Empresarios del transporte alertan sobre un quiebre financiero que les imposibilitará pagar los sueldos de diciembre

En medio de una profundización de la crisis que afecta al transporte público de pasajeros en el interior del país, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó una urgente convocatoria a audiencia con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, para negociar condiciones excepcionales que permitan cumplir con los pagos salariales de diciembre, ante la imposibilidad material de afrontarlos bajo las normas vigentes.

En la nota dirigida a la directora Mara Mentoro, firmada por el presidente Gustavo Larrea y el secretario Gerardo Ingaramo, FATAP describe un panorama de colapso estructural: “El Servicio Público de Transporte de Pasajeros del Interior del País se encuentra en una grave situación al haberse roto, desde hace largo tiempo, su ecuación económica y financiera, como consecuencia de la eliminación de los subsidios nacionales y de los aportes insuficientes al sector desde los estados provinciales y poderes concedentes, que permitirían equilibrar las tarifas y sostener las prestaciones, lo que ha obligado a las empresas a una constante restricción de los servicios y, provocó un evidente deterioro del capital invertido, siendo imposible su renovación por no contar con ingresos adecuados e incentivos financieros al sector”.

A esto se suma el impacto de la recesión económica, que ha generado una fuerte caída en la cantidad de pasajeros: “Las condiciones de recesión económica actuales y el deterioro del sistema provocaron una fuerte caída de pasajeros transportados en el interior, al que se suma la ausencia de políticas públicas destinadas al control de las aplicaciones u otros medios alternativos de viaje, que permitieron la proliferación de medios totalmente desregulados, inseguros, de bajo costo, que permite aplicar tarifas que compiten de manera directa con un servicio público esencial de alto costo”.

La entidad empresaria también denuncia la falta de reconocimiento de los costos reales en la mayoría de las jurisdicciones: “La falta de reconocimiento de los costos reales de la actividad en el interior, dado que en la mayoría de las jurisdicciones no se reconoce el costo kilómetro, fijándose tarifas distorsivas, políticas y sin sustento técnico específico, haciendo imposible atender los compromisos con proveedores que actualizan sus precios de manera habitual, e impiden la normal continuidad de los servicios y el cumplimiento de los compromisos salariales”.

Esta crisis, según FATAP, "no tiene retorno, dando cuenta de

ello el constante cierre de empresas, la eliminación de servicios, pérdida de fuente de trabajo y constante paralización de las prestaciones, en particular en jurisdicciones como Tucumán, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Catamarca y otras, donde la inacción gubernamental favorece a los medios alternativos y motovehículos, incrementando el caos vial y la siniestralidad".

Problema Capital

En este contexto, cabe destacar el reciente conflicto en San Miguel de Tucumán, donde durante la primera semana de noviembre se alcanzó un acuerdo mediado por el Concejo Deliberante para levantar una paralización de dos días. La Municipalidad se comprometió a aportar 1.000 millones de pesos mensuales al sector –la mitad de los 2.000 millones solicitados por los empresarios–, junto con un aumento del boleto urbano de 950 a 1.250 pesos en las próximas semanas y mejoras en el subsidio al Boleto Estudiantil (que cubría solo el 53% del valor real). A cambio, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) revocó la suspensión de 154 empleados, garantizó el pago de días no trabajados y restableció las frecuencias.

Además, vale señalar que los concejales capitalinos aplazaron por al menos siete días la emisión de un dictamen sobre el control de servicios digitales de movilidad, con el objetivo de extender el alcance legal a las motocicletas dedicadas al traslado de personas, más allá de los vehículos privados y los taxis.

El aspecto más disputado, que fijaba límites inferiores y superiores en los precios para autos independientes, se eliminó del texto preliminar. Por el contrario, se logró unidad en aplicar cargas fiscales a las firmas de aplicaciones móviles, respondiendo a demandas de equidad frente a la rivalidad injusta planteada por los taxistas. La propuesta implica un gravamen local —posiblemente el TEM— dirigido a las empresas (Uber, DiDi, Cabify), excluyendo a los conductores para evitar sobrecargas, mientras los taxistas mantienen su tasa habitual.

FATAP concluye su presentación enfatizando la necesidad de una mesa de diálogo: “Cumplimos en poner en vuestro conocimiento la situación del sector en el interior del país, con el único objeto de generar una mesa de discusión con la entidad gremial, para establecer las condiciones excepcionales a través de las cuales sea posible cumplir con los compromisos salariales durante el mes de diciembre (salarios devengados en noviembre y 2ª cuota del S.A.C.), dado que resulta hoy materialmente imposible hacerlo en el marco de las normas legales y convencionales vigentes”.