Proponen crear una base policial para combatir delitos rurales en Tucumán ante la ola de robos

En respuesta a los constantes reclamos de productores agropecuarios por la creciente ola de delitos en zonas rurales, el ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, acompañado por el asesor Manuel Martínez Zuccardi, recorrió un predio de la Dirección de Irrigación en el Departamento Cruz Alta para evaluar la viabilidad de instalar una base de operaciones de la Dirección de Delitos Rurales. La iniciativa, impulsada por el Foro de Seguridad Rural Argentina (FOSERA), busca fortalecer la presencia policial en el interior de la provincia y brindar mayor seguridad a los pobladores y productores de la región.

El predio, ubicado estratégicamente entre las rutas 303 y 327, sería clave para cubrir distintos pueblos cercanos, según explicó Agüero Gamboa: “Tras dialogar con FOSERA, quienes propusieron esta idea, recorrimos las instalaciones para determinar si es posible concretar el proyecto. Nuestro objetivo es trabajar en equipo con instituciones públicas y privadas para garantizar la seguridad de todos los tucumanos”. La creación de esta base responde a la necesidad de abordar un problema que, según la Asociación de Productores Agrícolas del Norte (APRONOR), se agravó en los últimos siete u ocho años sin soluciones contundentes.

La entidad ya venía expresando desde hace tiempo su “creciente preocupación” por la ola de inseguridad que azota las zonas rurales, destacando el “robo a galpones” como el principal modus operandi de las bandas delictivas. Según APRONOR, estos robos, que afectan a casi todos los productores, se centran en productos fitosanitarios, repuestos y herramientas esenciales, generando pérdidas económicas significativas y una sensación de impotencia generalizada. “Los delincuentes vulneran alarmas, cámaras de seguridad e incluso dopan a los perros guardianes, utilizando tácticas cada vez más sofisticadas”, detallaron.

REUNIÓN. Representantes del FOSERA y productores afectados junto a las autoridades de la división Delitos Rurales.

A pesar de las denuncias presentadas y las reuniones con autoridades, los productores denuncian una falta de avances en las investigaciones. “Ninguno de los robos ha sido esclarecido, y las causas judiciales suelen archivarse rápidamente por ‘economía procesal’”, criticó APRONOR. Además, señalaron que la justicia a menudo no otorga permisos para allanamientos, y las bandas, que ahora operan incluso en provincias vecinas como Santiago del Estero, actúan con impunidad debido a la falta de coordinación jurisdiccional.

Desde la Dirección de Delitos Rurales, las autoridades informaron que se están realizando allanamientos, como los llevados a cabo por la comisaría de El Chañar en el caso de la firma Montecristo, con la esperanza de obtener resultados. Sin embargo, los productores insisten en que la identificación de responsables, su juzgamiento y la recuperación de lo robado siguen siendo insuficientes.“Realizamos nuestra actividad con enorme vocación, pero se hace cada vez más difícil trabajar en el ámbito rural. Exhortamos a las autoridades a intervenir con medidas concretas para frenar esta ola de delitos que, ante la falta de penalidad, continúa creciendo”, concluyó APRONOR.