Concejales ya preparan el terreno para un aumento del boleto: “El precio es uno de los más bajos del país”

Luego de que la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, admitiera este martes en rueda de prensa que estaría de acuerdo con una actualización en la tarifa del transporte urbano como paliativo ante la crisis del sector, en el Concejo Deliberante ya comenzaron a preparar el terreno para debatir un nuevo incremento del boleto.

La última vez que los ediles discutieron el tema fue en septiembre de 2024, cuando se aprobó una suba del 37,6%, que llevó el valor del pasaje de $690 a $950.

Ahora, con un escenario económico cambiante y una disminución del 30% en la cantidad de pasajeros, la posibilidad de una nueva actualización vuelve a ganar fuerza.

El presidente de la Comisión de Transporte, el peronista José María Franco, reconoció que la situación del sector “no es exclusiva de San Miguel de Tucumán”, sino que forma parte de “un conflicto latente en todo el país”.

“En diferentes jurisdicciones se vienen registrando problemas de este tipo en distintos momentos, y las empresas están muy afectadas por el contexto económico y la caída de la demanda”, explicó.

El edil señaló que, pese a que los índices oficiales muestran una desaceleración de la inflación, “en el caso del transporte los costos siguen creciendo muy por encima del promedio”, lo que genera dificultades para mantener el servicio. “El precio del transporte público en colectivo en San Miguel de Tucumán es uno de los más bajos del país”, subrayó Franco. “Sin embargo, la relación entre costo y calidad no pasa tanto por el valor del boleto, sino por la cantidad de gente que dejó de utilizar el servicio debido al crecimiento de las aplicaciones digitales (como Uber o DiDi)”, añadió.

Franco observó que la expansión de esas plataformas también impacta en los taxis y en los sistemas tradicionales de movilidad. “Hoy tenemos conductores que vienen desde Lules, Banda del Río Salí o Tafí Viejo a trabajar en estas aplicaciones, porque el mayor movimiento se concentra en la capital. Eso perjudica tanto al transporte público como a los taxis que están legalmente habilitados”, remarcó.

El concejal consideró que la problemática debe analizarse con una mirada integral. “El Gran Tucumán funciona en la práctica como una sola ciudad, aunque se administre como jurisdicciones separadas. Eso genera diferencias políticas y administrativas que no reflejan cómo la gente vive realmente la ciudad”, opinó. En ese sentido, sostuvo que sería necesario “empezar a pensar el transporte desde una visión metropolitana” para lograr soluciones de fondo.

Consultado sobre un eventual trasfondo político en el reclamo de los empresarios, Franco lo descartó de plano. “No creo que haya un componente político. Es un reclamo económico, de un sector que ve que el sistema de transporte, tal como está planteado, ya no va más y necesita un replanteo estructural”, señaló.

Sobre la propuesta de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que plantea un cambio en el esquema de administración del sistema, Franco se mostró abierto al debate. “El planteo no me parece mal. Si el municipio asumiera la administración directa del transporte, con alquiler de vehículos y choferes a los que se les pague por kilómetro recorrido, no sería una mala idea. Le daría al municipio mayor control y orden en la gestión”, expresó.

El edil también adelantó que la Comisión de Transporte trabaja en un proyecto para regular el funcionamiento de las aplicaciones de viaje, una discusión que lleva meses en el Concejo. “Estamos terminando de ajustar los últimos detalles del borrador, y esperamos poder discutirlo en el recinto antes de fin de año”, dijo.

“Será una norma que contemple a todos los sectores: choferes de aplicaciones, taxistas y el Ejecutivo municipal. Buscamos una regulación moderna que brinde seguridad a los usuarios y permita identificar a los vehículos y a las personas habilitadas para trabajar”, explicó Franco.

De aprobarse, San Miguel de Tucumán se convertiría —según adelantó el edil— en “el primer distrito del país en contar con una legislación integral para las plataformas de transporte”.