente del Tribunal de Cuentas pidió imputar a Chahla por presunto incumplimiento de los deberes

El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC), Miguel Chaibén Terraf, con el patrocinio de los abogados Florencia Abdala y Camilo Atim, elevó un planteo ante la Unidad Fiscal Regional contra la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el fiscal municipal Conrado Mosqueira, a quienes pidió que se impute por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 249 del Código Penal.

La presentación, que quedó registrada bajo el legajo S-105906/2024 y a la cual Tendencia de Noticias tuvo acceso, solicita que se “formalice la investigación y se formulen cargos” contra ambos funcionarios municipales, a quienes Terraf responsabiliza por “facilitar y consentir” la colocación de afiches anónimos y difamatorios en la vía pública, con expresiones en contra de su persona, su familia y el TC.

En octubre de 2024 la ciudad capital apareció empapelada con afiches en los que aparecían los rostros de Terraf y de los vocales del TC Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. En los carteles, de manera anónima, se señalaba a Terraf como “el gran culpable”, con una serie de acusaciones sobre supuestas irregularidades y actuaciones incompatibles con la función.

También le endilgaban al funcionario el haber firmado “un certificado de buena conducta para avalar toda la corrupción alperovichista durante 12 años”. Según pudo averiguar en ese entonces TDN, la pegatina había sido promovida por la Asociación Bancaria, gremio cuya conducción en la provincia, a cargo del diputado Carlos Cisneros, mantiene una vieja enemistad con el titular del organismo de control.

Demanda penal

Por considerar que las autoridades municipales, con Chahla a la cabeza, permitieron que los afiches permanezcan en la vía pública, Terraf decidió ir a la Justicia a fines de 2024. Con esta nueva presentación, realizada este lunes 3 de noviembre, el presidente del TC pidió que la investigación avance en los tribunales provinciales con la imputación de cargos por el presunto delito de incumplimiento de funcionario público contra Chahla y Mosqueira.

Según el escrito, la intendenta y el fiscal municipal “tenían pleno conocimiento de la existencia y ubicación de los carteles”, así como de su obligación legal de retirarlos. Sin embargo, —según sostiene la denuncia— “omitieron deliberadamente cumplir con sus deberes”, lo que, a juicio del denunciante, constituye una omisión dolosa de sus funciones.

Terraf cita en su presentación diversas ordenanzas municipales —entre ellas la N° 2114, 4728 y 3614/05— que regulan la instalación de cartelería en la vía pública, y argumenta que la normativa prohíbe expresamente la colocación de elementos sin autorización o que afecten la moral, las buenas costumbres o el paisaje urbano. En ese sentido, sostiene que los afiches en cuestión “solo pudieron permanecer en la vía pública debido al accionar delictivo” de los funcionarios municipales.

El titular del Tribunal de Cuentas acompañó su denuncia con actas notariales que documentan la presencia de los carteles en distintos puntos de la ciudad, pese a las intimaciones formales que —según afirma— había cursado previamente a la Municipalidad. En su presentación, menciona notas enviadas a la intendenta el 31 de octubre y el 7 de noviembre de 2024, así como una carta documento del 14 de noviembre, en las que solicitaba el retiro inmediato de la cartelería.

El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, respondió el 19 de noviembre informando que se “procedería en consecuencia, dando intervención a los estamentos competentes”, pero, de acuerdo con Terraf, la Municipalidad “nunca cumplió con lo solicitado” y los afiches continuaron colocados durante las semanas siguientes.

El denunciante aportó actas de constatación labradas por el escribano Horacio Álvaro Zerdán los días 22 y 26 de noviembre, y el 16 de diciembre de 2024, que dan cuenta de la permanencia de los carteles en lugares como avenida Sarmiento y Maipú, avenida Mate de Luna y Frías Silva, y calle Mendoza al 3600, entre otros puntos.

“La conducta de los querellados dista absolutamente del cumplimiento de la normativa constitucional y municipal vigente”, expresaTerraf en su escrito, al tiempo que sostiene que la omisión “atentó contra su buen nombre, el del Tribunal de Cuentas y, en última instancia, contra la democracia misma”.

Finalmente, el funcionario solicitó a la Fiscalía que formalice la investigación penal y que formule cargos contra la intendenta Rossana Chahla y el fiscal municipal Conrado Mosqueira, en el marco de la causa.

¿Volvieron a la carga?

Tendencia de Noticias consultó al área de Comunicación del municipio para conocer si estaban al tanto de la denuncia. Desde allí señalaron que desconocían la presentación y que consultarían si los implicados ya habían sido notificados. Según pudo saber este medio, aún no se habían recibido notificaciones oficiales.

Otras fuentes vincularon la denuncia con los ataques que desde el domingo 26 de octubre viene soportando la intendenta Rossana Chahla, y la suman a la lista de “operaciones” de las que viene sido blanco en las últimas semanas.

Un dirigente político con trayectoria relacionó el hecho con el fin de la “paz” político-social que se había pactado entre el gobernador Osvaldo Jaldo y los miembros del Tribunal de Cuentas durante el proceso electoral. “Con las elecciones terminadas, vuelve la cancha libre para la batalla entre el Tribunal y el diputado Carlos Cisneros”, deslizó.

En tanto, una fuente empresaria del rubro de la publicidad en la vía pública no descartó que este episodio responda a un movimiento de fichas entre Transoa y EDET, compañías que también fueron objeto de denuncias y reclamos impulsados por el propio Cisneros en los últimos años.